24.4.18

"Hago trabajos universitarios para otras personas para ganar algo de dinero"

Portada de la web ApruebaTodo

"En estas fechas la mayoría de los estudiantes universitarios se encuentran finalizando las distintas asignaturas o los trabajos finales de grado (TFG) o máster (TFM). Algunos de esos trabajos tendrán la autoría de personas como Julia, aunque no estarán firmados por ella sino por alguien que ha comprado sus servicios a través de diferentes portales de Internet.

“Terminé mis estudios y no encontraba empleo. Me di cuenta de que hacer trabajos universitarios para otras personas era una forma de ganar dinero”, declara Julia (nombre falso) que cuenta con una licenciatura, dos másteres y con experiencia laboral en Estados Unidos. 

Según Julia, en este trabajo se puede ganar en un mes entre 150 y 200€, “una ayuda para hacer frente a los gastos corrientes”, aunque afirma que si se dedicara solamente a esto podría tener unos ingresos de "más de 1.000€, un sueldo de los que ya no hay”.

Estas empresas surgieron sobre todo tras la implantación del Plan Bolonia, caracterizado por incluir en los grados universitarios multitud de prácticas en las asignaturas (además del examen final) y el TFG. El Plan Bolonia ha supuesto un aumento de trabajo para los profesores y alumnos, pero estos últimos han encontrado en estas empresas una manera de aliviar su carga. Eso sí, no es accesible para todos los bolsillos.
“Hace 4 años hice un TFG sobre Historia de la Economía para una chica con la que contacté a través de un foro porque esas webs no eran tan conocidas como ahora. Elaboré 80 páginas y también le preparé el PowerPoint para que lo defendiera ante un tribunal académico. 

Le dediqué mucho tiempo y gané 1.000€”. Así nos cuenta Miguel (también nombre falso) su experiencia haciendo trabajos para otros. Tiene una licenciatura, dos másteres y ha participado en numerosos congresos académicos a nivel nacional e internacional.
“Tras haber tenido varios trabajos precarios, hacer este TFG supuso para mí ganar dinero por primera vez utilizando mis más de 8 años de formación”. Miguel no descarta volver a hacer esto si se queda sin trabajo, aunque señala que “ahora no se cobra tanto como hace 4 años. Han surgido estas webs que tienen a un montón de jóvenes formados y que están tirando los precios”.

“Disfruta de tu tiempo libre. Deja que trabajemos por ti”

“Con apruebatodo.com aprenderás y aprobarás mientras disfrutas de tu tiempo libre. Olvídate de largas y aburridas clases particulares que no te aportan nada, y deja que trabajemos por ti. Aprobado 100% garantizado”. Así es cómo vende sus servicios este portal web, que cuenta hasta con un chat online para aclarar todas las dudas que pueda tener el usuario. 

Para comprar un trabajo universitario en esta platafoma, primero debes introducir el nombre de tu universidad, la carrera que cursas y adjuntar las características del trabajo (tema, número de páginas y de referencias bibliográficas y la fecha de entrega). Después, la web contacta con sus “colaboradores”, como Julia, y les pide que pongan un precio. 

“Por lo general suelo pedir unos 8€ por página, a veces me los dan y otras no. Supongo que la plataforma elabora una especie de subasta y el que ponga el precio más bajo es el que se queda el trabajo”, afirma Julia, al mismo tiempo que confiesa que en estas fechas tiene mucha actividad.

 “Recibo 10 o 12 trabajos al día para que les ponga un precio. Estoy rechazando muchos porque no doy abasto”.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los responsables de Aprueba Todo pero no han querido hacer declaraciones. 

“Hice una entrevista de trabajo y me ofrecieron hacer un TFG"

Existe una gran demanda en la compraventa de trabajos universitarios. Cada vez son más los alumnos que recurren a estas prácticas. Es lo que se desprende del testimonio de Diego (nombre falso): “me hicieron una oferta de trabajo encuadrada dentro de mi formación . Pensé que sería una gran oportunidad para conseguir un empleo, pero cuando acudí a la entrevista de trabajo noté cosas raras. 

Me preguntaron sobre qué tal me había ido en la carrera y cómo me había salido mi TFG”. Al poco tiempo Diego descubrió la realidad que escondía esa oferta laboral “me ofrecieron hacer TFG para otros, ser colaborador  de su empresa. No hay contrato, ni factura, todo dinero negro. La empresa se llama Avanza y Fórmate y se dedican también a hacer TFM e incluso tesis doctorales”, confiesa Diego mientras nos dice que ha rechazado la oferta.

“Pagué 1.000€ por mi TFG de Obras Públicas”

El último año de la carrera suele ser el más difícil. Ante la imposibilidad de acabar el TFG en tiempo y forma, muchos temen volver a pagar los elevados costes de otra matrícula. Este fue el caso de Francisco (nombre falso) cuando cursaba el último año del Grado en Obras Públicas en una universidad privada.

 “Me encontré en la siguiente encrucijada: o pagar una nueva matrícula o  para que me hicieran el TFG. Al final pagué 1.000€ por el TFG y ahorré dinero y tiempo”, indica Francisco. “Tuve suerte porque un amigo mío que estaba en una situación parecida a la mía pagó 2.000€”. Ahora Francisco trabaja en una empresa vinculada al sector de la construcción.

“Si el tutor no controla, el tribunal tendrá dificultades para detectar la autoría”

José María Jiménez Cano, Profesor Titular de Lengua Española en la Universidad de Murcia y exdecano de la Facultad de Letras, cuenta con 36 años de experiencia como docente universitario y se muestra preocupado por el auge de estas plataformas web.
“Tenemos herramientas para detectar el plagio pero no para esto. 

Yo he estado en tribunales y he juzgado trabajos con serias dudas de que los haya hecho el alumno”, señala el profesor, mientras lamenta la dificultad para obtener pruebas fehacientes para averiguarlo. Aun así, se muestra confiado en que estas prácticas se pueden detectar: “si hay un contacto directo y constante entre profesor y alumno, dificulta la tentación del trabajo fraudulento”.
Sin embargo, Jiménez Cano reconoce que la enseñanza online o no presencial propicia el escenario perfecto para que estas prácticas “tramposas” se lleven a cabo. Por otra parte, el profesor destaca los tres factores que han provocado esta situación: “la percepción del TFG y TFM como un mero trámite (para profesores y alumnos), la masificación de las aulas y la precariedad laboral generalizada”.

Un TFM como el de Cristina Cifuentes desde 432€

La  exclusiva de eldiario.es sobre el falso máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha provocado que el término TFM sea conocido hasta por aquellos que se encuentran alejados de las dinámicas propias de la universidad. Si se analiza un máster de un año de duración (60 créditos = 1500 horas aprox.), el Trabajo Final de Máster suele equivaler a unos 18-24 créditos.
A pesar de los intentos de Cifuentes por demostrar que cursó y obtuvo el máster en la URJC como cualquier estudiante normal, una de las pruebas principales, el TFM, aún continúa en paradero desconocido, tanto para ella como para la propia URJC. Este periódico contactó con uno de los “compañeros” de Cifuentes en ese máster para que explicara las características del TFM que él sí presentó y defendió en octubre de 2012: un trabajo sobre sobre las televisiones autonómicas de 81 páginas, 16 notas al pie y escritas a verdana 12.
En menos de 1 minuto el portal Aprueba Todo ofrece un presupuesto orientativo para un TFM de esas características. El precio de partida será de 432€, que aumentará conforme se aporten más especificaciones sobre el mismo y, más aún, si se exige que lo hagan en un periodo corto de tiempo.
Cabe destacar que presentar un TFG o TFM hecho por otra persona no puede ser considerado como plagio. Cuando compras un trabajo universitario éste es ex novo y por tanto 100% original.

 En ese sentido, Julia nos confiesa que “la propia plataforma web utiliza programas informáticos para saber si el trabajo por el que me pagan está plagiado o no”. “Cuando el comprador presenta su trabajo en la universidad es muy difícil que alguien pueda detectar que la autora soy yo”.                   (Víctor Peñalver, eldiario.es, 21/04/18)

23.4.18

Los financiadores del PP valenciano: el rey del agua en Castellón, los amos de Alicante y el especulador que cuida dependientes

"Los empresarios valencianos que han reconocido financiar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana no son unos patronos cualquiera. Entre los nombres de los corruptos confesos se encuentran, desde el expresidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna; a la empresa que ostenta el monopolio del agua en Castellón, Facsa de Enrique Gimeno; pasando por las constructoras que gracias a una ley del PP se convirtieron en la firma con más plazas concertadas en residencias para mayores, Sedesa y Grupo Cívica de Vicente Cotino y Enrique Ortiz, respectivamente. 

Entre todos y sin contar a Piaf (de los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que está en concurso de acreedores) ingresaron el pasado año gracias a la contratación pública alrededor de 300 millones de euros. Gestión del ciclo integral del agua, depuradoras, limpieza de edificios públicos, recogida de basuras, mantenimiento de carreteras, trabajo con dependientes y obra pública. Todos los sectores donde existe inversión pública y que dependen de los ciclos políticos.

El primero en pactar con la fiscal y uno de los empresarios más importantes de Alicante es Enrique Ortiz, del grupo Cívica, conocido también por las grabaciones del caso Brugal como "la polla insaciable". Fue el patrono que abrió el camino a los demás y quien tiene otras causas por presunta corrupción abiertas.

Ortiz es conocido por haber presidido el Hércules Club de Fútbol y sus empresas continúan viento en popa pese a la crisis y sus implicaciones en escándalos políticos En 2016 sus empresas tuvieron un beneficio de 26 millones de euros con contratos tan importantes como la recogida de basura de Alicante. Con sólo una multa de 109.000 euros se ha librado de la cárcel tras confesar en el caso Gürtel.

A principios de la década del 2000, este constructor diversificó sus inversiones hacia el cuidado de dependientes a la sombra de una ley creada por el exconseller preso Rafael Blasco y regada con dinero a espuertas por el también exconseller Juan Cotino. Como socio eligió a otro de los empresarios confesos. Se trata de Vicente Cotino, con quien montó Savia Geroresidencias, una sociedad que tienen concertadas centenares de plazas públicas de mayores.

En 2009, la policía intervino una conversación entre Vicente Cotino y Enrique Ortiz, mientras el primero estaba de viaje en el Caribe. En la grabación ordenada por el juez, Ortiz le recuerda que hay que «presionar a Joaquín Martínez (secretario autonómico de Bienestar Social), y añade que «el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina». El conseller era Juan Cotino, tío de Vicente y a quien Álvaro Pérez El Bigotes acusa de ser el recaudador del PP. 

En la actualidad, Savia Geroresidencias continúa gestionado el mismo número de centros concertados para mayores que cuando se le adjudicaron en 2001. El PP le blindó un negocio para dos décadas.

Otro de los empresarios que han confesado haber financiado al PP durante los años 2007 y 2008 es Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, que tiene más de un siglo de historia. Gimeno tiene el monopolio del agua en la provincia de Castellón en municipios, en diputación y hasta en las depuradoras de la Generalitat, de las que gestiona el 90 por ciento. No tiene competencia en esta zona, pero tampoco se expande a otras, evidenciando un reparto del mercado más que particular.

Prácticamente sin salir de las comarcas de Castelló, la firma de Gimeno superó en los 100 millones de facturación en 2016 y los 8,5 de beneficio. El pasado ejercicio demostró que los cambios de gobierno a partidos de izquierda no le han afectado. Sigue ganando contratos millonarios.

Otro de los patronos de Castellón que ha aceptado pagar la multa y reconocer los delitos de falsedad documental y delito electoral es Gabriel Batalla. Su familia tenía la propiedad de Lubasa -ya condenada por amañar contratos- y le cambió el nombre para bautizarla como Becsa. Recientemente consolidaron todas las sociedades de la familia como el Grupo Obinesa, donde también tienen concesionarios de coches y una azulejera. Gabriel Batalla es el presidente, aunque el pasado año perdió el control de la sociedad al vender el 55 % al fondo Atitlan de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.

Sólo con Becsa, que es la empresa de obra pública que en 2017 ganó un concurso de la Generalitat de 25 millones para mantenimiento de carreteras, la sociedad que preside Batalla facturó en 2016 75 millones. Tuvo 550.000 euros de beneficio.

Rafael Martínez Berna llegó a ser el presidente de la patronal alicantina Coepa. Con su hermano Tomás Martínez Berna son propietarios de Hormigones Martínez, del Grupo Vallalba. Son los "príncipes" de la Gürtel, según la policía, y recientemente ganaron un concurso de más de 20 millones de euros por el mantenimiento de las carreteras del norte de la provincia de Alicante. Como Facsa con el agua en Castellón, en la obra pública también existe un reparto geográfico del mercado. 

Sólo a través de la empresa Hormigones Martínez facturaron en 2016 70 millones de euros y ganaron 1,3. La multa para evadir la cárcel que les impuso la fiscal por confesar les costó alrededor de 400.000 euros. 

Los que peor parados han salido de la crisis y de haber salido salpicados por el caso Gürtel son los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que, además de haber roto su relación personal, han llevado su empresa Piaf a concurso de acreedores. Son los empresarios más modestos de todos los implicados en la financiación del PP, pero en su día facturaban una media de 30 millones de euros. Piaf también está siendo investigada en otro presunto caso de corrupción vinculada a los populares, en este caso en Vila-real.

"Son todos los que están, pero no están todos los que son", dijo el Bigotes en el juicio de Gürtel."                 (Sergi Pitarch, eldiario.es, 23/01/18)

20.4.18

¿Cómo castigan los ciudadanos la corrupción? Los electores lo apuntan todo, y tarde o temprano, pasan la factura... la mitad de los electores que dejaron de apoyar al PP en 2015 lo hizo por los escándalos del partido

"La semana pasada, Transparencia Internacional presentó su último informe. Los dos últimos años la puntuación de España fue tan baja (un 58 sobre 100) que se asumió como el golpe final contra el suelo del pozo. 

Una vez allí, sólo quedaba remontar. Pero los datos de 2017 prueban que hay todavía espacio para el hundimiento. Hemos obtenido una nota de 57 en el índice de percepción de la corrupción. Junto a Hungría y Chipre, España es el país que más empeora en comparación con 2016.  (...)

 El partido del Gobierno, el que ganó tres elecciones, y según parece volvería a ganar, vive enfermo de corrupción. Unos casos saltan sobre otros: no es una gripe común ni un mal que ataca a un órgano concreto y prescindible como aún pretenden trasladar; el PP está podrido hasta la médula.

Paralelamente a sus victorias en las urnas, España se ha ido derrumbando en los datos de Transparencia Internacional. En 2004, anotábamos 71 puntos y nos ubicábamos en el puesto 22; y en 2011, dos años después de Gürtel, en el 31. 

Por entonces, Rajoy obtuvo mayoría absoluta. Surgen varias preguntas: ¿la corrupción no es tan crucial en la acción final del voto? ¿Sobredimensionamos su calado social? ¿La oposición ha sabido articular un buen discurso o ha caído en simplificaciones contraproducentes? ¿Cuáles son las dinámicas de la necrosis política para reflejarse en el voto?

Junto al desprestigio acarreado en el estudio, Jesús Lizcano, catedrático de la UAM y presidente de Transparencia Internacional, afirma que estamos ante “una inanición en el tema de la corrupción”. 

“Los partidos no han hecho nada, y no sólo en esta legislatura en la que hay un bloqueo parlamentario, sino en ninguna. Han ignorado a los ciudadanos y no trabajan para alcanzar un pacto de Estado en un asunto crucial”, lamenta Lizcano. 

Pone como ejemplo la Ley de Transparencia, que entró en vigor a finales de 2014 y sigue sin reglamento a día de hoy.  (...)

Esta parálisis en la práctica contrasta con la estrategia comunicativa de los partidos. La corrupción predomina en los argumentarios de la oposición al igual que en los contenidos de muchos medios de comunicación, pero el PP sigue anclado en el poder central (o el PSOE de los ERE en Andalucía). Parece que algo no cuadra. 

Desde la oposición, despliegan razones éticas, políticas y económicas; arguyen una mancha imborrable, una corrosión multiorgánica que “inhabilita” a los populares para ocupar puestos institucionales... Y aun así ganan. ¿Se ha agotado la fuerza del rechazo a la corrupción como motor de cambio? ¿Existió alguna vez esa fuerza?

Efectos electorales de baja intensidad

El experto de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III Pedro Riera no cree que la corrupción sea determinante. Puede existir un castigo, pero no suficiente como para propiciar un vuelco electoral: “Tiene pocos efectos electorales. No deja de ser un elemento más junto con la personalidad del candidato, el estado de la economía, la identificación partidista y la ideología”. Todo depende de cómo el votante ordene las aristas en su mente. 

Riera cuenta que hay pufos que se premian. Ocurre a nivel local o regional: “Los vecinos de una localidad pueden aprobar una recalificación ilegal de terrenos si se construye un centro comercial que crea puestos de trabajo para el pueblo”, explica. Es decir, la afectación a nivel personal condiciona el filtrado ético de las ilegalidades y, en consecuencia, su repercusión en el voto.

Eso ocurre a nivel local, pero a escala nacional la repercusión que la corrupción tiene para uno mismo deja de percibirse. La investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid Mariluz Congosto comprobó cómo empapan los casos en la gente a través de Twitter. Estudió 2012 y 2013, dos años bulliciosos de pufos. “La reacción fue mayor ante los escándalos que ante los sucesos que afectaban más al bienestar o a la economía.

 La indemnización al directivo de Bankia Aurelio Izquierdo (14 millones) o los papeles de Bárcenas aparecieron en el ranking por encima de la nacionalización de Bankia o los recortes aprobados en el Parlamento”, recuerda. 

Los escándalos con protagonista visible ofrecen un relato más fácil y un blanco más claro. Ayudan a poner de relieve el problema, pero a la vez la fuerza de la protesta se ejerce y se agota en el cuestionamiento de un individuo o un caso concreto.

 No obstante, la corrupción sí perjudica directamente a los ciudadanos: en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calculó que los agujeros causados por procesos de licitación viciados ascendieron al 4,6 del PIB, cerca de 48.000 millones de euros anuales. Solo entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales procesaron por corrupción a 1.378 personas implicadas en 166 casos

Aun así, “a la gente le cuesta ver el vínculo entre los casos de corrupción y las consecuencias que tienen para su propia economía”, señala Riera, el experto de la Fundación Alternativas. ¿Por qué no se graba esa conexión no ya en la mente, sino en el estómago del votante?

El ciudadano relativiza los delitos que apuntan a las formaciones de su espectro ideológico, y los medios, también condicionados por su línea editorial (y/o partidista), ofrecen un menú adaptable. Los canales, emisoras y periódicos de derechas suelen mostrar los casos que atañen a su órbita como hechos aislados; mientras tanto, los que tocan a la izquierda se formulan como expresión o tara inherente de esa ideología. Sucede lo mismo al revés.

La corrupción, por lo tanto, no tiene un significado claro y uniforme a ojos de la gente. Hay, además, un agravante en este periodo histórico en que la podredumbre corroe, sobre todo, las estructuras conservadoras: los medios tradicionales, los que abarcan más público, se sitúan a la derecha, centro-derecha y centro-progresismo. 

En consecuencia, se emprenden estrategias informativas esperpénticas: en tiempos de malversaciones millonarias y cohechos y blanqueos y prevaricaciones, el caso del alcalde de Zaragoza que cargó al Ayuntamiento un bote de gomina ocupó papel, píxeles y largos minutos en tertulias y telediarios. 

Los medios y el paradigma Castor

Hay un ejemplo menos ridículo de la importancia de los medios en la interpretación ciudadana. El jurista de la Universidad de Barcelona Joan J. Queralt destaca el Caso Castor como uno de los que, de manera más inapelable, evidencia cómo la corrupción impacta directamente en la gente. “Ha sido el mayor caso de España”, valora Queralt. 

El Gobierno de Zapatero emprendió un proyecto faraónico (la construcción de un depósito artificial de gas) cuyas condiciones de adjudicación y revocación se redactaron a la medida de la beneficiaria final: ACS, de Florentino Pérez. Antes de iniciarse las obras, el coste pasó de 400 millones de euros a 1.200 millones. 

El resultado fueron 400 terremotos, el abandono del proyecto y un agujero de 4.000 millones de euros (sumando los intereses a la indemnización de 1.350 millones) que elevaría la factura del gas de los españoles hasta 2044. En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se fijó esta compensación. 

Pero este episodio, salvo por el especial que le dedicó Jordi Évole en Salvados, se conoce poco, es, tal vez, el menos mediático: “¿Quién está detrás? Por un lado el Gobierno y por otro Florentino, evidentemente no será un tema central para El País”, critica Queralt.

Esta suerte de filtro burbuja mediático se suma, a juicio de Queralt, a la escasa propensión por parte de la mayoría de votantes a cambiar su papeleta: “Solamente el votante de izquierda y de cierto nivel cultural es sensible a la corrupción; el resto, que es la gran mayoría, la perdona cuando afecta a los suyos”. Además, el sistema electoral provoca que, en la acción de perdonar a los suyos, en realidad, uno se perdone a sí mismo.

Se votan listas enteras, bloqueadas; es un órdago del partido a sus simpatizantes: se apoya todo o nada, y nada puede suponer que gane otro partido cuya ideología y gestión consideran perniciosas. 

La expresión crítica no cabe en una papeleta, lo cual abre un círculo vicioso: el propio PP, por voz de personajes como Carlos Fabra, ha expresado muchas veces que las urnas lo han exculpado de responsabilidades políticas. Este pensamiento puede significar dos cosas. Que el PP ve a sus votantes como fanáticos sin capacidad de reflexionar con matices; o que su cinismo ha perdido ya todos los límites.

Una de las mejores producciones axiomáticas para neutralizar el castigo es convertir a toda la sociedad en delincuente potencial, democratizar el impulso corrupto: “Todos lo somos por naturaleza”.

 La premisa consiste en que las irregularidades no dependen de la clase social o la ideología o cualquier otra condición, sino, por un lado, de la existencia de una cuota de poder y, por otro, de la probabilidad: siempre habrá un determinado número de manzanas podridas o escuerzos. 

La realidad desmiente esta creencia. Según los expertos de Transparencia Internacional y de la Fundación Alternativas, en España la corrupción es eminentemente política y empresarial; no existe un problema de corrupción administrativa. Los jueces, policías, administrativos o funcionarios actúan, en general, limpiamente.

En estas circunstancias, ¿cómo es que la nueva izquierda de Podemos no ha rentabilizado la carcoma y, al contrario, se desploma en la intención de voto? Quizá, la respuesta se encuentre en la esencia descolorida del asunto corrupción. Como explica el politólogo Pedro Riera, entre los factores determinantes del voto hay temas que contienen mucha ideología y otros que no: la corrupción es de los que menos. Aquí se ubica el error estratégico de la izquierda y, en concreto, de Podemos.

 El partido de Pablo Iglesias ha venido centrando excesivamente su mensaje en este tema y su proyecto social ha acabado difuminándose. “¿Hasta qué punto al final la corrupción, a pesar de estar asociada al PP, está haciendo un flaco favor a los partidos de izquierda? Si la batalla electoral y política se situara en otras coordenadas más ideológicas tal vez estos tendían mayor ventaja electoral”, reflexiona Riera.

 En cambio, Ciudadanos, a pesar de sustentar las administraciones más contaminadas, sí araña votos. El partido de Rivera, un proyecto desleído per se, se diluyó más a causa del debate sobre la corrupción (y de sus incoherencias en este terreno). Pero el Procés se exacerbó y, colateralmente, otorgó a los naranjas solidez ideológica: un posicionamiento claro y contundente en un asunto principal.

 El otro factor puede explicar el usufructo de la corrupción por parte de Ciudadanos es la ideología económica. Como apunta Ignacio Sánchez-Cuenca en La superioridad moral de la izquierda, la izquierda está inerme ante el liberalismo: sus postulados económicos constituyen hoy “una especie de filosofía espontánea”, un sentido común.

El debate de lo práctico y la gestión está ganado por la derecha. Si el votante percibe más seguridad económica en un partido, mantendrá su voto en él aunque pese la sombra de la corrupción sobre sus siglas. Esta inercia ayudaba al PP a parar el golpe, y ahora va en su contra porque C’s se corporeiza como la opción donde los partidarios del centro y la derecha pueden lavarse la conciencia sin arriesgar su tranquilidad.

La factura atrasada del PP

Parece, en ocasiones, que la mejor manera de corromperse es hacerlo de manera total. Se diría que un caso, dos o cuatro pueden zaherir a una formación; pero cuando hay 50 o 70 y el mundo no se cae (porque el mundo nunca se derrumba, o no lo hace al menos en el grado que gritan los tertulianos y los políticos), la cosa acaba normalizándose, aceptándose. 

Para Belén Barreiro, expresidenta del CIS y directora de MyWord, el votante desconecta, pero no del todo: “Yo no creo que la ciudadanía se inmunice ante la corrupción. El ciudadano puede perder el interés en conocer los detalles de los casos, que son muy complejos, pero sí toma nota de cada uno de ellos, y eso provoca que vaya aumentando la sensación de que un partido está podrido de corrupción”, matiza.

“En coyunturas extraordinarias”, explica Barreiro, “cuando hay asuntos relevantes y urgentes, como ocurría con la crisis, la corrupción tiende a afectar menos, pero sí lo hace en momentos de ciclo económico normal. La corrupción no se tolera, pero sus efectos pueden ser tardíos”. Es decir, hay un poso de indignación subterráneo que aguarda el momento propicio para manifestarse.

Según sus investigaciones, la mitad de los electores que dejaron de apoyar al PP en 2015 lo hizo por los escándalos que atenazan al partido. Aun así, Rajoy ganó. “Pero ahora pasamos a un escenario distinto donde el miedo a que gane Podemos ha disminuido y aparece la alternativa de Ciudadanos que resulta razonable para personas del centro-derecha o de la derecha. Es posible que el PP pague su factura adicional por la corrupción en las próximas elecciones”, pronostica la directora de MyWord. Se avecinan tiempos de histeria popular."              (Esteban Ordóñez, CTXT, 27/02/18)

19.4.18

“Me han venido dos matrimonios aquí para meterse a los pisos estos de Sacyr. ¿Qué es lo que hago yo?” “Es que Tío, si no está usted ahí ya sabe lo que va a pasar. Que se ocuparán todos. No hay más”

"Dos hombres están sentados en un banco de una calle de La Mina. Charlan. Podrían ser dos jubilados. Pero no. El más flacucho, con bigote, es Tío Cristina, patriarca gitano y capo de la droga en el barrio. El otro es Félix Riesco, un inspector de la Policía que ha pasado media vida profesional hurgando en este conflictivo enclave de Sant Adrià de Besòs. Una cámara de la policía graba la escena a una distancia prudente. 

Tío Cristina se gira hacia el policía y saca del bolsillo de su camisa azul de manga corta un fajo de papeles arrugados. El inspector se levanta y se aleja caminando. Unos minutos después, los agentes le paran. Le preguntan qué le ha dado Tío Cristina. Contesta que le ha facilitado unas matrículas porque es su confidente. La coartada se desmorona cuando los agentes comprueban que Riesco lleva 300 euros en la cartera.

Félix Riesco fue detenido en junio de 2017 por la Policía Nacional. La investigación sostiene que el inspector, entonces jefe de la comisaría de Mataró, era un topo a sueldo de Tío Cristina, apodo de Ángel Amaya Montero, de 76 años. A cambio de sobornos como el que fue filmado, Riesco alertaba supuestamente al clan de operaciones policiales. El chivatazo más sonado del que sospechan los Mossos es de noviembre de 2015.

 De madrugada, 1.500 mossos desembarcaron en La Mina durante la Operación Titán, que intentó desmantelar el supermercado de la droga (cocaína, heroína y marihuana) que aún hoy es el barrio. La policía detuvo a 83 personas. Entre los objetivos había dos miembros relevantes del clan de los Alunda, el que gobierna Tío Cristina. Pero, curiosamente, cuando los agentes llegaron al domicilio se habían dado a la fuga. “Los jambos van a venir a casiles esta noche”, se escuchó en uno de los teléfonos intervenidos.

“Nos faltaron dos Alundas, y ahí surgieron con fuerza las sospechas sobre el inspector”, explican fuentes de la investigación. Pero Riesco trabajaba en el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, para dar el soplo, tuvo que ser alertado a su vez por alguien que estuviera al corriente de la operación. “Seguramente aprovechó su condición de inspector veterano para sacarle el dato a algún mosso, que se lo pudo dar en una indiscreción”, admiten las mismas fuentes.

En los pinchazos telefónicos del caso, Riesco presume ante Tío Cristina de sus contactos en la fiscalía y en los juzgados. Es la manera que ve para justificar su sobresueldo. “Esos alardes eran falsos, no tenía contactos en ningún sitio”, agregan fuentes de la investigación. 

 Tampoco es que el patriarca le premiara sus servicios con demasiada generosidad. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona, Josep Maria Noales, no ha podido constatar un incremento espectacular en el patrimonio del policía. Ni casas en la Costa Brava, ni yates, ni coches de lujo.

En su declaración ante el juez por cohecho y revelación de secretos, el inspector negó haber cobrado del clan gitano. Insistió en que Tío Cristina era un confidente valioso, que había aportado información clave para asestar golpes contra el tráfico de droga en La Mina. O sea, un chivato. Riesco incluso aportó al juzgado un listado de operaciones policiales que, supuestamente, fueron posibles gracias a la colaboración del patriarca gitano, que así recibía un trato más benévolo para sí y sus familiares.

Pero de la misma forma que le había comprado con unos cuantos billetes, Tío Cristina le vendió. El patriarca decidió colaborar y, en su declaración, admitió que había pagado por los servicios al inspector. “Lo explicó todo al detalle”, señalan las mismas fuentes. El juez le preguntó, entre otras cosas, si la noche de noviembre de 2015 había recibido el aviso de Riesco para huir: “Bueno”, dijo el patriarca, que quedó en libertad con cargos mientras que Riesgo ingresó en prisión.

Aunque salió un tiempo en libertad condicional, desde el pasado octubre el inspector vuelve a estar en prisión. Por orden de la Audiencia de Barcelona y por riesgo de fuga. Fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Sin embargo, ha aprovechado este periodo para jubilarse, lo que le permitirá percibir la pensión de policía antes de que le echasen del cuerpo, en caso de ser condenado. La investigación está a punto de concluir y Riesco, a un paso de sentarse en el banquillo.

Pisos ocupados

Además de suponer un nuevo golpe al tráfico de drogas y de implicar a un inspector de Policía, el caso también ha puesto al descubierto la forma en la que el Ayuntamiento de Sant Adrià ha gestionado los asuntos en La Mina. El tercer teniente de alcalde, Juan Carlos Ramos –criado en las calles del barrio- y el gerente del Consorcio de La Mina, Juan Luis Rosique, permanecen imputados. 

El juez les acusa de pagar con dinero público a Tío Cristina –también conocido como Tío Ángel- por ejercer la vigilancia sobre los pisos vacíos que el Consorcio mantiene construidos allí desde 2012, y que aún hoy están pendientes de adjudicar.

A Ramos se le ve incluso llevar sobres en mano, con dinero, para entregárselos a Tío Cristina. Los funcionarios vieron en esa concesión una fórmula de mantener “la paz” en el barrio. Si el clan más poderoso de La Mina, el de los Alunda, controlaba los pisos, había garantías de que no serían ocupados. 

“El solo conocimiento popular de que el clan Amaya-Alunda vigila estas viviendas genera que no se produzcan intentos de ocupación ilegal”, consta en un informe de los Mossos. Los Alunda, según la policía autonómica, son “la banda que controla de forma delictiva el barrio”, aunque curiosamente a Tío Cristina no le constan antecedentes policiales antes de esta operación.

 En una de las conversaciones, hacia marzo de 2017, Tío Cristina se muestra nervioso porque no cobra por las vigilancias. Y amenaza con dar la señal para que los pisos sean ocupados. “Me han venido dos matrimonios aquí para meterse a los pisos estos de Sacyr.

 ¿Qué es lo que hago yo?” Ramos, con el que mantiene una relación casi de confraternidad, le responde: “Es que Tío, si no está usted ahí ya sabe lo que va a pasar. Que se ocuparán todos. No hay más”. Pareció premonitorio. Hoy, con la fórmula fuera de juego y en plena instrucción judicial, los más de 30 pisos del Consorcio están todos ocupados. La unidad de mossos que lideró las investigaciones contra el clan ha sido desmantelada."             (Jesús García, El País, 02/04/18)

18.4.18

'Mucha gente de la Universidad Rey Juan Carlos no está libre del miedo'

"Concha Mateos es profesora interina de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 1 de octubre de 2006. Desde 2008 está acreditada para poder tener otro tipo de contrato, indefinido, pero no se han convocado plazas por lo que le renuevan el contrato cada junio. 

A pesar de esta situación, Mateos es una de las pocas voces que ha sido crítica con la Universidad Rey Juan Carlos tras la polémica con el máster de Cristina Cifuentes.
Pero no sólo pone el foco de atención en el caso de corrupción que se ha destapado: también pone en cuestión la gestión de la universidad en manos privadas, la falta de transparencia y toda la cultura académica.

Siempre se ha señalado la vinculación de la URJC con el PP, ¿era cuestión de tiempo que saliera a la luz un caso como el de Cifuentes?

Si se acumulan irregularidades es lógico que salgan a la luz porque un proceso irregular de obtención de un máster no puede ocurrir sin la participación y la implicación de una cadena de personas. Si hay más casos parecidos, inevitablemente con el tiempo creo que irán saliendo a la luz.

¿Esto demuestra que la URJC, una universidad pública, está dirigida por políticos?

Si se confirma todo lo que estamos viendo, que hay indicios más que sólidos para creer que muchas de las cosas se van a confirmar, y otras ya se han confirmado, no es tanto que la universidad esté dirigida por políticos, pero sí que hay una injerencia muy grande de grupos políticos y un atentado contra la autonomía.

¿Y también demostraría que la universidad está gestionada de manera privada?

La autonomía universitaria es una garantía constitucional, un derecho y un principio básico, lo que quiere decir que nuestra sociedad considera que es muy importante que la investigación y la docencia se puedan hacer al margen de las injerencias del poder ejecutivo y del Gobierno. Cuando hablamos de espacios privados, como el Instituto de Derecho Público (IDP), el instituto que ha impartido el máster al que parece que accedió Cristina Cifuentes, es un instituto que tiene un CID, una identidad jurídico-administrativa diferente al de la URJC. 

Es como si fuera otro sujeto institucional diferente y tiene capacidad para la autonomía económica, para gestionarse como quiera. La persona que lo lleva no tiene que rendir cuentas a la universidad. De hecho, tiene títulos que no están firmados por la URJC, porque hay títulos que otorgan que no han pasado el filtro y la acreditación de la ANECA, la oficina oficial del Ministerio que garantiza los títulos de las universidades.

"El IDP sólo tiene que rendir cuentas al consejero de educación, un cargo político"
Funciona de la siguiente manera: ¿es un instituto público? sí, ¿puede ingresar dinero privado y pagárselo a personas que quiera? sí, ¿puede contratar a los profesores que quiera? sí, ¿y estos profesores tienen que ser contratados para dar un curso a través de una oferta pública y que haya un tribunal público? no. 

Y tienen que rendir cuentas directamente a la Consejería, al consejero de educación, que es un cargo político. ¿Cómo es que un instituto público de una universidad que es autónoma tiene que rendir cuentas al gobierno?

¿Qué se puede hacer para que esto deje de ser así?

Hay dos elementos básicos. Uno es este tipo de concesiones legales que permiten que institutos como este puedan eludir el escrutinio público. Todo lo que es público, financiado por dinero público debería tener las cuentas públicas y estar controlado por órganos colectivos donde estén representados todos los miembros de la comunidad académica: estudiantes, profesores y cargos públicos. Y tiene que estar auditado públicamente, por tanto, no debería haber institutos semiprivados.

Por otro lado, la financiación no puede depender de concesiones en las que según lo que se haga se dé más o menos dinero porque entonces no se garantiza la autonomía económica. La universidad tiene que tener una financiación que no esté supeditada a que el gobierno de turno tenga ganas o no de darle dinero. 

Y, como elemento ya no de marco legal sino como elemento de democracia y transparencia, los miembros de la Universidad, profesores, estudiantes y personal administrativo, tendremos que estar alerta, ser críticos y ejercer nuestro derecho a preguntar y reclamar la transparencia. Tener una actitud política más activa.

¿Qué le parece la gestión hasta ahora del caso por parte de la Universidad y del actual rector?

La URJC ha dado un giro en su posicionamiento público. En el comienzo creo que fue lamentable la defensa no contrastada y ciega del expediente de Cifuentes que fue el primer movimiento público de universidad. Creo que fue un error, lo lamento y no lo apoyo. Después ha habido un giro. 

El rector ha hecho dos cosas: emprender la investigación interna y remitir a la fiscalía los indicios de delito. La vía judicial tendrá que dirimir la responsabilidad jurídica. Y es muy correcto que si hay delito lo dirima. Estoy de acuerdo con ambas iniciativas.
"Faltan que se tomen responsabilidades académicas: anular o no el máster de Cifuentes y qué se hace con el IDP"

Pero aquí no se acaba todo. Faltan más responsabilidades académicas: anular o no el máster de Cristina Cifuentes o qué se hace con un departamento y un instituto en el que hay riesgo de que otorgue títulos sin garantías. Y el rector tiene que tomar decisiones sobre las responsabilidades académica. De momento, se ha anunciado la suspensión del director del máster, Enrique Álvarez Conde, algo muy poco usual. Pero es urgente que el rector tome más decisiones porque lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente.

Otra cosa que me parece muy importante y que no se ha hablado mucho es que en el instituto hay un consejo académico asesor. Hay una serie de personas que tienen su prestigio por estar ahí, el Ministerio les reconoce un mérito, que es parte de los méritos que hay que recolectar para tener una plaza fija.

 Bien, ¿y qué han hecho? ¿la gente está ahí por figurar o hace algo? ¿qué ha asesorado? Cuando pones los nombres de gente importante estás diciendo que esas personas respaldan lo que hace el instituto, ¿el rector le va a pedir responsabilidades a esas personas o estas personas no sabían nada? Porque ahora hay como una especie de enfermedad pública de las personas que están implicadas en casos de corrupción por la que nadie sabe nada. Hay que preguntar qué saben sobre esto. Son decisiones académicas y el rector se tiene que posicionar sobre ellas.

Este caso abre una perspectiva muy crítica con la Universidad en la que se está viendo que hay más prácticas irregulares. Y se están recordando muchas otras. ¿Por qué hay tantas pocas voces críticas desde dentro de la URJC?

Hay pocas voces críticas porque los profesores tardamos mucho tiempo en tener una plaza consolidada. Estamos siendo evaluados continuamente por tribunales académicos. Por ejemplo, las publicaciones que sacamos cada año tienen que ser reconocidas y presentadas a la universidad, y parte de nuestro sueldo depende de los méritos de publicaciones y congresos. También solicitamos proyectos de investigación que los concede el Ministerio y tenemos que pasar evaluaciones que nos van dando acreditaciones que las realiza la ANECA.

"Sólo la hipótesis de que la represalia puede existir es una negación de la democracia"
En todos estos espacios hay otros profesores evaluando, profesores generalmente de mayor rango. Y hay una creencia de que si le caes mal al tribunal, el tribunal no te va a evaluar bien  que esto importa más esto que tus méritos. Esto es una peste, una carcoma y una enfermedad democrática. 

Mientras sigamos pensando esto los profesores están esclavos: si en nuestra mente, si en la tuya como periodista, en la mía como profesora, en la de los padres, en la de los alumnos, en la de cualquiera, está la idea de que se nos puede represaliar por lo que digamos o de sufrir un castigo por lo que decimos, sólo porque en nuestra mente esté esa idea, al margen de que nos castiguen o no, esto niega la democracia. 

La hipótesis de que la represalia puede existir, sólo la hipótesis, es una negación de la democracia porque la democracia no existe si la gente no está libre de este temor. Y la realidad es que mucha gente de nuestra universidad no está libre de este miedo, y por eso no se habla con claridad.

Parece complicado quitarse este temor.

Indudablemente. Es muy difícil quitárselo, pero hay que tener en cuenta que si ese temor existe, estamos diciendo que no hay democracia. Y existe, por tanto estamos diciendo que no hay democracia. Es muy difícil cambiarlo porque es una cuestión de cultura. Debajo de todo estamos viendo que ya no vale es la cultura académica que tenemos: nuestros valores, la forma de vivir y organizarnos en la universidad. Hay que enterrar esta cultura académica y construir una nueva."                    (Entrevista a Concha Mateos, profesora de la URJC, Beatriz Asuar, Público, 15/04/18)

17.4.18

Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados

"Una empresa auditora de alimentos acaba de destapar la caja de los truenos al denunciar fraude generalizado y malas prácticas en los productos de cerdo ibérico.

Acerta, una empresa dedicada a las inspecciones de productos ibéricos desde 2009, acaba de anunciar que abandona los trabajos de certificación de productos procedentes del cerdo ibérico para enfocarse en otras áreas alimentarias.

La compañía ha lanzado una dura acusación contra el sector al asegurar que las entidades que deben inspeccionar y certificar la autenticidad de los productos también están involucradas en el fraude.

El director general de la empresa, Matías Romero, ha comunicado públicamente la retirada de un sector convulso. La Guardia Civil inició una investigación contra el fraude del jamón ibérico contra Comapa, el mayor distribuidor de jamones de España, por vender jamones de cebo como ibéricos de bellota en algunas cadenas de supermercados, entre ellas, Carrefour.

El bajo precio del supuesto jamón ibérico de bellota low cost levantó las suspicacias del sector que considera “imposible” la venta de jamones de bellota por debajo de los 300 euros. Carrefour llegó a vender jamones incluso por debajo de los 200 euros, tal como ha publicado este diario.

Los productores de alimentos procedentes del cerdo ibérico están obligados a contratar los servicios de entidades inspectoras y certificadoras para que verifiquen que el producto cumple con las especificaciones de su etiquetado. Estas entidades son empresas privadas pagadas por el propio fabricante y que en la práctica funcionan como colaboradoras de la administración.

Con estas auditorías se intenta evitar, por ejemplo, que un productor venda como un jamón ibérico de bellota una pieza procedente de un cerdo que ha sido alimentado en una granja con costes de producción mucho más reducidos.

Complicidades y falta de control

El fraude de falsos productos ibéricos ha alarmado a los productores tradicionales del ibérico que denuncian falta de control por parte de las autoridades. “¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, explicó el director general de la compañía en un comunicado público. 

Y la empresa lanza acusaciones sobre quienes hasta ahora han sido competidores. “Determinadas actuaciones de ciertos operadores del sector han puesto en tela de juicio la fiabilidad de las entidades de inspección. Tanto es así que hoy por hoy se presuponen cómplices de un fraude generalizado”.

El auditor alimetario da un portazo al insinuar que la corrupción se ha apoderado tanto de las empresas productoras como de las auditoras que deben certificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

“En Acerta queremos hacer las cosas bien. En la mayoría de los casos lo conseguimos a un gran nivel; en otros no tanto, la autocrítica nos sirve para aprender. Pero, en cualquier caso, nuestros valores siempre están por encima de las oportunidades económicas. Desgraciadamente, para nosotros la inspección de cerdo ibérico ha acabado siendo una actividad desmotivadora”, asegura el comunicado.

El creciente fraude de los falsos productos ibéricos tiene "difícil solución, según la compañía. “Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes y, en consecuencia, cada vez es más difícil sacarlas del juego, desautorizarlas, quitarles la acreditación, pues miles de productores se quedarían sin poder calificar su producto y el mercado quedaría desabastecido”.

La empresa también ha acusado al Ministerio de Agricultura y a las administraciones autonómicas como por su complicidad con el fraude. “El ministerio y las comunidades autónomas son conscientes de esto pero miran para otro lado.

La compañía solicitó el fin de las actividades el 20 de febrero pasado y dio un plazo de un mes a los productores para que buscasen otra entidad certificadora.

El director de la empresa, que también certifica otros procesos de seguridad alimentaria y acuicultura, culminó su carta de despedida con una frase demoledora. “Esperamos poderlos atender en otros ámbitos donde nuestro trabajo tenga sentido y aporte valor, y donde podamos ser realmente un eslabón de la cadena de generación de confianza para el consumidor”."                    (David Placer, Economía Digital, 16/04/18)

16.4.18

Pablo Casado aprobó todos sus “posgrados” en Harvard, Georgetown y otras universidades con apenas 40 días de clases y sin exámenes. Aprobó el Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sin saber quiénes eran sus profesores y sin hablar jamás con ellos


Diplomas académicos de cursos de "posgrado" que Pablo Casado, portavoz del Partido Popular, mostró en su cuenta de Twitter

"Sin ánimo de petulancia, no necesitaba este título”, aseguró Pablo Casado cuando surgió el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El portavoz del PP había obtenido en 2009 ese título oficial en el mismo Instituto de Derecho Público que Cristina Cifuentes y con el mismo tutor, Enrique Álvarez Conde, que este viernes ha sido suspendido por la URJC

"Yo era un veinteañero, absolutamente anónimo", dice Casado, que entonces ya era diputado autonómico y presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid liderado por Esperanza Aguirre.

 “Ya tenía cuatro posgrados, dos en Estados Unidos y dos en España”, ha argumentado Casado en repetidas entrevistas para explicar que no necesitaba este máster nada más que para aprobar el doctorado porque ya había hecho “un gran esfuerzo, en tiempo y en dinero, en hacer estos posgrados” (ver vídeo).



La realidad es que obtener estos títulos ni supuso un esfuerzo tan grande ni le costó tanto dinero. En la mayor parte de estos cursos, de entre dos y diez días de duración, fue becado por ser parlamentario. Son todos ellos programas de formación que no requieren de ninguna titulación previa, así que no se les puede calificar como "posgrados", como los llama Casado.

Este jueves, eldiario.es desveló que uno de estos “posgrados” en Estados Unidos en realidad se cursó en el barrio de Aravaca, en la sede del IESE en Madrid, no en Estados Unidos, y que duró solo cuatro días. Casado aseguró a El País que “había ido allí en avión”, aunque después matizó a eldiario.es que se refería a “otro curso” en Harvard.

Tras esa información de eldiario.es, Pablo Casado respondió en las redes sociales difundiendo una foto con siete de los certificados de estos títulos: los cuatro “posgrados” y otros tres más de Harvard, Georgetown, Iese, Deusto, IE, IEB y la Complutense. El análisis detallado de cada uno de estos títulos demuestra que el esfuerzo “en tiempo y en dinero” no fue tan grande.

1. Harvard University. John F. Kennedy School of Government: Driving Government Performance (DGP).

 Un cursillo de “estrategias de liderazgo” que impartió un profesor de Harvard, Robert Behn, entre el 16 y el 19 de junio de 2008 en el campus de Madrid del IESE, en el barrio de Aravaca. En total fueron cuatro días a jornada completa, de 9 a 21:00, incluyendo desayuno, comida, café y cena. 

El único requisito para obtener el título era la asistencia a clase y el pago del seminario, que estaba patrocinado por la Comunidad de Madrid, en un momento en que Pablo Casado era diputado autonómico. El precio era de 2.000 euros. Casado “no recuerda” si pagó esa matrícula o fue becado.

A través de fuentes de la Junta de Castilla y León –otro de los patrocinadores de este programa– eldiario.es ha podido confirmar que Casado, al igual que el resto de los políticos que participaron en este curso, fue becado.

2. Georgetown University. The Goverment Affairs Institute

Según el currículum oficial de Pablo Casado que figura en el Congreso, en esta universidad estadounidense cursó un programa titulado “CLS”. Con esas siglas, en Georgetown solo existe el Certificate Legislative Studies, que es un exigente curso presencial de 18 meses, un título que no coincide en absoluto con la explicación que dio Casado a eldiario.es cuando le preguntó por sus “posgrados”. “Fue en agosto de 2008 en Washington”, aseguró Casado a eldiario.es el jueves. ¿Cuántos días? “No lo recuerdo exactamente”.

En la fotografía que Casado tuiteó de sus diplomas de "posgrado", el certificado de Georgetown, casualmente, es el único que está parcialmente tapado por otros papeles. Solo se lee una palabra del título del curso, “Congressional”, y un fragmento de una letra que parece una “O” y no una “L” –que es lo que haría falta para que correspondiera a las siglas “CLS” que aparecen en su currículum ligadas a Georgetown.

Con “Congressional O…”, aparece en la web de Georgetown un cursillo de verano que sí cuadra con los datos de duración que da Casado y con el papel que muestra parcialmente: el “Congressional Operations Seminar”. Como el título de Harvard que recibió en Aravaca, es otro seminario de cuatro días que no requiere más que la asistencia a las clases para conseguir el certificado.

El viernes, Casado ha confirmado a eldiario.es que, en efecto, se trata de este curso de menos de una semana, no el CLS. “Era el único español de 50 alumnos y el resto eran casi todos militares, del departamento de inteligencia o de la NASA”, explica Casado, que asegura también que pagó por esta formación 1.390 dólares.

¿Por qué presumió de un título de Georgetown de 18 meses cuando en realidad había realizado un cursillo de verano de menos de una semana? Según Casado, en su currículum definió este curso como un CLS porque este programa de cuatro días “forma parte del CLS”.

Ha sido emocionante recibir en el @Congreso_Es a mi vicedecano Ernst y otros compañeros de @Georgetown, donde estudié y di clase en la @msbgu. Una década después sigue siendo una universidad muy unida a España gracias a FelipeVI y la cátedra Príncipe de Asturias.


3. IESE. Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (PLGP).  

Se trata de un  curso para políticos y cargos públicos que imparte esta escuela de negocios de la Universidad de Navarra. Casado lo cursó entre 2006 y 2007 y consistía en un lunes de cada mes desde otoño hasta primavera. En total, diez días lectivos, de los que solo unos pocos fueron una jornada completa; normalmente, el horario era solo de tarde. Tampoco había exámenes y bastaba con asistir esos diez días para lograr el título.

En la actualidad, tiene un coste de 3.800 euros. En la mayoría de los casos, la matrícula es gratuita para los políticos que dan el curso, según ha explicado a eldiario.es otro alumno que también completó este programa. La mayor parte de la matrícula se paga con una beca de la Fundación Rafael del Pino y el resto, habitualmente, desde los distintos partidos, confirman otras fuentes del IESE.

Casado ha explicado a eldiario.es que pagó “segurísimo” la parte de la matrícula que quedó pendiente tras la beca de la Fundación Rafael del Pino, pero que “no recuerda cuánto era”.

4. IE Business School. Programa Ejecutivo de Gestión para diputados de la Asamblea de Madrid.  

Se trata de un curso que organizaba el Círculo de Empresarios con el Instituto de Empresa. En cada edición –ha habido una decena hasta 2012– invitaban a parlamentarios de distintas cámaras: el Congreso, el Senado o la Asamblea de Madrid, donde Casado fue diputado autonómico.

Las clases se daban un lunes de cada mes por la tarde y empezaban en enero. En total, media docena de tardes hasta verano. Era gratuito para los parlamentarios, según ha confirmado un exdiputado, y eldiario.es no ha podido aclarar quién lo pagaba: si era el IE, el Círculo de Empresarios, el parlamento de turno o entre todas estas instituciones. La asistencia es obligatoria para recibir el título, que no requiere exámenes. Pablo Casado ha asegurado a eldiario.es que “no recuerda” si pagó o fue gratis.

5. IEB. Introducción a los mercados financieros. 

Se trata de un curso de diez horas de duración que imparte el Instituto de Estudios Bursátiles. Las diez horas totales se reparten entre cuatro días: dos horas y media al día, de 19:00 a 21:30. Cuesta 120 euros. Tampoco tiene exámenes. “Es de hace muchísimo tiempo, de 2003”, ha explicado Casado a eldiario.es. “Por eso nunca lo he incluido entre los cursos que dije que eran posgrados”.

6. Real Colegio Complutense at Harvard University. Certificate of Participation.  

Se trata de un certificado de asistencia al “Simposio en gestión y políticas públicas” que se celebró en la sede que tiene en Boston la Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Universidad de Harvard. Casado no recuerda la duración exacta, “unos pocos días” en el verano de 2008. En Internet, en la web de este centro, no queda rastro de ese simposio.

7. Deusto Business School. Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovacion (PLPE).  

Este curso en esta escuela de negocios se completaba con diez sesiones, los lunes por la tarde. Cuesta 1.800 euros pero los parlamentarios reciben becas del 100% del precio de la matrícula, según explica la Universidad de Deusto en el folleto del curso. Tampoco hay exámenes, aunque como “actividad complementaria recomendada” se puede realizar un proyecto final de curso. Casado lo completó en 2014 y asegura a eldiario.es que “lo pagó seguro”, aunque no recuerda el precio exacto.

En total, los “cuatro posgrados” que Pablo Casado ya tenía antes de matricularse en ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y de los que presumió cuando le preguntaron por las irregularidades con ese título oficial, suman 28 días lectivos: la mayoría de ellos, a media jornada.

Si ampliamos la cuenta al resto de los diplomas que mostró en redes sociales para probar cómo “completó su formación académica”, el total asciende a apenas 40 días lectivos, entre 2003 y 2014.

Casado no necesitó más que la asistencia a clase para lucir todos estos diplomas en su currículum. Ninguno de estos siete títulos requería de exámenes. Bastaba con ir a clase y pagar las matrículas pertinentes. En el caso de Casado, con la ayuda de distintas becas en la mayoría de los cursos.

En cuanto al tiempo, el “gran esfuerzo” total suma poco más de 200 horas lectivas entre los siete cursillos: el equivalente a un trimestre universitario, pero a lo largo de once años."               (Ignacio Escolar, eldiario.es, 13/04/18)


"Pablo Casado aprobó su máster sin saber quiénes eran sus profesores y sin hablar jamás con ellos.

Después de su hinchado periplo americano con sus supuestos "posgrados" de entre cuatro y diez días, Pablo Casado se apuntó al Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con el objetivo de iniciar un doctorado. Su motivación, "tener una salida profesional" al margen de la política. Lo inició en 2008 y lo acabó, según su versión, con cuatro trabajos que sumaban unos 90 folios y sin ir nunca por clase

El organizador de máster, según admite el propio Casado, era el mismo que el de Cristina Cifuentes:  Enrique Álvarez Conde, un catedrático que hoy está siendo investigado por la Fiscalía tras admitir que se falsificaron actas del trabajo fin de máster de la presidenta de Madrid.  La Universidad Rey Juan Carlos lo acaba de apartar de la dirección del Instituto de Derecho Público, tras detectar numerosas irregularidades. Casado realizó su máster en este mismo instituto universitario.

En el expediente de Pablo Casado, vicesecretario y diputado del PP, no se ha detectado ninguna manipulación de notas como en el caso Cifuentes, pero la obtención de su título es también irregular por el sistema de convalidación y el modo de aprobar las asignaturas que le quedaban pendientes. Se sacó este título por una vía rápida que no suele existir para el resto de estudiantes de la universidades públicas españolas.


Posteriormente, a preguntas de eldiario.es, Casado también ha admitido que no conoció a sus profesores, que son quienes tendrían que haber aceptado, individualmente, que cambiara las pruebas finales por trabajos sin asistir a clase. 

Esos mismos profesores con los que Casado nunca pactó nada son también quienes tenían que haber puesto los requisitos de esos trabajos, no Enrique Álvarez Conde. "No sé quiénes eran los profesores, no los conocí ni hablé con ellos", asegura Casado a eldiario.es.

Todas las fuentes universitarias consultadas, profesores y personal de administración de la URJC y de otras universidades públicas, coinciden en que es un procedimiento absolutamente irregular

Es con el profesor de cada asignatura, no con el director del máster, con quien se puede pactar un itinerario tan excepcional como este. Es más, para poder no asistir nunca a clase no basta siquiera con el permiso del profesor. Hay que tramitar un proceso regulado, la dispensa académica, que se concede en pocas ocasiones y que Casado ni pidió ni obtuvo.

En el caso de Pablo Casado, fue suficiente una conversación con el director del máster, Enrique Álvarez Conde, para tener absoluta flexibilidad en las cuatro materias pendientes. Como no han trascendido los nombres de los compañeros de curso ni de los docentes de ese año, eldiario.es no ha podido constatar si fue un trato de favor individual o si Álvarez Conde aplicó este mismo método –cuatro trabajos sin éxamenes– a otros licenciados en Derecho que cursaron ese mismo máster.

Casado asegura que entonces era "un veinteañero absolutamente anónimo". Y es cierto que en 2008 no era tan conocido como hoy, pero ya tenía responsabilidades políticas importantes. Al igual que Cristina Cifuentes cuando se matriculó en su máster, Casado también era diputado en la Asamblea de Madrid por el PP. También era presidente de Nuevas Generaciones del partido en Madrid, que entonces lideraba Esperanza Aguirre.

Además de un pacto de no asistencia a clases en el que los docentes se quedaron fueran, Casado tampoco negoció con ellos los contenidos de los trabajos, ya que él mismo admite que nunca habló ni conoció nunca a ninguno de esos profesores. 

¿Quién le dio las pautas?

Sin nadie de referencia que le diera unas pautas o una exigencia, ¿sobre qué hizo los trabajos? ¿con qué extensión? ¿con qué profundidad? ¿Quién y con qué criterios certificó esos sobresalientes? Casado responde que usaba como guía el título de cada una de las asignaturas que tenía que aprobar. "Cogí el título de la asignatura e hice los trabajos". Y con el nombre de la materia tuvo suficiente para hacerlos. Sin consultar a los profesores que legalmente debían calificarlo porque, recalca, ni siquiera los conoció.

Una vez acabados estos proyectos, no los remitió a alguien en concreto. Según su versión, los dejaba en las dependencias de Álvarez Conde , en el campus de Vicálvaro, donde tienen la sede tanto los servicios de posgrado de la URJC como el, ahora bajo vigilancia, Instituto de Derecho Público . "Los dejaba en los despachos que tenía el instituto, aunque no exactamente a Álvarez Conde, a él lo vi muy pocas veces y le hablaba de usted". 

El Instituto de Derecho Autonómico de la URJC, en realidad, solo tiene un único despacho: el de Álvarez Conde. Aunque tiene personalidad jurídica propia, y hasta su propio CIF, no tiene sede como tal, más allá de la oficina de este catedrático. 

Preguntado por este sistema tan anómalo, Casado niega que el catedrático Enrique Álvarez Conde le ofreciera una autopista fácil para aprobar el máster. Sin embargo, si se hubiera seguido el funcionamiento habitual, el político del PP debería haber ido a clase y haber hecho un examen. Si no, debería tener una dispensa académica extraordinaria. O, al menos, haber llegado un acuerdo con cada profesor, que le habría puesto tareas concretas, y haber entregado sus trabajos al docente de cada materia, que supuestamente los habría corregido y devuelto con una nota final o con correcciones. Nada de esto, de lo más estricto a lo más flexible, sucedió.

Pablo Casado, a la primera entrega, sin pactar contenidos o extensión, sin haber hablado en su vida con los expertos docentes, logró cambiar exámenes por trabajos y aprobar con la mejor nota: sobresaliente en todo. Acertó plenamente con el contenido pese a que jamás habló con quienes supuestamente le evaluaron, según su versión de los hechos.

Según el relato del dirigente del PP, "no parecía excepcional que los 20 créditos no convalidados fueran con cuatro trabajos de investigación en la línea de los cursos de doctorado".

Los trabajos, que mostró hace unos días, no presentan sello alguno. Según su versión, son unas copias informáticas que conservaba en un viejo portátil y que imprimió hace unos días en las oficinas centrales del Partido Popular, en donde encargó que se los encuadernaran en canutillo. Casado se fotografió con ellos en rueda de prensa pero no los ha hecho públicos, ni los ha distribuido.

Convalidaciones irregulares

Tampoco sucedieron de manera normal las convalidaciones. Casado convalidó el máximo permitido (40 créditos), pero el procedimiento fue también irregular.  El decreto que aplicaba en aquel momento y que aporta a eldiario.es el propio Casado como prueba especifica que " el alumno deberá indicar, en todo caso, cuáles son las asignaturas del Máster cuyos créditos solicita que le sean reconocidos". Esa es la manera legal de hacerlo, también en los procedimientos actuales. El alumno solicita una convalidación, dice en qué asignatura quiere conmutar y aporta la prueba de que ese conocimiento ya lo tiene cursado y aprobado. 

Sin embargo, una vez más, para Pablo Casado fue distinto. Según él mismo relata, simplemente aportó su expediente académico en la Licenciatura de Derecho y tramitó por el registro de la URJC una solicitud de convalidación, sin detallar qué asignaturas solicitaba ni a cambio de qué conocimientos en concreto. 

Como resultado, la comisión de adaptaciones y convalidaciones del Rectorado convalidó 18 de las 22 asignaturas. Es decir, no fue él, sino la propia Universidad, la que decidió qué asignaturas convalidarle. Esta convalidación está firmada por quien entonces era el vicerrector de estudiantes, Fernando Suárez, que años después llegó rector y acabó cayendo en desgracia por sus numerosos plagios.

Casado también solicitó la devolución de 600 euros porque los créditos de materias convalidadas son más baratos que los normales porque no requieren ni exámenes ni clases. La URJC se los devolvió, según ha podido comprobar eldiario.es ya que Casado ha mostrado el documento. Añade que es una prueba de que todo fue correcto porque "en el caso de que las convalidaciones hubieran sido un favor, no iba encima a reclamar el dinero, obviamente".

Otra duda es cómo pudo Casado conmutar tantas materias tan específicas en derecho local y autonómico con asignaturas generalistas de una carrera de Derecho. Casado no sabe contestar puesto que, argumenta, él no participó en ese proceso de convalidación. "Lo hizo la Universidad", apostilla.

En conversación con eldiario.es, Pablo Casado ha asegurado que las instrucciones de la Universidad Rey Juan Carlos permitían beneficiarse de convalidaciones sin más requisito que enviar un escrito solicitando el máximo "que la legislación en vigor permita" y acompañarlo de una copia del título universitario. Gracias a esa gestión, asegura que se evitó tener que cursar 40 de los 60 créditos de los que constaba el máster.

La Universidad Rey Juan Carlos anunció la pasada semana que  también ha abierto una investigación por el máster de este alumno sin que de momento haya trascendido el contenido de la misma."                     (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 15/04/18)