28.6.17

Gordó, la cúspide de la trama del 3%, al banquillo por la rajada del empresario 'amiguete'

“Preguntado por si conoce a alguien a quien aludan como 'Gregorio', manifiesta que es Germà Gordó Aubarell”. Esa fue la guinda que necesitaba la Guardia Civil para cerrar el círculo respecto a las sospechas que se han ido acumulando sobre el exconsejero de Justicia, a quien la fiscalía sitúa en la cúspide de la trama del 3%.

Era necesaria una declaración testifical que ratificase los indicios documentales que ya apuntaban a que entre algunos de los imputados en la trama se estableció un código secreto para no ser detectados en caso de intervenciones telefónicas o investigaciones policiales.

Y Josep Manuel Bassols, exalcalde de Anglès (Girona), marido de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Nuria Bassols, amigo íntimo de Carles Puigdemont, directivo de la empresa Oproler e imputado por pagar mordidas a cambio de obra pública se prestó a colaborar con el juez y los fiscales acorralado por las sospechas que se ciernen sobre él.
Una declaración que desencalló la imputación

Su declaración es el ingrediente más novedoso y más determinante del segundo y definitivo informe que el juez de El Vendrell (Tarragona) envió al TSJC pidiendo la imputación de Gordó. Esta vez sí, a la segunda intentona, el alto tribunal de Cataluña, tras estudiar ese documento, ha decidido imponer la condición de “investigado” a Germà Gordó.

El directivo de Oproler fue interrogado por agentes de la comandancia de Tarragona tal y como se recoge en la “diligencia de manifestación” que ha estado bajo secreto del sumario hasta hace 20 días.
Código secreto

En ese informe, la Guardia Civil recoge literalmente de boca de Bassols la siguiente afirmación: “Reconoce un mail en el que Sergi Lerma —su jefe en Oproler, también imputado en la causa— le da directrices sobre ocultar las identidades que sólo ellos deben conocer, y que tras pedirle aclaraciones sobre a qué se refería Lerma le dice que debían de denominar a determinado tipo de gente de forma reservada”.

Bassols dice que cuando se referían al tesorero de CDC Andreu Viloca utilizaban el nombre de Antonio y cuando hacían referencia al dirigente de CDC Francesc Sánchez, el de Fernando.
Pagó dádivas

Bassols reconoce que pagó cenas y noches de hotel a Andreu Viloca en Madrid así como entradas a espectáculos y al Santiago Bernabéu.

El marido de la magistrada del TSJC está imputado, según la fiscalía, por seis operaciones indiciariamente delictivas: tres vinculadas con la empresa municipal de Barcelona Bimsa y otras tres con la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, en la que Bassols se movía como pez en el agua gracias al aval de Gordó. Tras la obtención de las obras, la empresa pagaba religiosamente la comisión pactada, según la investigación." (Carlos Quílez , Crónica Global, 22/06/17)

27.6.17

Bárcenas y el PP llevan al Congreso su pacto de silencio y no agresión

"La comparecencia de Luis Bárcenas ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP no ha servido absolutamente para nada relacionado con el objetico de los comisionados. Eso sí, ha puesto de manifiesto que su silencio es el resultado de un acuerdo con el PP, el beneficiario último de la ausencia de respuestas a preguntas muy incómodas.

Bárcenas se ha acogido, como ya se conocía previamente, a su derecho a no declarar en sede parlamentaria con la justificación de que sus palabras podían dañar su derecho a la defensa. El ex tesorero y ex gerente del PP está procesado en dos causas, Gürtel y financiación del PP; la primera de ellas en fase de juicio oral.

Partiendo de esa premisa, el compareciente, que ha entrado solo en la amplia sala Constitucional del Congreso de los Diputados, se ha mantenido en silencio tras escuchar, una tras otra, decenas de preguntas formuladas por los diferentes portavoces parlamentarios. Su voz, después del anuncio inicial de que no iba a contestar, tan solo se ha oído en la sala de forma ocasional y nunca para aportar datos sobre el asunto en cuestión.

De personalidad fuerte, Bárcenas tan solo ha hablado para mantener rifirrafes con sus interrogadores. Tras aguantar estoicamente el interrogatorio inicial de la portavoz socialista, Isabel Rodríguez, que ha incluido dos videos de su declaración en el juicio Gürtel. Y ha sido para “defender” al PP.

“Son ustedes, no el juez, quien califica al PP de organización criminal”, ha exclamado Bárcenas, interrumpiendo el parlamento de la diputada socialista. Ha sido un aviso de cual iba a ser su actitud; cuando ha abierto la boca siempre ha sido para interrumpir a su interpelante de turno, y en ocasiones con tono desafiante. Lo ha sido con el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, quien le ha exigido que tras cada pregunta “verbalice su negativa a contestar, no se quede en silencio”.

Una petición que no ha sido acogida por el presidente de la comisión, el diputado canario Pedro Quevedo, pese a la reclamación del diputado de la formación naranja. Eso le ha dado alas al compareciente, quien ha reiterado que no lo iba a hacer “y menos con su tono, como si actuase como si estuviera en un teatro”. “Y usted se comporta como si estuviera en un `salón ´de una película de vaqueros y de indios”. Le ha contestado Cantó en medio de un ambiente tenso.

Los interrogatorios de Isabel Rodríguez y de la portavoz del grupo Unidos Podemos, Irene Moreno, han sido los más incisivos y concisos para perseguir los objetivos de la comisión, pero ha sido inútil. A la representante de la bancada morada tan solo se ha dignado a contestarle “los buenos días” y a matizarle que “solo estuve un año como tesorero(del PP)”.

Tan solo al final ha entrado al trapo de las preguntas de Montero para explicar que “era el tesorero del partido quien elaboraba el presupuesto de las campañas electorales y, en previsión de los votos que se pensaban obtener, solicitaba los créditos. Yo (en su calidad de gerente) ayudaba a hacer los presupuestos (electorales) y su seguimiento”, ha dicho. En otro momento ha sentenciado: “El PP no tuvo nada que ver con Gürtel, luego ya vendrán los papeles”.

“¿Se ha enriquecido usted con 300.000 euros de la cahja B del PP?”, le ha preguntado Irene Montero. “En ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000”. “Yo no me he quedado nada de las finanzas del partido”, ha respondido a continuación.

Y sobre el interés de la diputada por su elevado patrimonio ha respondido:”Ya que hace usted un seguimiento tan minucioso (…), se habrá dado cuenta de las horas dedicadas a actividades profesionales que me han permitido tener una oposición desahogada”.

Pero todavía ha tenido ánimo para seguir: “…, al igual que el señor Monedero con Venezuela, nada distinto”, en alusión a uno de los cofundadores de Podemos. Según la diputada, “el silencio y la actitud son un insulto a la ciudadanía y una obstaculización de los trabajos de la comisión”.

“Yo no soy el responsable de la torpeza de haber convocado esta comisión cuando hay causas judiciales abiertas. Mi derecho a la defensa está por encima de la soberanía nacional”, ha dicho con rotundidad.

También se ha mostrado displicente durante el interrogatorio del portavoz de ERC, Joan Tardá, cuando le ha interrumpido para recriminarle el caso del ex conceller de ERC Jordi Ausàs, condenado por contrabando de tabaco. “Ya no era cargo público y en 24 horas se le echó”, le ha contestado Tardá. “Pero luego le han colocado en una empresa sobre Catalunya y libertad, de las suyas…”, ha dicho Bárcenas.

El resto de la comparecencia de Bárcenas, que ha estado recibiendo a través de un ujier unos papelitos enviados por su abogado, Joaquín Ruiz de Infante, presente en la sala, no ha tenido mayor historia para el objeto de la comisión. No ha aportado ningún dato para aclarar la presunta financiación ilegal del pp.

Si acaso, en una de sus intervenciones durante el rifirrafe con Cantó ha negado que fuese él quien le llevase sobres con billetes de 500 euros y cajas de puros. Y ha dicho que era Álvaro Lapuerta, aunque no ha aclarado si eran los billetes o las cajas de puros.

Sorprendentemente, Bárcenas ha hablado más para responder, incluso con gestos, durante la intervención de ÓskarMatute, el diputado de EHBildu en nombre del grupo mixto. Pero todas han sido sobre aspectos de calendario y algunas precisiones sobre su currículo.

Finalmente, el portavoz del PP, Carlos Rojas, quien se ha ido por las ramas para intentar descalificar la convocatoria de Bárcenas, a quien no se ha dirigido en ningún momento. La oposición le ha recriminado esa actitud y sobre todo los socialistas por sacar a relucir comentarios de Margarita Robles, la actual portavoz, cuando en su día consideró que esa comisión interfería en los trabajos de la justicia." (Público, 26/03/17)

23.6.17

Corrupción: así se desmoronan los grandes casos judiciales investigados por la jueza Alaya

 "El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado.

Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados.

No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias.

Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios.

Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular.

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya.

No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que dan la razón a los jóvenes del 15M que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.                   (Juan Torres López, Ganas de escribir, 21/06/17)


"Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones.

Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.

Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE.

Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.

La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción

Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.

En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’.

Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.

Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades.

¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".

El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla

A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce.

A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.

La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma.

Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.

La "juez de porcelana" es odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón

El Confidencial publicó en marzo de 2013 cómo el calendario electoral de Alaya con imputaciones, detenciones y entradas en prisión beneficiaba el calendario electoral del PP-A. Alaya lo negó y dijo que ella no interfería en las elecciones.

En esa época el presidente de los 'populares' andaluces tras la retirada de Javier Arenas era Juan Antonio Zoido, que compagina la dirección del partido en Andalucía con la Alcaldía de Sevilla. Zoido fue acusado de haber mantenido una relación fluida con Alaya. El actual ministro del Interior también lo desmintió.

Los cincos meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad tampoco ayudaron a agilizar los procesos que había abierto. Una instrucción llena de claroscuros la de esta magistrada poco amiga de trabajar en equipo; la juez de porcelana odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón, le abrieron hasta un club de fans (51.000 personas en el grupo de Facebook en homenaje a ella). Y ahora ve cómo su legado se desmorona." (Agustín Rivera. Málaga
, El Confidencial, 22/06/17)

22.6.17

Manual para comprar alcaldes

"Un viaje a París con todos los gastos pagados. Entre los invitados, una decena de alcaldes de distintos municipios de España que asistieron junto a sus acompañantes al evento, perfectamente legal, organizado por GDF Suez un fin de semana de noviembre. 

Nuevos correos incluidos en el sumario de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso El Confidencial, evidencian ahora que personas de la empresa Cofely sacaron rédito de todo aquello y vendieron de forma interna la invitación a este fin de semana de negocios como una oportunidad para obtener adjudicaciones en los consistorios.

Las investigaciones han detectado varias comunicaciones intercambiadas entre responsables de esta empresa relacionada con la trama Gürtel, Cofely España, filial de la multinacional francesa, en las que se evidencia que esta estancia en París con gastos pagados favoreció la concesión de contratos amañados en algunos de los consistorios. La instrucción apunta a que esta empresa de eficiencia energética se sirvió de los servicios de Francisco Granados y David Marjaliza para ganar contratos públicos millonarios.

En los 'emails' intercambiados entre Pedro García y Constantino Álvarez de la Cueva, director de Mercado Público y director Comercial y de Desarrollo de Cofely España respectivamente, se realiza una valoración del resultado en ingresos obtenido por la invitación a una de las 'soirées' de los ediles. "Con nosotros vinieron el alcalde de Getafe, el de Valdemoro, el de Torrejón de Velasco, el de Almendralejo y el de Serranillos [del Valle].

 ¿Vino también el de Casarrubuelos?", pregunta Álvarez, que pasa a continuación a detallar el éxito de la estrategia. "Desde aquel día, hemos ganado Valdemoro y Serranillos y prevemos ganar Almendralejo y Casarrubuelos. Se trata de 'vender' en interno que esto sirve", dice.

Según han explicado algunos de los alcaldes afectados, el viaje que organiza la multinacional dentro del marco de 'La Soireé des Maires' está destinado a enseñar las instalaciones de la empresa así como los avances tecnológicos aplicables a las necesidades de los ayuntamientos. 

Acuden cientos de alcaldes y concejales de toda Europa para unas jornadas que se prolongan hasta dos días. La invitación incluye encuentros informativos y visitas a dependencias de la compañía. Por la noche se organiza un vino francés y un cóctel en el Museo del Louvre.

En la sucesión de 'emails' entre las personas citadas, poco antes del evento, queda reflejado que el gasto previsto para los invitados de Cofely España ascendió en 2014 a 20.000 euros. "Hay que calcular un presupuesto de 1.000 euros por persona", precisa uno de los 'emails'. El programa de aquel año incluía 'bed and breakfast' en el hotel Westin Vendôme, de cuatro estrellas.

Cinco imputados entre los invitados

Los correos ofrecen también un listado de los alcaldes invitados. En concreto, mencionan a cinco ediles imputados en el procedimiento que investiga la red corrupta: Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco, Carlos Estrada, de Moraleja de Enmedio, Antonio Sánchez, de Serranillos del Valle, David Rodríguez, de Casarrubuelos, y José Carlos Boza, de Valdemoro.

Se refieren también a Borja Gutiérrez, de Brunete, al que la UCO acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a Cofely. Figuran en la lista Juan Soler, de Getafe, y José García, de Almendralejo, no investigados por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Los correos electrónicos evidencian que algunos de los invitados formularon peticiones especiales para su desplazamiento. Uno de ellos reclamó un coche con chófer, tipo Mercedes, para moverse por París y pidió que el conductor hablara español. La empresa que sufragaba los gastos se negó a este dispendio que "costaba una fortuna" y "no estaba justificado" y lo sustituyó por un taxi vip."                    (El Confidencial, 21/06/17)

21.6.17

Un juzgado de Sevilla ordena investigar préstamos del Banco Popular que no se cobraron

"El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha ordenado investigar por presunta corrupción en el sector privado tres préstamos del Banco Popular y ha encargado la indagación a la Guardia Civil. En un auto fechado el pasado 25 de abril admite a trámite la denuncia presentada por un trabajador de la entidad bancaria contra tres directivos, de toda la escala jerárquica, que dieron el visto bueno a la operación que ha despertado las sospechas del juez.

Se trata de un caso denunciado por el trabajador antes incluso de que se conociera la quiebra de la entidad bancaria, que ha sido comprada por un euro por el Banco Santander. De este modo, mientras los bufetes ultiman o han presentado ya demandas masivas de los accionistas y bonistas del Banco Popular, en Sevilla se registraba el pasado 20 de abril la primera denuncia contra los tres directivos de los cuales sólo uno sigue en el cargo. Supone, además, iniciar por primera vez diligencias encaminadas a comprobar si hubo malas prácticas en la gestión.



La denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, se refiere a tres operaciones que suman casi millón y medio de euros para sendos préstamos de 2014 de los que no le consta la devolución de nada tres años después. En el momento de los hechos, el denunciante trabajaba para el Departamento de Reestructuración de Deudas en los Servicios Centrales, y por su puesto podía observar transacciones y operaciones en la materia.

Con su testimonio, respaldado por las pruebas que ha recabado todo este tiempo, desvela que el 4 junio de 2014 se autorizaron (por tres filtros jerárquicos) sendos créditos de 310.000 y 885.000 euros al administrador único de dos empresas. Ese mismo día, se autorizaron también otros 225.000 de préstamo a un segundo administrador único (que ya "figuraba como moroso" de la entidad bancaria por más de 1,8 millones de euros por su papel de avalista en un crédito anterior) de una tercera empresa, según su relato.

El dinero fue retirado al instante y "en su totalidad en ventanilla" de una sucursal de Coria del Río (Sevilla) "mediante cheques", continúa el escrito por el que se han ordenado diligencias por "indicios de infracción penal", según el auto del juzgado contra el que cabe recurso de apelación a los cinco días de notificación.

 Es decir, el mismo día se desembolsaron 1,3 millones de euros tras pasar por los filtros jerárquicos las operaciones. Y los tres préstamos tenían como fecha de vencimiento para el pago de la primera cuota junio de 2016. O sea, dos años después.

 Supuestamente, ninguna de esas cuantías fue satisfecha nunca por los beneficiarios, según consta en los movimientos de cuentas en poder del juzgado. De este modo, cuando llegaron las primeras cuotas (junio de 2016) no se abonaron en las cuentas que se habían abierto en junio de 2014 para los préstamos. 

El juzgado pretende esclarecer si, además, esos créditos se otorgaron cuando se dudaba de la solvencia de los beneficiarios por la referida morosidad y por supuesta inactividad de las empresas. El hecho de que el denunciante no pusiera antes los hechos en conocimiento de los tribunales se debe a que no ha sido hasta los dos años de los créditos cuando ha tenido constancia del impago y que, por tanto, han entrado en morosidad."               (eldiario.es, 18/06/17)

20.6.17

Aznar y sus amiguetes... todos en la Gürtel

"Vuelve el juicio de la Gürtel esta semana con la comparecencia como testigos de cinco bastiones de la época del aznarismo, desde Francisco Álvarez-Cascos hasta Rodrigo Rato pasando por Ángel Acebes, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja, que dejarán en el ambiente la convicción de que la trama liderada por Francisco Correa nació, creció, se reprodujo y, antes de la extinción, se refugió en el búnker madrileño-valenciano en aquellos felices años (sobre todo para ellos) en los que José María Aznar hacía footing (hoy running) por los jardines de La Moncloa mientras algunos de sus amigos se llenaban los bolsillos saqueando el erario público.

Que la trama Gürtel se desarrolló al calorcito de los Gobiernos de Aznar lo demuestra que la plana mayor del banquillo de los acusados se exhibió en la monumental boda de la hija del expresidente con Alejandro Agag que teatralizó toda una época en el monasterio de El Escorial o que, unos años después, el yernísimo, la hijísima y todos los líderes de la trama corrupta, salvo el siempre elegante Pablo Crespo, fueran inmortalizados en un vídeo sonrojante a bordo de un yate que doblaba el peñón de Gibraltar mientras Álvaro PérezEl Bigotes, presentaba, entre chascarrillos, a la banda hasta que López Viejo aprovechaba su turno ante la cámara para darse el filete con su esposa. 

Lo definió bien durante el juicio el denunciante José Luis Peñas cuando le tocó explicar quién era Correa en el PP: “Todos se paraban a su paso, porque era la persona que siempre estaba a la derecha del presidente”.

Aznarista hasta el punto de abandonar el PP del post-aznarismo en 2011 por “dignidad personal”, Álvarez-Cascos, el secretario general de la organización entre 1989 y 1998, ha rondado la imputación en el caso Gürtel en varias ocasiones, sobre todo por una conversación telefónica que forma parte del sumario en la que Correa presumía de “haberle llevado a Luis Bárcenas 1.000 millones de pesetas en cash” como contrapartida a las “adjudicaciones” que el Ministerio de Fomento otorgaba cuando el asturiano mandaba en ese departamento. 

Según confesaba el líder de la trama Gürtel en las grabaciones que le arrancó el exconcejal José Luis Peñas, Cascos sabía en qué paraíso fiscal tiene escondido el dinero Bárcenas y a él le tenían “mucho miedo” en el partido a pesar de saber que no se atrevería “a cantar”.

El hombre que, según la versión oficial, salvó la vida a José María Aznar al cambiar por su cuenta el blindaje de su vehículo unos días antes de que ETA intentara asesinarle, también tendrá que explicar al tribunal si se refieren a él las siglas PAC, que aparecen en el reparto de comisiones por la adjudicación de un contrato de tres millones de euros que una empresa de Correa (Rialgreen) se endosó por organizar y repartir con otras sociedades la publicidad de las campañas municipales, autonómicas y generales que el PP afrontó en los años 2003 y 2004, con el líder de las Azores al frente del partido.

Según los informes de la UDEF que forman parte del sumario, PAC tenía que ser “una persona con gran capacidad de influencia” porque cobró de todas las empresas que participaron en esa adjudicación, hasta el punto de ser “el mayor receptor de dinero” de todos, con comisiones que por este contrato alcanzaron los 41.172 euros. El resto de los beneficiarios de esa adjudicación fueron LB (Luis Bárcenas), GG (Gerardo Galeote), JS (Jesús Sepúlveda), JM (Jesús Merino) y PC (Paco Correa). Quién es el PAC de la Gürtel es una de las grandes incógnitas del juicio porque, si Correa descartó en su declaración la participación del exministro al pronunciar un rotundo “PAC no es Paco Cascos”, el empresario José Luis Roig, que también habría participado en el reparto de las mordidas, realizó durante su declaración la original aportación de que las siglas PAC se corresponden en realidad con la santísima trinidad de la Gürtel: Pablo (Crespo), Álvaro (Pérez, El Bigotes) y (Francisco) Correa.

Por la adjudicación de los contratos de publicidad de esos dos comicios también comparecerá en la Audiencia Nacional otro secretario general de los populares con Aznar, Javier Arenas, número 2 del partido entre 1998 y 2003 y director del comité de campaña que encargó los trabajos presuntamente amañados. 

En su caso, además, Arenas también era el presidente regional del PP de Andalucía cuando la formación adjudicó a la citada Rialgreen la campaña de las elecciones en la región que se celebraron en 2004 y que se saldaron por la victoria por 24 de escaños del candidato socialista Manuel Chaves sobre la popular Teófila Martínez.

Ángel Acebes, el ministro del Interior que gestionó las mentiras del 11-M y el secretario general del PP durante la transición entre el aznarismo y el marianismo que la formación conservadora experimentó entre 2004 y 2008, tiene que declarar por haber autorizado, presuntamente, la compra-venta de acciones del diario digital derechista Libertad Digital con fondos de la caja B de dinero negro que gestionaban los extesoreros Luis Barcenas y Álvaro Lapuerta

Según el sumario, a través de una de esas operaciones de compra y venta de acciones, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, se apropiaron supuestamente de 149.000 euros que destinaron a adquirir una parte del chalé de lujo que todavía conservan a los pies de la estación de esquí de Baqueira-Beret.

Completan la lista de antiguas glorias del Partido Popular que declararán esta semana en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel los dos aspirantes a la sucesión que sucumbieron ante Mariano Rajoy en el dedazo presidencial que determinó la elección de Aznar en su libreta azul: Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP en 1996 y ministro del Interior durante cinco difíciles años en la lucha contra ETA, y Rodrigo Rato, número dos del Gobierno y condecorado artífice del milagro económico español fraguado en la burbuja inmobiliaria antes de ser arrojado a los infiernos, como paso previo a la cárcel que le espera, por el hundimiento de Bankia y el oscuro origen de  su patrimonio.

En su etapa como eurodiputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Eurocámara, Mayor Oreja fue presidente de la Fundación de Estudios Europeos, a la que, según la Fiscalía Anticorrupción, se cargaron facturas de viajes de los que se habría aprovechado el extesorero y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas.

Rato conoce sobradamente el edificio polivalente de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en el que se sigue el juicio, porque en la sala del piso superior tuvo que asistir al que se siguió por el uso de las tarjetas black, en el que acabó siendo condenado a cuatro años y medio de cárcel.

 Tendrá que comparecer ante el tribunal de la Gürtel para explicar cómo se organizaban las campañas electorales de la formación y con qué criterios se adjudicaban para aclarar si en algún momento Correa pudo gozar de un trato de favor. Correa, “la persona que siempre estaba a la derecha del presidente”.                (ALFONSO PÉREZ MEDINA  , Cuarto Poder, 19/06/17)

19.6.17

Un ex alto cargo de Aguirre escondia lingotes de oro en Suiza

"Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio y ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad, escondía casi dos millones de euros en lingotes de oro en un banco de Suiza, informa este jueves El Mundo.

 Larraz es uno de los investigadores por la trama Púnica, liderada por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, ya que se sospecha que pudo cobrar comisiones ilegales en Arpegio.

En total, el ex alto cargo de Esperanza Aguirre ocultaba 146 lingotes de oro valorados en casi dos millones de euros, que regularizó ante la Agencia Tributaria junto con cerca de otro millón de euro. Hasta entonces, todo ese dinero había permanecido opaco en un banco suizo.

El juez Eloy Velasco, que deja la instrucción del caso en la Audiencia Nacional por traslado, ha enviado en los últimos meses comisiones rogatorias a Panamá, Islas Vírgenes y Suiza para rastrear el patrimonio oculto de Larraz y su esposa, María Ángeles de Diego Suso.

En 2013 se descubrió que el ex consejero delegado de Arpegio tenía una sociedad (Hailead Ltd) en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

La Fiscalía cree que los lingotes de oro “pueden seguir situados en el extranjero u ocultos en territorio nacional”.

Arpegio está en el punto de mira de la investigación de la trama Púnica por supuestas irregularidades en la gestión del suelo de diversas poblaciones del sur de Madrid. (...)"             (República.com, 01/06/17)

16.6.17

Unió Democrática también participó en las mordidas del 3%

"La agenda personal del exdirectivo de la constructora Copisa Francesc Xavier Tauler ha supuesto un verdadero impulso en la investigación del llamado caso 3%.

Según el juez de instrucción número 1 de El Vendrell, Tauler mantuvo al menos cuatro reuniones sospechosas en noviembre de 2011 con el que entonces era secretario general del Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó.

Los autos apuntan que en esas reuniones se establecieron las bases para otorgar a Copisa las obras del Consorcio de Educación de Cataluña y de una parte de las obras del dique de la zona sur del puerto de Barcelona.

Amiguismo

Durante ese mismo mes, Tauler mantuvo también otros contactos con destacados dirigentes de CiU, todos vinculados con el interés del exdirectivo por hacerse con parte del pastel de los contratos de obra publica en manos de administraciones gobernadas por la coalición nacionalista.

Así, el 19 de noviembre del 2011, Tauler contacta con Jordi Vilajoana, exsenador de CiU (2008-2013) y, por aquel entonces, secretario de Govern​. Tauler pretendía desencallar algunos flecos de la participación de Copisa en las obras del puerto.

CiU, salpicada

Y no sólo eso. Un año más tarde, el 21 de noviembre del 2012, Tauler aborda el tema de las obras de la plaza de Les Glòries de Barcelona con el diputado Josep Sánchez Llibre (UDC). Éste le llega a enviar un WhatsApp en el que le informa de que "en diciembre salen los lotes a construcción y Copisa está dentro de las empresas de Les Glòries".

Llama la atención que, por lo que respecta a las reuniones entre este exdirectivo de la constructora y Germà Gordó, sólo unas horas después de las mismas, este se reunió con Andreu Viloca, tesorero del partido, tal y como confirma su propia agenda, también incautada por la Guardia Civil en los registros judiciales."                  ( Carlos Quílez  , Crónica Global, 13/06/17)

15.6.17

Los investigadores encuentran en Colombia la pista del dinero expoliado al Canal en Brasil

"La comisión judicial española que se encuentra en Colombia ha encontrado en la residencia de Edmundo Rodríguez Sobrino documentación que acredita una serie de transferencias de una cuenta en Suiza a sociedades tras las que se esconde el testaferro de Ignacio González, han informado a eldiario.es fuentes del caso. 

De un análisis inicial de esa documentación, los investigadores deducen que se trata de pagos derivados del pelotazo que los imputados dieron con la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao en 2013.

El viaje de los funcionarios españoles a Colombia está resultando vital para la investigación. El hallazgo de la documentación sobre las transferencias desde Suiza se ha producido en el apartamento de Rodríguez Sobrino en la ciudad de Barranquilla. El expresidente de Inassa, la filial con la que el Canal controla sus negocios en América Latina, también escondía 262.000 euros en metálico en su residencia colombiana.


Entre la documentación encontrada en el apartamento de Barranquilla aparecen papeles de la sociedad panameña Amalfi, detrás de las que se esconde Rodríguez Sobrino. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil encontraron el primer rastro de Amalfi en el registro que practicaron en la vivienda que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene en Denia.

El exconsejero de La Razón permanece en prisión incondicional desde su detención el 19 de abril. Este jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de su defensa contra la decisión del juez Eloy Velasco de mantenerlo en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal.

Un pelotazo pagado en Suiza

Anticorrupción y la Guardia Civil buscan pruebas en Colombia de los dos pelotazos del Canal. El primero, la compra de Inassa, fue autorizado por el gobierno regional que presidía Alberto Ruiz-Gallardón en 2001.

 El Canal compró esa compañía pagando por sus acciones un sobreprecio que, según los investigadores, acabó en bolsillos privados. "Se robaron 25 millones de euros", resumió Rodríguez en una conversación grabada por los agentes de la Guardia Civil. 

Inassa se ocupó del segundo pelotazo, la compra de la empresa brasileña Emissao en el año 2013. Rodríguez pilotó una operación en la que interpuso una sociedad uruguaya para comprar el 75% de esa compañía, que abría al Canal las puertas del mercado brasileño. Su socio Ignasi Maestre constituyó esa empresa uruguaya, Soluciones Andinas de Agua, una sociedad pantalla a la que dió apariencia de compañía especializada en el tratamientos de aguas.

Sin embargo, durante el proceso Rodríguez obvió que varios informes alertaban de la mala situación financiera de Emissao. Se abonaron por ella 21 millones de euros, pero al poco tiempo su valoración cayó hasta los cinco. La consultora KPGM advirtió en la due dilligence que elaboró antes de la compra de que la empresa brasileña no había aportado toda la información que le pidieron. Tenían dudas de que la operación fuese rentable.

La investigación de la Comunidad de Madrid sobre ese pelotazo se encontró con que el dinero de la operación había acabado en cuentas suizas. Los 21 millones que pagó el Canal por Emissao se ingresaron en el país helvético a nombre de Sebastiao Cristovam, propietario de la mayoría de las acciones de Emissao, e investigado en el caso Lezo, según recoge la denuncia de la Comunidad de Madrid y distintos informes de la Guardia Civil aportados al sumario.

Desde entonces, Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean esos fondos porque sospechan que viajaron desde Suiza a las cuentas de Rodríguez y sus socios. Por eso, el juez Eloy Velasco cursó Audiencia una comisión rogatoria a las autoridades suizas solicitando información bancaria. 

