"(...) Una de las personas que más se ha dedicado a denunciar cómo las
empresas transnacionales, los tratados comerciales —llamados
habitualmente de “libre comercio”, aunque no tengan nada de libre
intercambio entre partes iguales—, los acuerdos de inversión, los
mecanismos de arbitraje inversor-Estado y los paraísos fiscales impiden
avanzar hacia un sistema internacional más democrático y equitativo es
Alfred Maurice de Zayas.
Abogado, escritor, historiador y experto en el
campo de los derechos humanos, Zayas es profesor visitante en varias
universidades y actualmente compagina la enseñanza de Derecho
Internacional con su posición en el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas como experto independiente para la promoción de un orden
internacional democrático y equitativo.
Tuvimos la ocasión de coincidir con Zayas en Ginebra en octubre y, de
nuevo, en diciembre en Madrid, con motivo de su participación en un
acto en el Congreso de los Diputados para analizar las posibilidades de
avanzar hacia la democracia económica a nivel internacional.
Y nada más
sentarnos a conversar sobre la incidencia de sus estudios y de sus
intervenciones en múltiples foros y encuentros de Naciones Unidas, así
como en diversos parlamentos nacionales y regionales, nos dice: “Mis
informes han sido recibidos con respeto por el Consejo de Derechos
Humanos y por la Asamblea General de la ONU, pero nada cambia. Facts without consequences”.
¿Eso responde al debilitamiento de las Naciones Unidas en los últimos tiempos?
El momento más crítico fue en 1999, con la política de Bill Clinton
en Yugoslavia. Y después en 2003, con la intervención de George W. Bush
en Irak. En esos momentos se dejó de lado a Naciones Unidas, se relegó a
una organización que no tenía nada que decir.
Estados Unidos inicia una
acción militar contra la integridad territorial de un país soberano,
sin la aprobación de la ONU para el uso de la fuerza, y el mundo tolera
que eso pase. En esos dos años se declaró, básicamente, Naciones Unidas
como una organización irrelevante.
Los Estados siguen creando problemas porque no se ajustan a sus
obligaciones internacionales. Y esto es, desde luego, debido a la
impunidad inherente al sistema. No se ha previsto cómo obligar a los
“grandes” a cumplir. En mi primer informe a la Asamblea General abordé
el problema de la necesidad de la reforma de las Naciones Unidas y todo
el mundo estaba de acuerdo.
Yo apoyo la propuesta que hizo Kofi Annan de
aumentar el número de Estados en el Consejo de Seguridad, de 15 a 25.
También tenía toda una serie de propuestas sobre el derecho de veto —en
el artículo 27, párrafo 3, de la Carta de Naciones Unidas se dice que
las decisiones sustantivas tienen que ser adoptadas por unanimidad de
los cinco Estados con presencia permanente en el Consejo de Seguridad de
la ONU—, especialmente para el control de este mecanismo, de forma que
un único veto no debería ser suficiente para bloquear una decisión.
Porque cuando un Estado usa el veto debería tener el deber de explicarlo
ante la Asamblea General para imponerle una cierta obligación moral.
También puede, poco a poco, definirse cuáles son las precisiones
sustantivas que pueden ser sujetas al veto.
¿Qué otros factores impiden una adecuada labor de Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos?
Nosotros, lamentablemente, seguimos el paradigma neoliberal y eso fue
un grandísimo error. La Declaración Internacional de los Derechos
Humanos de 1948 es holística, es un documento integrado pero,
lamentablemente, en el año 1950, cuando se redactó el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ciertos poderes
económicos forzaron la separación artificial entre los derechos civiles y
políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.
Los
primeros, considerados derechos de primera generación, se establecían
como importantes; los económicos, sociales y culturales, llamados de
segunda generación, se consideraron menos prioritarios. Eso ya perjudica
la interrelación, interdependencia y universalidad de los derechos
humanos.
Luego inventan el concepto de los derechos de tercera generación,
como el derecho al medio ambiente o el derecho a la paz, y eso ya son
castillos en el aire, algo que en algún futuro puede realizarse.
Yo
querría derrumbar ese sistema artificial y he propuesto a la Asamblea
General y al Consejo de Derechos Humanos un paradigma funcional, basado
en el “para qué existen”, empezando por la dignidad humana, que es la
fuente de los derechos humanos.
Los derechos son reglas escritas para
realizar la dignidad humana, pero lo crucial no es la codificación de un
derecho, sino que funcionalmente tiene que asegurar la dignidad.
¿Para qué se creó la figura del experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo?
En septiembre de 2011 se crea el mandato de experto independiente en una resolución ómnibus [1].
Es como crear una resolución para el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos porque me da un mandato universal —que empiezo a ejercer en mayo
del año siguiente—: los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, están todos.
