"El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:
“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado.
Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.
A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados.
No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.
Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.
Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.
Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias.
Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios.
Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.
Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.
Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).
La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular.
Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?
No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya.
No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.
Jueces que dan la razón a los jóvenes del 15M que decían “Lo llaman democracia y no lo es”. (Juan Torres López, Ganas de escribir, 21/06/17)
"Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones.
Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.
Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE.
Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.
La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción
Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.
En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’.
Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.
Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades.
¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".
El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.
La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla
A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce.
A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.
La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma.
Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.
“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado.
Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.
A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados.
No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.
Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.
Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.
Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias.
Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios.
Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.
Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.
Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).
La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular.
Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?
No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya.
No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.
Jueces que dan la razón a los jóvenes del 15M que decían “Lo llaman democracia y no lo es”. (Juan Torres López, Ganas de escribir, 21/06/17)
"Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones.
Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.
Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE.
Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.
La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción
Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.
En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’.
Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.
Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades.
¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".
El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.
La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla
A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce.
A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.
La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma.
Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.
La "juez de porcelana" es odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón
El Confidencial publicó en marzo de 2013 cómo el calendario electoral de Alaya con imputaciones, detenciones y entradas en prisión beneficiaba el calendario electoral del PP-A. Alaya lo negó y dijo que ella no interfería en las elecciones.
En esa época el presidente de los 'populares' andaluces tras la retirada de Javier Arenas era Juan Antonio Zoido, que compagina la dirección del partido en Andalucía con la Alcaldía de Sevilla. Zoido fue acusado de haber mantenido una relación fluida con Alaya. El actual ministro del Interior también lo desmintió.
Los cincos meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad tampoco ayudaron a agilizar los procesos que había abierto. Una instrucción llena de claroscuros la de esta magistrada poco amiga de trabajar en equipo; la juez de porcelana odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón, le abrieron hasta un club de fans (51.000 personas en el grupo de Facebook en homenaje a ella). Y ahora ve cómo su legado se desmorona." (Agustín Rivera. Málaga
, El Confidencial, 22/06/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario