23.3.17

Caja España prestó a su presidente 79 millones

"Caja España prestó entre 2006 y 2009 más de 79 millones de euros a compañías inmobiliarias de su presidente, Santos Llamas. En esos años el dirigente del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo era miembro del consejo de administración de la entidad financiera y vocal del comité de retribuciones de la caja.

 La que fuera la primera caja de ahorros de Castilla y León aprobó su fusión con Caja Duero en 2010 y un año después inició su integración en Unicaja. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) aprobó en 2013 una ayuda pública de 604 millones de euros para recapitalizar CEISS (la fusión de Caja España y Caja Duero).

El Frob comunicó ayer jueves que ha acordado el envío, "tras el análisis de los informes forensics recibidos", de nueve operaciones "irregulares" a la Fiscalía encontradas en Caja España y en Caja Duero. Las operaciones, informó el organismo en un comunicado, son anteriores a 2010 y estima que causaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros, sin precisar más.

El organismo público español no especificó ayer en su comunicado si las operaciones "irregulares" en Caja España están relacionadas con los créditos entregados a su presidente entre 2006 y 2009. Los préstamos realizados a Santos Llamas en todo caso llaman la atención por la elevada cantidad acordada y porque fue empleada por sociedades inmobiliarias del presidente de Caja España en pleno pinchazo de la burbuja.

Fernando Martínez Maíllo (Zamora, 1969) fue miembro del consejo de administración de Caja España, y también de sociedades participadas, entre 2007 y 2010. En esos tres años Santos Llamas recibió la mayor cantidad de los préstamos logrados de la entidad.

Martínez Maíllo, ascendido recientemente por Mariano Rajoy a coordinador general del PP, recibió como consejero de Caja España un préstamo hipotecario de la entidad en el año 2009 por importe de 195.000 euros (euribor más 0,20%, 300 meses de vencimiento). En el año 2007 recibió de Caja España una tarjeta de crédito con 6.000 euros.

De acuerdo a los informes de Gobierno Corporativo de Caja España, la entidad prestó las siguientes cantidades a su presidente: 1,4 millones de euros en 2006; 19,7 millones en 2007; 50 millones en 2008; y 8,27 millones en 2009. En total, 79,37 millones de euros.

Los préstamos comunicados por Caja España en sus informes a Santos Llamas aparecen como créditos, préstamo promotor, o avales a "empresa vinculada". De acuerdo a datos del Registro Mercantil, a los que Vozpópuli ha accedido a través de Insight View, en el año 2008 la compañía Construcciones Carriegos, de Santos Llamas, recibió tres préstamos de Caja España por importes de 1,69 millones; 4,7 millones; y 7,7 millones de euros.

 La empresa del presidente de Caja España también percibió ese mismo año un préstamo de Caja Duero por valor de 8,3 millones de euros. Construcciones Carriegos, constructora y promotora inmobiliaria con presencia en León, Asturias, y Vigo, facturó 13,2 millones en 2008. (...)

"Génova intenta evitar la ruptura del PP en la Comunidad tras conocer un recorte del 70% en los afiliados de León con derecho a voto", informó El Norte de Castilla

El digital Leonoticias recogió declaraciones de afiliados al PP en León en las que se hablaba abiertamente de "pucherazo". "No puede ser que Maíllo esté investigado por lo que ocurrió en Caja España y Caja Duero y no ocurra nada", dijo Cecilio Vallejo, exconcejal del Ayuntamiento de León, del PP, en manifestaciones publicadas por este medio. 

«Exigimos su dimisión. No puede ser que en este partido se sigan utilizando los mismos métodos que en su día empleó Isabel Carrasco, no puede ser y no se puede permitir", añadió Vallejo."                 (Alberto ortín, Vox Populi, 17/03/17)

22.3.17

El PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagar gastos electorales en 2007, 2008 y 2011

"La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización.

 El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela.

 El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. 

 Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. 

Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación.

 El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.
La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. 

La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. 

Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución."           (El Confidencial, 21/03/17)

21.3.17

Puigdemont, diputados y senadores de CiU cooperaron en la trama del 3% para cobrar mordidas


"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) funcionaba como una máquina para recaudar dinero a través de comisiones. El 3% que pagaban los empresarios no era una actividad exclusiva del tesorero del partido, sino que en el funcionamiento de la red clientelar participaban también otros cargos de la formación, como diputados y senadores.