Y no me hacen una invitación
específica a estudiar los tratados de “libre comercio” o la libre
determinación, sino que me dejan identificar cuáles son los obstáculos
para un orden internacional democrático y equitativo, y cuáles son las
estrategias pragmáticas para resolver esos problemas.
Y usted dice, entonces, que el actual sistema económico impide un orden internacional democrático y equitativo.
Como experto independiente lo que me interesa es analizar qué
cuestiones impactan sobre los derechos humanos. Y hay pocas cosas que
impacten más que la economía. En relación a cuáles son las barreras para
la protección de los derechos humanos, en particular los derechos
económicos, sociales y culturales, están los tratados mal llamados de
“libre comercio”, junto con los tratados bilaterales de inversión, que
no protegen el espacio regulatorio de los Estados.
Según el análisis ontológico del Estado y del capitalismo, el deber
del Estado es legislar y regular en el interés público; la ontología del
empresario es correr riesgos para generar beneficios. Ese riesgo le
pertenece al empresario, el Estado no puede garantizarle al empresario
que va a obtener un determinado beneficio, eso es aberrante. Y eso es
precisamente lo que han logrado en estos años del liberalismo extremo.
En los ochenta y los noventa se inventaron los mecanismos de arbitraje
entre inversores y Estados, que son inválidos porque van en contra de la
ontología del Estado y del propio capitalismo. Es inaceptable que una
empresa transnacional como Veolia, por citar un ejemplo, estableciera un
pleito internacional a Egipto porque el gobierno decidiera subir el
salario mínimo. Un empresario sabe cuáles son los riesgos; algunos son
previsibles, entre ellos, los relacionados con los derechos humanos.
Y
sabiendo que los Estados son parte del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es evidente que van a tener
que adoptar medidas de protección del medio ambiente, de la salud y de
la educación pública. Así que esto tiene que ser parte de sus
previsiones.
¿Qué más puede decir de esos sistemas de arbitraje inversor-Estado?
Si un Estado, que tiene obligaciones de proteger el medio ambiente,
tiene la facultad de dar o denegar un permiso de construcción, es
evidente que el empresario no tiene derecho per se a que le den
el permiso.
Por eso, no tiene sentido que en Canadá, en Nueva Escocia,
Bilcon acuda a un tribunal de arbitraje cuando quiere construir una
cantera y se le deniega el permiso. Se saltan toda la jurisdicción
nacional, las decisiones democráticas del pueblo de Nueva Escocia y de
los expertos que hicieron un estudio de impactos ambientales.
Y van
directamente a los tribunales arbitrales que, como forman parte de un
sistema que ignora la ley nacional, consideran que la única legislación
que tiene que aplicar es el tratado de comercio, separado del régimen de
Derecho Internacional. Y deciden, como positivistas, que es una
expropiación de la legítima expectativa de obtener un beneficio, con lo
que dicen que el Estado tendría que pagarle 300 millones de dólares a la
empresa.
¿Hay en la ONU contrapesos suficientes a estos sistemas de arbitraje?
Hasta ahora, no hay contrapesos. Son problemas de prioridad entre dos
regímenes de Derecho y hay que definir cuál de ellos tiene la
prioridad. Para mí, es evidente que los derechos humanos prevalecen. Se
podrían enviar estos casos a la Corte Internacional de Justicia, de
conformidad con el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas, que le
permite a la Asamblea General pedir una opinión consultiva sobre
cuestiones jurídicas como, por ejemplo, en caso de conflicto qué derecho
prevalece.
Si se envía esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia, dará
la respuesta que yo acabo de dar. Este sistema de arbitraje es contra bonos mores
[contra el interés general] porque está cometiendo una injerencia en la
ontología del Estado, está obstaculizando el buen funcionamiento del
sistema del Derecho Internacional, en particular en la protección de los
derechos humanos.
Por lo tanto, todos estos tratados violan el artículo
53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el
que se prohíben los tratados que van contra el ius cogens[derecho que se debe observar necesariamente, en cuanto sus normas tutelan intereses de carácter público] y contra bonos mores.
Lo que haría falta sería reivindicar y refrescar la doctrina que existe
en el Derecho Internacional, que ha sido olvidada recientemente porque
este ha sido impactado, como todo, por el neoliberalismo.
El Parlamento Europeo, precisamente, rechazó en noviembre una
resolución para que se pudiera pedir al Tribunal de Justicia Europeo
que examinase si el CETA incumplía la normativa europea.
En mi propio informe al Consejo de Derechos Humanos, en 2015, pedí
que la Corte Europea de Luxemburgo se pronunciase sobre la ilegalidad
del Tratado Transatlántico de Comercio en Inversiones entre EEUU y la
Unión Europea, el TTIP. Considero que los tribunales arbitrales son
completamente contrarios al Derecho europeo y no sé hasta qué punto la
Corte podría iniciar un caso y pronunciarse.