Con los datos que ofrezca el país helvético se podrá comprobar quién es el titular o titulares de la cuenta donde acabó el dinero de la compra de Emissao y confirmar si las transferencias a Edmundo Rodríguez Sobrino proceden de ella. 

En el escrito de oposición a la libertad de Rodríguez Sobrino, los fiscales Anticorrupción apuntan directamente a que el hombre de González en Latinoamérica consiguió "elevadas ganancias ilícitas" con los negocios del Canal. Con ellas compró inmuebles que puso a nombre de su hija en Colombia, Panamá o Londres. Además, tiene una red de cuentas bancarias en los paraísos fiscales de la Isla de Jersey, en Panamá -a través de la sociedad Amalfi- y en Suiza. "                   (Pedro Águeda / Marcos Pinheiro 

14.6.17

Los otros nombres de la agenda de Granados: Sacyr, OHL, Isolux

"El cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, anotó en su famosa agenda en septiembre de 2014 múltiples nombres de empresas que la UCO rastreó, sin resultado, para intentar detectar pagos irregulares de estas al PP de Madrid. 

En un informe incorporado a la pieza en la que se investiga la entrada de dinero negro en la formación regional, los investigadores señalan que el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre "destacó" una relación de compañías que acompañó "de nombres que parecen corresponder con altos cargos directivos de las empresas reseñadas".

La Guardia Civil apunta que, a partir de estas nuevas notas, que hasta el momento no habían trascendido, "trató de dar sentido a las iniciales que aparecían como destinatarias de las cantidades económicas reseñadas". 

No lo logró, pero reseñó en un informe fechado en febrero de 2016 esta página de la agenda, una de las últimas, la número 24, que incluye los nombres de 14 empresas, cuatro de ellas vinculadas a una cifra a través de una flecha, que se cotejaron con las siglas de otros folios de la libreta.

La relación comienza con Sacyr Vallehermoso, relacionada con un 1, seguida por OHL, a la que se vincula con el número 2. Aparecen a continuación Isolux-Corsán, Indra, Mutua Madrileña (3), el Corte Inglés (junto a un 4), Bankia, Liberbank, BBVA, Caja Navarra, Gas Natural, Repsol, Acerinox y AXA

La UCO partió de la hipótesis de que estas notas tenían que ver "con cantidades económicas que recaudaba Granados y que recibía el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez". "Guardarían relación con el PP de Madrid "pudiendo constituir un registro de aportaciones de terceros a la financiación del partido".

"Se trabajó sobre la posibilidad de que las entradas de dinero correspondieran con cantidades económicas entregadas por empresas privadas a cambio de haber sido favorecidas en licitaciones públicas o para predisponer a altos cargos de la Administración vinculados al PP a favor de estas empresas". 

El informe solo refleja, a modo de ejemplo, la citada página 24, pero indica que la relación continúa en otras tres hojas con "explícitas referencias manuscritas de importantes empresas y empresarios".

Analizó también varios nombres de directivos anotados por Granados que apuntó, por ejemplo, "Bankia - Goiri", en referencia al presidente de la entidad José Ignacio Goirigolzarri, "Mutua Madrileña - Javier Mira", director general de la aseguradora, "El Corte Inglés - Pizarro", por su consejero Manuel Pizarro, o "BBVA - Eva Piera", directora de Relaciones Institucionales del banco. No obstante, y más allá de algunas coincidencias de las compañías con el nombre de estos altos directivos, la UCO no pudo establecer "una vinculación directa con las aportaciones" reflejadas en otras páginas del cuaderno, y que ascendían a 2,1 millones de euros.

Lo que sí acreditó la UCO

La Guardia Civil reseña que halló la agenda en fecha "relativamente reciente", a pesar de que el registro donde se localizó fue efectuado en el domicilio de Granados en Valdemoro en 2014. El cuaderno contenía estas y otras notas manuscritas que los investigadores atribuyen a "un registro de entradas y salidas de dinero". La UCO no alberga dudas sobre otra parte del contenido de la libreta negra.

Cruzó los datos con otras pruebas documentales, como correos electrónicos y conversaciones electrónicas intervenidas, y detectó entradas de dinero bajo una columna señalada como 'IN' y salidas bajo la columna 'OUT'. Muchos de los importes quedaban asociados a siglas como JLM —que los investigadores relacionan con Javier López Madrid, hasta hace unos días consejero de OHL—, 'Np', que queda identificado como el jefe de gabinete de Granados Ignacio Palacios, y 'Me', traducción inglesa de 'yo', y que la Guardia Civil considera es el propio cabecilla de la Púnica. Esta parte de las anotaciones sí "refleja indudablemente recepciones y entregas de importantes cantidades de dinero", apuntan los investigadores."                (El Confidencial, 17/05/17)

13.6.17

El tesorero de CDC, Viloca, llevaba un "control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC"

"La Fiscalía Anticorrupción tiene pocas dudas de la actuación de Andreu Viloca en el cobro de los "verdaderos cohechos" recibidos por CDC en forma de donaciones al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. 

En un informe presentado en el marco del 'caso del 3%', el ministerio público atribuye al que fue tesorero de Convergència y de las fundaciones CatDem, Fórum Barcelona y Nous Catalans "un especial seguimiento" de las "adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local y provincial como autonómico".

La Guardia Civil, que logró reconstruir 11 de los documentos que el extesorero intentó destruir en la trituradora cuando se produjeron los registros, sostiene que del material intervenido en esas actuaciones se desprende el "control exhaustivo" que llevaba Viloca "de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC".

"[Es él] quien controla de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de CatDem y Fòrum Barcelona". En su despacho tenía anuncios de licitaciones que luego eran adjudicadas a empresas con cuyos representantes se reunía previamente y que en fechas inmediatamente anteriores o posteriores a la resolución del concurso habían donado a una de las fundaciones.

HASTA LLEGAR A GORDÓ

Aclarado ese extremo, la investigación se centró en "descubrir la cobertura que Viloca tenía en CDC para realizar las diferencias actividades delictivas que se le imputan (...) dentro de la estructura ideada para llevar dinero" al partido. Y las pesquisas condujeron a Germà Gordó, al que en las comunicaciones intervenidas se identifica como "Gregorio" o "Gerardo".

Tras rechazar una primera petición del juez, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acabó por aceptar los argumentos esgrimidos para investigar al 'exconseller' de Justícia y exgerente nacionalista. Era una reclamación de Anticorrupción, anterior a los registros del pasado febrero, "profundizar" en "quién o quiénes del partido CDC conocían y consentían, incluso ideaban, el sistema de adjudicaciones de obra pública determinadas por donaciones a CatDem que, finalmente, iban al patrimonio del propio partido político".

Sobre todo al constatarse en los registros la relación existente con empresarios, como Francesc Xavier Tauler, de Copisa, Juan Luis Romero Gamero, de Rogasa, y Josep Manel Bassols Puig (Oproler), y el también imputado Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, antes GISA."                       (El Periódico, 08/06/17)

12.6.17

La voracidad de Granados: un botín de 3.000 millones

"Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica, desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas concertadas". 

Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros. La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener beneficios personales".
La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre consejero de Presidencia.

 De él dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".


Un día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados", este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue controlado por Granados.

"Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones (autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas.

 "La investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22 consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la esfera de dominio y decisión de Granados".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que adjudicaron suelo en la Comunidad". 

La Fiscalía está cetrando sus pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.

Los planes Prisma

La Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).


Todos fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir.

 A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.

La Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia, potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma abusiva y fraudulenta.

 Con este traspaso ilegal de competencias, Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la mesa de contratación.

 La legislación determina que los componentes deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza. Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".

En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo, consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de 2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los consejos de administración de varios consorcios.

 "Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que "coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un enriquecimiento de su patrimonio".

La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013, que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a actividades profesionales que no han especificado". 

En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros. "En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de 3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.

Los 22 consorcios urbanísticos

La UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos consorcios, que han promocionado 40.000 pisos, estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de las mesas de contratación.

 "Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos, quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para construir vivienda pública", señala la Fiscalía.

"La investigación ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en reparto. 

A su vez, las parcelas sobre las que decidía el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda. 

Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.

Otra de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez, también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados. 

Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".


"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas, participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en el Gobierno y orgánicas en el partido regional".

"El juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite. Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad".                  ( ,, , El Confidencial, 11/06/17)

9.6.17

Las cloacas de Interior

"Patricia López, compañera de Público, y Carlos Enrique Bayo, ex director de este digital, llevan años regalando a los lectores una apasionante novela por entregas en la que salen, entre otros muchos personajes, el comisario Villarejo, el empresario Javier López Madrid, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, Ana Patricia Botín, Ignacio González, Adrián de la Joya, Mauricio Casals, Francisco Marhuenda, y un sinfín de empresarios, cortesanos, periodistas, policías y magistrados, todos con nombres y apellidos.

 Es una novela negra, negrísima, pero también es una historia de terror con visos tragicómicos: ahí está el pequeño Nicolás, que todavía asoma de vez en cuando su carita adolescente entre los altos tiburones de la jet set y las altas instancias de la Casa Real. Es un trabajo para optar al Pulitzer pero por desgracia estamos en España y sólo podría quedar finalista de unos Juegos Florales de pueblo, como mucho.

La historia apesta por los cuatro costados, por arriba y por abajo, por delante y por detrás, y tiene tantas ramificaciones, conexiones y circunloquios, que lo mejor es no hacerle ningún caso. Es exactamente lo que está consiguiendo: un magnífico, espectacular y casi unánime silencio mediático. Habla, chucho, que no te escucho.

 De lo que no se puede hablar, hay que callar, decía Wittgenstein en la conclusión del Tractatus Logico-Philosophicus, y no se rían que también hay otra Wittgenstein metida por medio, aunque la querida del rey emérito no comparte con el filósofo alemán más que el apellido.

El penúltimo episodio de esta saga -digo penúltimo porque vamos a zurullo diario- es que ayer martes, la doctora Elisa Pinto ha señalado sin la menor sombra de duda en una rueda de identificación al comisario Villarejo como el hombre que la apuñaló delante de su hijo.

 La rueda, como cualquier otra rueda de molino española, ha tardado en moverse lo suyo porque Villarejo es hombre de recursos y ya había aplazado las diligencias en dos ocasiones. El comisario está metido en tantos pollos, tantas intrigas y tantas pestilencias que es lógico que no pudiera atender los requerimientos de la justicia. 

A mediados de los noventa intervino en la operación de acoso y derribo del juez Garzón (el llamado Informe Veritas). La Unidad de Asuntos Internos le señaló como uno de los policías relacionados en el caso de la mafia china de Gao Ping. Ignacio González le acusó de hacerle chantaje.

De inmediato su nombre saltó en primera fila en relación con la brigada de la “policía política” montada durante la pasada legislatura en el ministerio del Interior que afectaba a diversos políticos catalanes, incluida la familia Pujol. Se trata de un comisario cuántico: no se puede determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. Hay que reconocer que, al lado de Villarejo, Paesa parece Torrebruno.

Hace poco, diversos medios publicaron la red de influencias que Villarejo había montado a través del instituto de práctica jurídica Schola Iuris y la asociación Transpariencia y Justicia para intervernir en los procesos judiciales donde aparecen implicados él y sus amiguetes.

 De este modo evitó que la fiscalía pudiera investigarle por blanqueo de capitales y también que se sentara en el banquillo por el caso Nicolás. El ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, dijo que se había enterado por la prensa de las reuniones entre el director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, y el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. No se le ocurre ni al inspector Clouseau.

 Lo ha dicho el mismo día en que la doctora Pinto identifica a Villarejo como el hombre que la apuñaló después del acoso implacable a que fue sometida por el empresario López Madrid, el “compi yogui” al que la reina Letizia dedicó este mensaje enternecedor: “Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde“.

Merde sería un gran título para la novela, aunque quizá suene demasiado francés. Bayo y López han preferido el más poético “Las cloacas de Interior”, aunque también podría titularse “El interior de las cloacas”. Si se llaman cloacas, será por algo. Las cloacas están mejor tapadas, que luego la mierda sale a chorros y vete a saber a quién salpica."                (David Torres, Público, 07/06/17)

8.6.17

Corruptores: en los casos de corrupción de políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la empresa que soborna

"¿Puede existir un corrupto sin que exista un corruptor? Para ser más precisos, ¿puede un responsable político o un alto cargo de la Administración cometer cohecho, es decir, ser sobornado, sin que alguien le soborne? 