Así se pone de manifiesto en el sumario del caso 3%, que instruye el juez de El Vendrell Josep Bosch. El empresario Josep Manel Bassols llegó a convencer a Carles Puigdemont, entonces alcalde de Girona y hoy presidente de la Generalitat, para cambiar los métodos de contratación del consistorio y beneficiarse así de las adjudicaciones directas.

Para entender a fondo el asunto es preciso tener en cuenta que Bassols, que actuaba aquí en nombre de la empresa Oproler (y que fue detenido por la Guardia Civil junto a su jefe Sergio Lerma) no solo era militante de Convergència, sino que había sido responsable de las campañas electorales del partido en las demarcaciones gerundenses.

El informe añade más tarde que, tras la documentación y correos aprehendidos a Bassols, “se observa cómo el alcalde y los otros cargos de Girona, según las propias anotaciones de Bassols, aceptan tales reuniones y mediaciones con BIMSA y están de acuerdo en mediar, informar e intentar efectuar ‘adjudicaciones directas’, consensuar pliegos, etcétera”.

El 11 de julio de 2013, Bassols mantuvo una reunión de 3 horas con J. Roura, según consta en los documentos que le fueron incautados. La Guardia Civil identifica a esta persona como "Joaquín Roura, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Girona". El objetivo era hablar de “promover adjudicaciones directas” del consistorio y el resultado, según las anotaciones de Bassols, fue que debía establecer una sede de su empresa en Girona o presentarse a las licitaciones con una empresa de esta ciudad.

Una semana después, el 18 de julio, el empresario mantuvo otra comida/reunión de cinco horas, cuya finalidad era tratar con el senador Joan Bagué de las “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”. Con la teniente de alcalde habló, entre otras cosas, de una visita posterior para “consensuar el pliego de obra de las calles del barrio Sant Narcís”. Cinco días después de estas reuniones, se publican las bases de esa contratación.

Puigdemont cede:

El 12 de septiembre del mismo año, tras una nueva y maratoniana reunión de 5 horas (comida incluida) con el senador Bagué para hablar otra vez de “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”, el mensaje de Bassols a Lerma no puede ser más positivo: “Cambian sistema de adjudicación e invitarán”, comunica Bassols a Lerma.

O sea, que el empresario se había salido con la suya, Puigdemont había claudicado y Girona les invitaría a participar en nuevas licitaciones que se podrían realizar de forma directa. La sucesión de hechos invita a la duda: tras la reunión de julio, se publican las licitaciones y, en septiembre, se cambian las normas de adjudicación conforme le interesaba al otrora responsable electoral de CDC. Todo demasiado sospechoso.

Llegar a este resultado fue fruto de un intenso acercamiento al alcalde de Girona. Ya el 17 de febrero de 2012, Josep Manel Bassols escribía a Sergio Lerma: “Ayer, día 16, me pidieron que fuera a una conferencia del alcalde de Girona en el Fòrum Europa. Posterior a la conferencia, sesiones de trabajo con cargos institucionales: alcaldes/alcaldesas, diputados/diputadas y cargos del Gobierno de la Generalitat. Fue bien de cara a futuros contactos y a poder insistir que sacaran obra y nos la adjudicaran, claro”.

Dos días después, se hacía una foto con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, en el Camp Nou durante el encuentro que enfrentaba al FC Barcelona con el Valencia, que tuvo lugar el 19 de ese mes. Al día siguiente, Bassols escribía a su jefe: “Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona”.

La relación con Bagué, por otro lado, fue intensamente productiva. En un archivo titulado ‘Nadales 2013’, se plasma una lista de “obsequios navideños”, donde se detallan las personas que la empresa agasaja o mima y a la que envía regalos por Navidad, entre ellas el tesorero convergente, Andreu Viloca, pero también Joan Bagué Roura, de los que se acompaña su dirección particular y su teléfono móvil.

“Redireccionar intenciones delictivas”

El partido, sin embargo, movilizó a más dirigentes para contentar a los empresarios. En otro de los informes del sumario se afirma que el despliegue de Bassols es tal que “llega a ‘solicitar’ a la que en ese momento ocupaba el cargo de subdirectora de Estudios y Coordinación del Departamento de Gobernación de la Generalitat, previa invitación a comida, una provisión de liquidaciones para averiguar qué administraciones locales tendrán liquidez para pagar las obras públicas que liciten, y así redireccionar sus intenciones delictivas hacia éstas, a través, por ejemplo, de senadores nacionales como Joan Bagué, de Girona, el cual era además jefe de comarca de CDC, o de diputados de CDC como Jordi Xuclà”.

De los correos enviados por Bassols a Lerma también se desprende que sus frecuentes reuniones con el senador Bagué “no solo evidencian que las mismas tienen el propósito de fructificar la influencia que el senador puede tener en las licitaciones ofertadas por entidades públicas dependientes o administradas por cargos electos de CDC, sino que en un caso particular, como se pone de manifiesto en el parte comercial, Bassols concretará reuniones con el citado senador con el claro objetivo de que el mismo interceda utilizando su influencia en el Ayuntamiento de Girona, con el propósito de lograr un cambio de sistema de contratación en dicho consistorio, que les permita adjudicar obra pública de una forma directa”. Como muestra, detallan la larga reunión con Bagué y la teniente de alcalde gerundense del 18 de julio del 2013.

En la agenda del empresario, por ejemplo, estaba incluida una comida en Madrid el día 12 de abril de 2012 con el diputado Pere Macias para hablar de “gestiones concesiones”. Macias había sido, curiosamente, alcalde de Olot (Girona), además de consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat. Y al día siguiente tenía una reunión de dos horas con Jordi Xuclà para el 13 de abril del 2012, cuyo objeto era “gestiones y seguimiento de ayuntamientos”.

Según la Guardia Civil, los contactos “están orientados a canalizar a través del diputado las gestiones que el constructor tiene previsto o pendientes de realizar con ayuntamientos gobernados por CDC, en definitiva, con el propósito de obtener la información privilegiada que este parlamentario le pueda facilitar y que le permita mantener un control de la situación económica y de la oferta pública de dichos consistorios”.

Locos por el fútbol y la ópera

Xuclà fue uno de los invitados por Oproler en enero del 2014 al encuentro de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barça. Una comunicación de Bassols a Lerma especifica que "J.A. Rosell no puede asistir (quedamos para el Bernabéu). Fernando imposible. J. Bagué ídem. J. Xuclà sí asistirá. Antonio responde el jueves”. Según el código interno utilizado por los dos empresarios, ‘Fernando’ era Francesc Sánchez, dirigente de CDC, mientras que ‘Antonio’ era Andreu Viloca, tesorero del partido y su contacto para lograr adjudicaciones y entregar donativos a cambio. Rosell no era otro que Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures, el mayor cargo público del Gobierno de Mas que fue detenido en la operación. Con posterioridad, también Sánchez y Viloca fueron detenidos.

Y es que los partidos de fútbol eran la debilidad de los cargos de CDC. El 7 de octubre del 2012, Viloca aceptó la invitación para asistir en Madrid a un encuentro entre el Real Madrid y el Barça. Acudió acompañado por su esposa. Y Rosell pidió para ese partido cuatro entradas. Al día siguiente, Bassols se desplaza al despacho de Rosell para hablar del “seguimiento de la obra de Manresa”, una licitación que se encontraba todavía en curso y que acabaría siendo adjudicada a Oproler.

Al día siguiente, el empresario se reúne con el otro invitado ilustre del palco del Bernabéu, Andreu Viloca. Éste era mimado por Oproler: la compañía le invitó, en diciembre de 2013, a una ópera en el teatro Real, a la que asistió también en compañía de su esposa.

No son los únicos cuadros convergentes implicados en el asunto. Mención aparte merece la relación de Bassols y otros empresarios con Germà Gordó, que en tiempos había sido responsable de finanzas de CDC y luego consejero de Justicia. De Gordó existen varios informes sobre los indicios que se han descubierto en su contra.

En un documento localizado en los ordenadores de Oproler, por otra parte, se encontró también información sobre su jefe de obra civil, José María Zaragoza, del que destaca que, además de mantener amistad con el director de obra civil de BIMSA (la adjudicadora del polémico túnel de las Glories de Barcelona, que está siendo investigada), también tiene diversos contactos importante, entre ellos con “J. Sendra (senador Tarragona)”. Eso es lo que afirma un informe de la Guardia Civil fechado el 28 de octubre de 2016. La relación de dirigentes convergentes que mediaban entre Administración y empresarios, pues, se va extendiendo paulatinamente." (El Confidencial, 20/03/17)

20.3.17

Un constructor del 3% tenía un ‘topo’ en la Generalitat. Isabel Muradàs, teniente de alcalde en Girona, pasaba información sobre ayuntamientos a Bassols

"Josep Manel Bassols, uno de los constructores investigados en el caso del 3%, contaba con un informante de gran ayuda en la Generalitat que le transmitía información confidencial sobre Ayuntamientos catalanes. 

Así lo recoge el sumario del caso, que revela cómo Bassols conseguía a través de Isabel Muradàs —entonces subdirectora en el Departamento de Gobernación— datos económicos sobre los municipios en los que aspiraba a conseguir adjudicaciones. Muradàs también era, y aún lo es, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Girona.

En un mensaje enviado el 30 de abril de 2012 al correo electrónico de Muradàs en la Generalitat, Bassols la invita a comer y le pide un favor por adelantado: “Me interesaría saber si el Ayuntamiento de Llinars del Vallès está tan bien como dicen sus presupuestos, licita una obra de 4.836.04 euros!”.

Cinco semanas antes, el 24 de marzo, el constructor había enviado otro mailparecido: “Podrías informarme sobre el Ayuntamiento de Tarragona?”. Días más tarde, el 9 de abril, Muradàs le contestó enviándole “un archivo digital tipo Word denominado Tarragona2010.doc, compuesto por cuatro páginas”, según recoge el sumario, “que desglosa la estructura económica de los presupuestos, los ingresos y gastos corrientes, el ahorro presupuestario, la inversión, la deuda y el remanente de tesorería” de la ciudad.

El Departamento de Gobernación de la Generalitat tiene, por sus funciones de control del sector público, gran cantidad de información sobre la situación económica de los Ayuntamientos. Un informe de la Guardia Civil considera que la actuación de Muradàs “puede constituir un delito de tráfico de influencias”. No ha trascendido si la teniente de alcalde de Girona ha sido citada a declarar.

Muradàs no atendió ayer a este diario pese a las repetidas llamadas y mensajes enviados para recabar su versión. El Departamento de Gobernación, en el que ocupó el cargo entre octubre de 2011 y enero de 2013, aseguró que no tiene constancia de los hechos.

El sumario del caso 3% muestra la descarnada lucha que, entre bastidores, se libra en el sector de la construcción con todo lo relacionado con la obra pública. Una lucha en la que se echa mano de todo tipo de recursos —contactos personales y políticos, favores, invitaciones— para conseguir una mejor posición de salida en los concursos públicos.

Las agendas y otros documentos incautados por la Guardia Civil a Bassols —que fue alcalde de Anglès por CiU y ha sido detenido tres veces en dos años— revelan su intensa actividad comercial en la provincia de Girona, relativamente pequeña y en la que prácticamente todos los cargos públicos se conocen.

Bassols lo utiliza supuestamente en beneficio de la empresa Oproler, de la que es delegado en Cataluña. El dueño de la constructora, Sergio Lerma, es otro de los investigados y el sumario del caso aporta numerosas evidencias de cómo consiguió un trato de favor de las Administraciones controladas por Convergència (CDC, hoy PDeCAT) a cambio de supuestos pagos al partido.

El caso de Muradàs es el único en el que se evidencian prácticas irregulares en torno a Bassols en sus relaciones con políticos de Girona —sí las hay, en cambio, en obras adjudicadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona—. Muradàs militaba en Unió (socio de CDC hasta 2015) y lo hace ahora en Demòcrates de Catalunya, escisión de Unió proclive a las tesis independentistas.

El informe de la Guardia Civil recoge otros movimientos de Bassols de los que aparentemente no logró rédito, entre ellos reuniones con un diputado y un senador de Convergència. Bassols apuntó en su agenda, que luego mandó a su jefe Sergio Lerma, que esas citas tenían como objetivo hacer “gestiones y seguimiento” de adjudicaciones municipales.

 EL PAÍS ha hablado con los dos políticos incluidos en la agenda, quienes niegan haber tratado de esos asuntos con el constructor. “Fueron charlas de cortesía, como tantas otras que tenemos”, coinciden.

Bassols también cuenta a Lerma sus gestiones con cargos del Ayuntamiento de Girona, que, según su versión, le situarán en una posición privilegiada ante unos supuestos cambios que prepara el Consistorio en su sistema de contratación. Unos cambios que nunca llegaron a producirse, según todas las fuentes consultadas. Una de estas gestiones fue invitar a un partido de fútbol en el campo del Barça al entonces alcalde y hoy presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont."             (El País, 16/03/17)

17.3.17

Los seis pasos de la Púnica para amañar una adjudicación de 61 millones

"Llamadas de teléfonos, correos electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar sobornos y más de un año de gestiones en la sombra. 

El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro del caso Púnica detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de 60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro. 

El documento policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de modo irregular con concursos.

1. Acceso privilegiado a datos. En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido a amañar este concurso. 

Pedro García, directivo de la compañía y señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir la adjudicación. 

Entre esa información, el informe de la UCO destaca que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público. 

2. Manipulación de la consultoría previa. La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica, para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional. 

La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso, Ruta Energética, del constructor David Marjaliza

Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.

3. Pliegos a medida. En noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso, el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro para convocar el concurso. 

Era el inicio de una cadena de mensajes que, según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio, que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones concretas de los pliegos.

 Las investigaciones han revelado al menos dos "reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la elaboración de dicha documentación técnica.

4. Minusvalorar la oferta económica. Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido Cofely.

 En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente prohibido".

 Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y Almendralejo, entre otros.

5. Evitar a los interventores municipales. El análisis policial de la documentación también ha revelado que los pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales. 

Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP). 

De este modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de evitar la competencia, en opinión de los investigadores.

6. Desviar dinero municipal para sobornos. La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para fiscalizar el cumplimiento del contrato. 

Según la investigación, "Cofely se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a otros pagos".

 ¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía una duración de 15 años.

Finalmente, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely, la única empresa que se presentó al mismo. 

Era el punto final de todo un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y malversación.

 Una larga lista de la que hace responsable a doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de 60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente amañado por la Púnica."                    (El País, 16/03/17)

16.3.17

Cirsa donó 900.000 euros a CDC tras conseguir una fábrica por un euro

"La multinacional catalana del juego Cirsa donó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, hoy PDECat) 900.000 euros tras la firma de una operación industrial amparada por la Generalitat que le reportó 30 millones de euros de beneficios. Los donativos ascienden al 3% exacto de las ganancias y empezaron el 10 de junio de 2011, solo cuatro días después del acuerdo por el que la compañía compró a Sharp por solo un euro su fábrica en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Esta información, fruto de una investigación de EL PAÍS, relaciona por primera vez la financiación de Convergència a través de sus fundaciones con el ‘caso ITV’, que supuso el fin de la carrera política de Oriol Pujol. El exdiputado de CDC está acusado de lucrarse con varias operaciones industriales, entre ellas la de Sharp. El fiscal le pide cinco años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad.

Un portavoz de Cirsa niega rotundamente que las donaciones estén relacionadas con la compra de la fábrica. Un amplio resumen de la versión de Cirsa sobre los hechos puede leerse en la información adjunta. 

La llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, en diciembre de 2010, coincidió con un momento crítico de la crisis. Sharp había anunciado, como otras multinacionales, el cierre de su fábrica en Cataluña, con 300 trabajadores, para llevarse la producción de televisores a Polonia. 
La consultora Alta Partners, de la que es socio Sergi Alsina —amigo íntimo de Oriol Pujol—, irrumpió en ese momento como arquitecto de una operación destinada a lograr la venta de la planta a una tercera empresa. A priori, la transacción beneficiaba a todos: se salvaban empleos, a Sharp le salía más barato regalar la fábrica que asumir los costes de cerrarla y Cirsa conseguía casi gratis un buen activo.
El sumario del caso ITV, sin embargo, muestra como esta y otras operaciones de la época fueron aprovechadas por Pujol, Alsina y otros actores públicos y privados para lucrarse en una maraña de favores políticos, comisiones opacas y fraude fiscal. Ningún directivo de Sharp y Cirsa está entre los investigados. 

El sumario ilustra como el cierre de Sharp fue uno de los primeros asuntos en los que Oriol Pujol involucró a Artur Mas. El 17 de enero de 2011, Alsina llama a otro de los implicados y le comunica que si la operación de Sharp fructifica será por “la presión” de la Generalitat y que Mas “ya ha llamado” a la familia Lao, dueña de Cirsa.

En esos primeros momentos, los Lao no parecen muy entusiasmados con el proyecto. “Pueden decir que no, pero si te llama el presidente, te llama Oriol y te dice, bueno, escúchame queremos que lo hagáis, que ya os apoyaremos...”, comenta Alsina por teléfono. 

El sumario también muestra cómo la figura del entonces Secretario del Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó —al que la Fiscalía Anticorrupción vincula con la financiación ilegal de Convergència— planea sobre la operación. Cirsa admite que sus directivos mantuvieron reuniones con Gordó en esa época, pero niegan que en ellas se hablara de la fábrica. Gordó y el PDECat han declinado ofrecer su versión de los hechos. 

En los cinco meses siguientes, se suceden las llamadas entre Alsina, Pujol y otros implicados, con frecuentes referencias a cargos de la Generalitat, de los que buscan apoyo. Las maniobras de la trama tienen una doble faceta. Públicamente, se trabaja para salvar empleos. En privado, todos son conscientes de que hay mucho dinero en juego. Alta Partners, según la instrucción del caso, cobró 3,6 millones de Sharp por sus servicios.

Las conversaciones se aceleran a finales de mayo. El día 26, Alsina llama a Pujol y le dice que tienen que hablar “de la reunión del lunes 30 con Sharp”. “Tenemos lo que habíamos preparado como nota de prensa en su momento que coordinamos con la Generalitat”, añade..

Los nervios aumentan esos días ante un último escollo: el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un tributo autonómico. Pujol llama a Alsina y le dice que el impuesto asciende a “un millón de euros [en realidad son casi dos millones], por lo que temen que los de Cirsa no firmarán mientras no se solucione este problema del impuesto”, recoge un atestado policial. Oriol Pujol se compromete a hablar con el director de la Agencia Tributaria Catalana, Lluís Franco.

Fruto de estas gestiones se celebra una reunión entre Alsina, Cirsa y Franco, entre otros. El día 31, Alsina explica a otro implicado que “la reunión fue muy bien”. “La Agencia Tributaria quiere un compromiso industrial, y se tienen que comprometer a no vender el inmueble en cuatro años. Esto ayudaría a que ellos puedan hacer esta interpretación y que no haya que pagar el impuesto”.

Al día siguiente, Alsina también explica a Oriol Pujol el resultado del encuentro: “Franco dijo que por su parte no habría trabas, sino que al revés". Sergi da a Pujol un último detalle que muestra la influencia que los miembros de la trama tienen sobre cargos de la Generalitat: “Franco es consciente que tiene que buscar una solución de aquí al jueves”.

El 7 de junio, el diario Expansión publica que Generalitat, Sharp y Cirsa han cerrado la tarde anterior el acuerdo, que será ratificado en septiembre. La información explica que de los 300 empleados de la planta, 100 serán despedidos por Sharp, 100 recolocados por la multinacional japonesa y los otros 100 se los quedará Cirsa en Sant Cugat para, entre otras funciones, fabricar pantallas para sus máquinas recreativas.

Las cuentas depositadas por las empresas en el Registro Mercantil ofrecen los detalles de la operación. El 16 de junio, Sharp crea una sociedad con 5.000 euros de capital llamada Sant Cugat Technological Centre (SCTC). El 9 de septiembre, hace una ampliación de capital por 30,035 millones mediante “la aportación no dineraria de una unidad de negocio autónoma” cuyos mayores activos son la fábrica (valorada en 20 millones) y otros 10 millones que Sharp deja en la tesorería.

La operación culmina una semana más tarde, el 15 de septiembre, cuando Nortia Business (del grupo Cirsa) adquiere por un euro STCT. Según las cuentas de Nortia de 2011, la operación le reporta “un beneficio de 30.045 miles de euros”, aunque se compromete a no hacer nuevos despidos en dos años ni vender la fábrica en cuatro. A día de hoy, Cirsa mantiene la planta con toda su plantilla. 

En paralelo a las últimas negociaciones entre Sharp y Cirsa, esta última y Convergència ultiman un plan de donaciones a las dos fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Fòrum, ambas investigadas en el caso 3%. El acuerdo se cierra el 16 de mayo de 2011.
La primera donación se hace el 10 de junio, solo cuatro días después del acuerdo para la compra de la fábrica. Son 100.000 euros para CatDem. Fòrum Barcelona recibe otros 100.000. Los pagos se repetirán por el mismo importe a las dos fundaciones en los tres años siguientes, mientras que en 2015 será solo CatDem la que reciba dinero.
Cirsa no había hecho donativos a CDC en los años anteriores al acuerdo. La empresa asegura que “realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector”. El análisis de sus cuentas, sin embargo, revela que sus donaciones se disparan en 2011 y que durante los cuatro años siguientes, las hechas al partido acaparan entre el 60% y el 90% de sus aportaciones a fundaciones. 

El papel de la Agencia Tributaria Catalana



Lluís Franco compareció, junto a Pujol y Alsina, en una comisión de investigación contra la corrupción en el Parlament de Catalunya en febrero de 2015. Allí dio explicaciones sobre las reuniones mantenidas con Cirsa y admitió que recibió una llamada de Oriol Pujol sobre ellas. Franco, sin embargo, destacó que el objetivo era "salvar un número importante de empleos" y que, en todo caso, la reunión siguió los procedimientos habituales en estos casos, que fue "puramente técnica" y que "no hubo ningún trato de favor" hacia Cirsa.

El exdirector de la Agencia Tributaria Catalana, que recordó que no podía dar datos sobre ningún contribuyente concreto, sí aseguró que los técnicos informaron a la empresa de que "el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores determina que quedan exentas determinadas transmisiones si se dan determinados requerimientos", en referencia a los procesos de reestructuración industrial. "Y eso es lo que pasó, meramente una reunión técnica", concluyó.

Franco, que ha declinado hablar con este diario, fue relevado como director de la Agencia Tributaria Catalana en 2014. Ese mismo año, con las investigaciones del caso ITV ya muy avanzadas, la Agencia levantó un acta de inspección pasó a reclamar a Cirsa 1,8 millones de euros por la operación, según ha podido saber EL PAÍS. El caso ha sido recurrido por la compañía y está pendiente de resolución.


La versión de Cirsa


La transmisión de una unidad productiva en España de Sharp a Nortia, formalizada finalmente en septiembre de 2011, fue resultado de los acuerdos alcanzados entre ambas corporaciones tras largas negociaciones. Estas tenían como único objetivo lograr un claro proyecto empresarial que debía encajar en nuestros planes operativos. En este proceso, que se inició en septiembre de 2010, la intervención de una administración pública en nada podía contribuir ni beneficiar al resultado de las negociaciones. Se trató de una relación bilateral entre dos grupos multinacionales.

Al cuantificar la operación presentada a Nortia por Alta Partners, el precio de 1 euro fue libremente pactado entre ambas corporaciones tras la exhaustiva valoración de los activos que se aportaban y de todas las obligaciones —principalmente laborales— que se asumían.

En este contexto, no tiene cabida ninguna donación al partido para agradecer un supuesto beneficio en la operación.

Cirsa pertenece a un sector absolutamente regulado y es un referente en la industria. Por tanto, una de las actividades intrínsecas de la compañía es la relación con las administraciones públicas, tanto como empresa como a través de las patronales. Las reuniones con el entonces secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, tuvieron lugar desde el 2010, sobre todo para garantizar un marco jurídico estable y una valoración de la industria del juego como sector clave de la actividad económica. En estas reuniones no se trató en ningún momento la compra de la fábrica.

Entendiendo la respuesta anterior, la decisión de realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector. Deben entenderse en un marco de contribuciones que la compañía realiza en cualquier ámbito  público y privado, relacionados con la sociedad civil y la administración pública. Este tipo de contribución es absolutamente legal y completamente desvinculada de cualquier operación empresarial entre dos corporaciones privadas."           (Oriol Güell, El País, 11/03/17)

15.3.17

Así funcionaba la trama del 3%



"A la vista de las decenas de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que se intercambiaban Andreu Viloca y Josep Manel Bassols se puede afirmar que la suya era una relación que traspasaba la mera cortesía entre el entonces gerente de Convergència Democràtica de Cataluya (CDC) y el delegado en Catalunya de la empresa Oproler

Viloca y Bassols son dos de los cerca de medio centenar de personas imputadas, por el momento, en la investigación del 3%, de la que el jueves se levantó el secreto de casi 10.000 folios. 

