"Los agentes antidroga de la Guardia Civil de Lugo tenían sólidas
sospechas de lo que se iban a topar dentro del almacén de Celtifarma en
Monforte, pero una juez recién llegada, Vanesa García de Paz, titular
del número 2 de Instrucción, les negó la orden de entrada y registro,
imprescindible para acceder a las instalaciones.(...)
Según explican estas personas, la juez no solo no dio la orden de
registro, sino que denegó la identificación del titular de una línea de
teléfono a la que los agentes debían seguir el rastro para confirmar
“los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento la
comandancia de Lugo”. Y por si fuera poco, consideran que alguien
aprovechó la información facilitada por los investigadores a los
juzgados para alertar a los propietarios de la sociedad Celtifarma.
La misma sospecha la mantiene el grupo político Independientes de
Lemos, que el viernes pasado publicó una nota en la que hablaba de un
supuesto “chivatazo” y denunciaba que, tras denegar la juez el registro,
“esa misma noche los propietarios de la empresa farmacéutica
Celtifarma, SL, desvalijaron las instalaciones para borrar todas las
pruebas posibles”.
Los agentes querían descubrir si la empresa estaba
cometiendo un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la salud,
por tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Las mismas
fuentes relacionadas con el caso explican que los psicofármacos que
supuestamente se estaban mandando a terceros países desde Monforte
contendrían “opiáceos” y que por eso la operación había sido encomendada
al EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas).
Dentro del recinto, un bajo con entrada por varias calles que ocupa
casi toda una manzana en plena ciudad de Monforte, sospechaban que iban a
encontrar grandes partidas de medicamentos adquiridos en España con
subvención por oficinas de farmacia (supuestamente también de fuera de
Galicia), listos para ser sacados del país y vendidos en Europa a un
precio mucho más alto.
Entre estas cajas preparadas para la exportación
fraudulenta, el EDOA esperaba poder incautarse de miles de envases de
medicamentos como el lorazepam y el alprazolam, muy demandados en el
mercado negro, que servirían de prueba para imputar a los socios de la
marca de tráfico de estupefacientes además del delito contra la Hacienda
Pública.
La Guardia Civil seguía la pista de estas sustancias a raíz de una
inspección administrativa que se llevó a cabo en una farmacia de Marín,
presuntamente asociada en la comisión del delito con los dueños de la
planta monfortina. Pero la Xunta llevaba todavía más tiempo detrás del
rastro del almacén del que era administrador único el empresario Javier
López Domínguez.
En junio de 2012, la Consellería de Sanidade ya había
acordado prohibir provisionalmente la actividad de Celtifarma y en
cuestión de cuatro meses vio razones suficientes para abrir dos
expedientes sancionadores a la firma. Como consecuencia, el Colegio de
Farmacéuticos de Lugo enviaba una circular a todos los colegiados
pidiéndoles que no realizasen transacciones con ese almacén.
A finales del año pasado, después de visitar la nave monfortina y
encontrar indicios de su relación con la farmacia pontevedresa (más de
dos mil envases de antidepresivos marcados con su nombre), un inspector
de Sanidade con base en Vigo se presentaba en la botica y se
precipitaban los acontecimientos.
La titular de la farmacia le
aseguraba, no obstante, que si sus medicamentos estaban en la nave de
Celtifarma sería por error, porque la empresa lucense le había realizado
en tiempos “servicios logísticos”: guardaba los fármacos en Monforte y
se los iban enviando a través de Azkar a medida que los necesitaba,
contó para defenderse.
También en aquellas fechas, con motivo de las dos investigaciones
abiertas por la Xunta, el secretario general técnico de Sanidade,
Antonio Fernández-Campa, presentaba a Rocío Mosquera un motivo de
abstención, por el que legalmente no podía asumir la instrucción de los
expedientes a Celtifarma, y la conselleira se veía obligada a designar a
otra alto cargo del departamento para el caso.
La Xunta nunca quiso dar
más detalles sobre el asunto amparándose en que el tema estaba
“judicializado” (precisamente unas diligencias penales iniciadas en el
Juzgado 2 de Monforte). Pero las mismas personas relacionadas con la
investigación que fueron consultadas por este diario aseguran que
“existía un interés muy grande en llegar al fondo del caso Celtifarma
por parte, sobre todo, de la secretaria general de Sanidad”.
Pilar
Farjas era conselleira en 2011 y había sido llamada a declarar como
testigo cuando cayó la trama de Nupel con el lucense Jorge Dorribo a la
cabeza." (El País, 14/12/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario