"Llamadas de teléfonos, correos
electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar
sobornos y más de un año de gestiones en la sombra.
El último informe
entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al
titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco,
dentro del caso Púnica
detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió
para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de
60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro.
El documento
policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y
connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios
públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red
utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de
modo irregular con concursos.
1. Acceso privilegiado a datos.
En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de
eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial
española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la
trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido
a amañar este concurso.
Pedro García, directivo de la compañía y
señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las
irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el
constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados
y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba
al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que
iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir
la adjudicación.
Entre esa información, el informe de la UCO destaca
que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio
para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes
edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber
cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la
oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público.
2. Manipulación de la consultoría previa.
La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa
información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho
Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica,
para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria
previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional.
La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo
de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este
trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha
dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso,
Ruta Energética, del constructor David Marjaliza.
Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente
emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos
inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión
por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes
destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.
3. Pliegos a medida. En
noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso,
el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los
pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro
para convocar el concurso.
Era el inicio de una cadena de mensajes que,
según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha
documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional
junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio,
que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de
García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones
concretas de los pliegos.
Las investigaciones han revelado al menos dos
"reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores
de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la
elaboración de dicha documentación técnica.
4. Minusvalorar la oferta económica.
Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia
casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente
publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el
popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido
Cofely.
En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el
hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para
más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente
prohibido".
Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos
una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora
de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa
importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque
la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra
que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en
municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y
Almendralejo, entre otros.
5. Evitar a los interventores municipales.
El análisis policial de la documentación también ha revelado que los
pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente
utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el
supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales.
Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera
intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas
cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios
de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP).
De este
modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de
los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias
objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que
figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir
para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de
evitar la competencia, en opinión de los investigadores.
6. Desviar dinero municipal para sobornos.
La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que
permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la
licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para
fiscalizar el cumplimiento del contrato.
Según la investigación, "Cofely
se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza
que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los
propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para
generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a
otros pagos".
¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los
funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar
al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el
proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se
iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía
una duración de 15 años.
Finalmente, en agosto de 2013, el
Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese
año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely,
la única empresa que se presentó al mismo.
Era el punto final de todo
un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia
Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude,
tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de
secretos y malversación.
Una larga lista de la que hace responsable a
doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el
entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y
a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de
60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente
amañado por la Púnica." (El País, 16/03/17)
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