Si salen millones de
personas europeas a la calle exigiendo que la Corte Europea se pronuncie
sobre este aspecto, no es posible que el Parlamento Europeo lo bloquee.
Pero hay una intransigencia increíble en este campo, y lo he visto en
muchos europarlamentarios. Muchos no quieren escuchar esto y punto. Esto
es en sí una traición a su responsabilidad como representantes
parlamentarios.
Usted también ha elaborado informes sobre la evasión fiscal.
Mi informe de 2016 a la Asamblea General se centraba en los paraísos
fiscales, la evasión fiscal y la responsabilidad de las empresas en el
pago de impuestos. Es escandaloso que entre diferentes países haya una
competición a ver quién ofrece una mayor exención de impuestos o una muy
baja tributación, para así atraer a las empresas.
La cuestión es que
hay una conspiración para defraudar a los Estados en su derecho de
imponer impuestos. Y esto es comparable con lo que contempla la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos una
situación en la que hay una colusión entre empresas para un propósito
criminal, que es el fraude fiscal.
Es inconcebible que la comunidad internacional haya conocido la
existencia de estos paraísos fiscales y no haya hecho nada para
controlarlos. No ha logrado que el traslado ilícito de fondos de un país
a otro se frene, no ha bloqueado la posibilidad de trasladar las
ganancias de las empresas a compañías ficticias, que se crean en estos
puertos de corrupción llamados “paraísos fiscales”.
Un problema es que
el legislador no ha tipificado este crimen de colusión o conspiración de
fraude. Porque aquí están implicados los más distinguidos bufetes de
abogados, firmas de auditoría y bancos. En mi informe tengo una serie de
recomendaciones pragmáticas, hay soluciones pero falta la voluntad
política de los gobiernos de poner fin a estos abusos.
En este marco, las empresas transnacionales disfrutan de una
gran impunidad cuando violan los derechos humanos ¿Qué se está haciendo
en la ONU frente a ello?
En la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre un
instrumento vinculante en relación a los derechos y obligaciones de las
empresas transnacionales, se discutió el aspecto penal y hubo
propuestas sobre la criminalización de ciertas actividades de las
empresas transnacionales.
Desde luego, es evidente que si hay
actividades de las empresas que causan graves daños al medio ambiente,
eso puede ser un crimen justiciable ante la Corte Penal Internacional,
cuyo artículo 7, párrafo 1k es suficientemente amplio para incluir
crímenes de ecocidio, que con frecuencia tienen como consecuencia
muertes por problemas de salud.
Aparte de eso, se ha propuesto que se
cree un tribunal especial para las empresas, al que las víctimas puedan
presentar sus quejas. El problema con la Corte Internacional de Justicia
es que solo pueden presentar casos los Estados, pero si creamos un
nuevo tribunal para las empresas, entonces las víctimas podrían tener un
recurso y una expectativa de obtener reparación.
Además, se puede usar
como modelo el tribunal que se creó de conformidad con la Convención de
la ONU sobre el Derecho del Mar, es un buen modelo para crear un
tribunal de empresas.
¿Cree que al final la ONU aprobará un instrumento vinculante
para obligar a las empresas transnacionales a cumplir los derechos
humanos?
En la actualidad se están redactando las propuestas sobre este
instrumento vinculante y sabemos que no va a haber consenso. En relación
al consenso, una de las cosas que más me irritó de las tres reuniones
que tuvimos sobre el Derecho Humano a la Paz fue que el presidente del
grupo de trabajo, desde el primer día, anunció que él quería una
declaración de consenso.
Yo hablé públicamente en aquella reunión y dije
que el consenso es imposible, y que es mucho más importante adoptar un
texto legal fuerte y completo, que sea votado, que tratar de lograr lo
imposible.
Es mejor tener alguna abstención y algún voto en contra que
tener un texto que no dice nada. En mi opinión, el texto que se aprobó
recientemente por la Asamblea General retrocede en relación a la
resolución sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptado en 1984.
Es decir, tenemos una situación de retrogresión de los derechos humanos.
No queremos eso con respecto a las empresas. Queremos que haya una
definición de sus obligaciones y un mecanismo para que esas obligaciones
sean efectivas y un mecanismo de recurso y reparación a las víctimas.
Estoy seguro que la vamos a tener, pero probablemente los Estados
centrales votarán en contra.
Me gustaría que los medios de comunicación hagan una pregunta cuando
estos Estados centrales se nieguen a aprobarlo: si hoy en día la
Declaración Universal de los Derechos Humanos tuviese que votarse, ¿qué
votarían la Unión Europea y los Estados Unidos?
Estas potencias han
votado sistemáticamente en contra de cualquier resolución sobre el
derecho a la paz y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es
que sus acciones, hoy en día, contradicen no sólo los artículos del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
sino también la misma Declaración Universal."
(Entrevista a Alfred Maurice de Zayas / Experto independiente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. , CTXT, 30/01/17)
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