"(...) Han pasado casi diez días desde que alguien allanó la casa del nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón,
justamente mientras tomaba posesión del cargo, y no es posible dejar
pasar lo ocurrido, porque lo relatado hasta este momento coincide
bastante con el cálculo de coincidencias de Nabokov: la empleada del
hogar olvidó echar la llave al abandonar el piso, momento en el que uno o
varios ladrones, que pasaban por allí, aprovecharon la ocasión para,
mediante el facilísimo método del resbalón, entrar en la vivienda,
revolverlo todo y llevarse una colección de relojes y unos cientos de
euros.
Los hechos se produjeron en mitad de un gran escándalo que sacudió la carrera fiscal y que llevó a la dimisión del anterior Fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pese a contar con el apoyo del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza,
y del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá. Moix solo estuvo 87
días en el cargo, pero en ese tiempo consiguió convulsionar a sus
compañeros hasta extremos desconocidos.
Forzado por la presión de
prácticamente todas las asociaciones de fiscales del país, Maza terminó
nombrando para sustituirle a quien antes había rechazado, Alejandro
Luzón, un profesional con gran experiencia y prestigio. La noticia de
que su casa había sido allanada justamente cuando estaba tomando
posesión produjo estupor e inquietud entre muchos de sus colegas, que
interpretaron el suceso como una posible advertencia.
Para colmo, el
allanamiento de la casa de Luzón no puede considerarse un hecho aislado
porque existe constancia, como mínimo, de dos allanamientos anteriores
en el domicilio de otro fiscal anticorrupción, en este caso de Murcia,
una comunidad autónoma en la que el propio Fiscal Superior denunció acosos y amenazas y en la que el anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, ha sido finalmente procesado por fraude y prevaricación.
Se trata de hechos muy graves que alientan la sospecha y que exigen
una investigación prioritaria… y que tenga éxito. No es posible que los
fiscales anticorrupción de este país ofrezcan ante la opinión pública
una imagen tan expuesta y vulnerable, precisamente cuando acaban de
llegar ante los tribunales importantísimas tramas de corrupción
económica y política, como la Gurtel o la Púnica.
Es impropio de un Estado de Derecho que los domicilios de algunos
fiscales anticorrupción sean objeto de asaltos y que ellos mismos
reconozcan ser objeto de acoso, sin que se localice a los asaltantes, se
identifique y castigue a los acosadores y se restablezca su imagen de
autonomía e independencia. Cuanto más se tarde en aclarar qué sucedió en
la vivienda del Fiscal Jefe Anticorrupción más se acentuará la
debilidad institucional, el principal problema de la democracia
española.
El ministro del ramo, Rafael Catalá, no ayuda, en absoluto, a mejorar la imagen institucional de la Justicia. Por el contrario, ha sido reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados,
que no confía en su gestión y que considera que incumple con sus
obligaciones. Además, el ministro se caracteriza por pronunciarse a
menudo sobre temas que exigirían precisamente su total neutralidad, por
ejemplo, los relacionados con el ministerio fiscal.
El pasado jueves,
Catalá se mostró encantado con el ascenso de Guillermo García-Panasco,
que ocupará un cargo en la Fiscalía General del Estado, pese a que el
Tribunal Supremo anuló esta misma semana su investigación sobre la jueza
Victoria Rossell, próxima a Podemos, y le reprendió duramente por
vulnerar sus derechos de defensa. Para el ministro, “eso es una
anécdota”. ¿Cómo no va a estar dañada la imagen de independencia del
ministerio fiscal?" (Soledad Gallego-Díaz
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