La lógica dice que no. Si algún responsable público recibe o solicita dinero, o favores, habrá otro alguien que se lo da. Lo contrario sería algo así como un partido de tenis en el que sólo jugara un tenista. Esta lógica apenas se refleja en la cultura mediática en España.

Parece entenderse que el malo es el sobornado, que toma la iniciativa y chantajea al sobornador. ¿Siempre es así? Lo cierto es que el propio soborno conlleva esa pena. El corrupto que cobra da a cambio de ello dos cosas: el favor que se le retribuye y el asumir el riesgo y la culpa.
Algunas muestras de ello, ya conocidas. 

El caso Filesa. Fue una trama del PSOE para costear sus campañas electorales. Se descubrió en 1991. La sentencia declaró probado que 10 grandes empresas habían pagado entre todas casi 1.000 millones de pesetas, en dinero de hoy serían 8,5 millones de euros. Entre ellas figuraban el Banco Central, el BBV, la petrolera CEPSA, Pryca, Focsa, luego transformada en FCC, Abengoa o Enasa. No hubo por ello adjudicaciones de obras, contratas o cosas por el estilo. 

¿Qué obtuvieron a cambio? Sólo cabe entender que ganarse al partido en el poder con carácter general, lo que supone mucho más que una adjudicación aislada. Fueron condenados seis miembros de la trama y sólo dos empresarios. Estos, tan sólo a seis meses de arresto. ¿Iba implícita esta benevolencia del sistema judicial en el trato? 

Caja B del PP. Los Papeles de Bárcenas, que el propio extesorero del PP ha confirmado como auténticos, recogen pagos al PP de unos 3 millones de euros, entre ellos, de  grandes empresas: las constructoras OHL, Sacyr y FCC o Mercadona. Bárcenas ha negado que recibieran adjudicaciones concretas. ¿Por qué pagaban? Sólo cabe entender que por sostener el Partido Popular… y sus políticas. 

El Código Penal no contempla esto como cohecho, pese a ser un soborno, porque no hay una contraprestación concreta del responsable político. Pero lo que se obtiene es mucho mayor: mantener en el poder al que puede favorecer sus intereses. 

De hecho, hay muchas maneras de ganarse a políticos o de sostener a partidos que favorecen los intereses de los poderosos, como la citada financiación por vías indirectas, colocarlos en puestos bien retribuidos en las empresas una vez finalizado su mandato público o apoyar a los medios de comunicación que les son más proclives. Todo ello por vía legal. 

En los casos de corrupción de responsables políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la contraparte: que sus intereses se antepongan al interés general. En democracia, donde el interés general debe responder a la voluntad de los ciudadanos, consiste en torcer esa voluntad general a favor de quien tiene dinero para hacerlo. 

Se entenderá esto más claro con un ejemplo: si un equipo de fútbol soborna a un árbitro, incluso aunque sea el mismo árbitro quien se ofrezca al trato, lo más grave para todo el mundo no será el dinero que se lleva el árbitro, sino que con la operación el club corruptor ha ganado ilícitamente el partido.

Me proponía escribir un artículo sobre el otro lado de la corrupción en nuestro país. Y no suponía que fuera tan difícil. Ya lo sabemos, a un lado juegan políticos, responsables de la Administración. En la otra parte de la pista ¿quién está? La cosa debería resultar elemental. 

Pues no lo es tanto. No quiere decir que los investigadores de los casos manifiestamente ilegales no lo puedan saber, pero los ciudadanos tienen poco conocimiento de ello. Se dice una vez, dos, en los medios de comunicación y apenas hay reproche social hacia esa parte que juega, si no oculta, sí en el lado sombrío de la pista.

Hago una prueba bien simple. Enciendo el ordenador. Voy a Google. Escribo “políticos acusados de corrupción en España”. Le doy a return y ya está. Lo primero, Wikipedia. “Políticos de España implicados en casos judiciales”. Sólo hay que abrir la página y allí los tenemos: más de 500 políticos. Y es una lista creo que incompleta. 

Pero ahí está. Le siguen otros artículos más o menos precisos: “Así se reparte la corrupción en España”. “Cataluña lidera el ranking de corruptos procesados”. “En España hay un total de 3.000 personas investigadas en causas de corrupción”. En este se recuerda que hay políticos y empresarios de renombre, aunque de empresarios no se cita ni uno. Y así podemos seguir una, dos tres y tropecientas páginas. 

Acto seguido tecleo en el buscador “empresas acusadas de corrupción en España”. De nuevo le doy a return y encuentro “Tres empresas acusadas de corrupción en España fueron elegidas…” bueno, algo es algo… ¡ah, no! Se trata de una página de Chile. Lo mismo que la siguiente,… y la siguiente. La cuarta ya es española: una noticia de El País. Se refiere a las acusaciones que pesan sobre empresas que hicieron obras del AVE, pero no da nombres. 

 En fin, el resto de las páginas que veo se ocupa de corrupción de empresas alemanas en Grecia, un soborno en Guinea y  cosas así.  No es que no se puedan encontrar. Es posible, pero tienden a pasar desapercibidas y en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas. 

Y eso que, según el Índice de Pagadores de Sobornos, de Transparencia Internacional, de 2002, citado por un estudio del Real Instituto Elcano, “las empresas españolas estarían en Latinoamérica situadas entre las más corruptas; en concreto, de los siete países más exportadores de la región, las empresas españolas sólo serían superadas por las chinas en su tendencia a sobornar”. Hay que entender que en este caso debe tratarse sobre todo de grandes empresas, que son las que principalmente tienen presencia en Latinoamérica. 

La ley de contratos con las Administraciones Públicas prohíbe en su artículo 60 contratar con la Administración a quien haya sido condenado por tráfico de influencias, cohecho, corrupción en transacciones económicas, delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Faltan cosas, como la financiación de partidos políticos, pero sería interesante saber a cuántas empresas les ha ocurrido esto."                  (Emilio de la Peña, CTXT, 22/03/17)