Su manera de actuar, y la familiaridad con la que se tratan e intercalan conversaciones sobre la liquidez de consistorios con unas invitaciones para un palco en el teatro Real de Madrid una noche de estreno son un buen reflejo de la presunta trama que sigue investigando un juez de El Vendrell junto a dos fiscales Anticorrupción y la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Bassols en su momento escribió una amarga carta a Artur Mas exigiendo un puesto en la administración pública para él y otro para su mujer, magistrada en activo, por los servicios prestados al partido.

 No se lo dieron, pero con el tiempo la empresa de Bassols se convirtió en una de las sociedades que más trabajó con las administraciones locales gobernadas por convergentes.

La documentación hecha pública desmenuza el modus operandi de la trama, especialmente detallada en seis adjudicaciones millonarias de la ciudad de Barcelona. El común denominador son Viloca y Germà Gordó, con diferentes responsabilidades en el partido y en el Govern de Artur Mas. Josep Antoni Rossell, directivo de la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat, con una estrecha relación con el extesorero es otro de los ejes de la investigación. 

Con minuciosidad, los guardias civiles analizaron cada una de las anotaciones a mano que empresarios y responsables de CDC guardaron en sus despachos. La clave para que la Guardia Civil haya podido relacionar donaciones con adjudicaciones ha sido la pulcritud con la que los imputados dejaban constancia en sus agendas de las citas. Además de los emails y whatsaps comentando sin discreción detalles de las negociaciones.

De todos los grupos empresariales bajo sospecha sólo uno no pagó su comisión mediante donaciones a fundaciones, sino que entregó presuntamente su mordida en mano a Viloca. Se trata de Bassols quien, según la Guardia Civil, se refería a “documentos” cuando contaba a su socio Sergio Lerma, residente en Madrid, que ya había entregado el dinero.

 Incluso hay un día, el 9 de mayo del 2012, que Bassols recuerda por email a Lerma, de viaje ese día en Barcelona, que debe recoger a Viloca en la sede de CDC en la calle Còrcega para acompañarlo a una sucursal de La Caixa. ¿Para qué? “Bassols sondea a Lerma por si considera oportuno que les acompañe al banco para hacer la gestión”, apunta el informe, cuyos autores no tienen duda de que ese día, Lerma entregó dinero en mano a Viloca.

Bassols, que fue alcalde convergente de Anglès y colaboró con Carles Puigdemont en su campaña para las elecciones de Girona del 2010, llegó a solicitar a un alto cargo del departamento de Governació un listado con la situación económica de los ayuntamientos convergentes para conocer de antemano “cuáles tendrían liquidez para pagar las obras que liciten”. 

El listado lo consiguió, cómo no, durante una comida que pagó y de la que guardó, como de todas, el recibo. Con ese listado, Bassols concretó varios encuentros con un par de diputados convergentes, en activo, que le debían ofrecer, según sus notas, “información privilegiada” de las futuras obras.

Pero su obsesión era Girona y poder trabajar con la alcaldía. A su entonces alcalde Puigdemont no sólo le invita una tarde al Camp Nou sino que un año después celebra una comida “muy interesante” para los investigadores y de la que Bassols dejó varias anotaciones. El empresario sentó en la misma mesa a Puigdemont, el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, y al director general de Bimsa, Ángel Sánchez. Su intención, introducir ese sistema de contratación en Girona. Otra cosa es si lo logró. El sumario no lo aclara.

Esta trama no se entiende, a juicio de los investigadores, sin el papel de Germà Gordó. El TSJC rechazó en enero investigarle, tal y como solicitó el juez, que volverá a pedirlo con nuevos informes que están en la parte aún secreta del caso. Lerma y Bassols le invitan al fútbol, al teatro e incluso a asistir a cacerías, invitaciones todas que declinó, aunque está presente en todas las reuniones previas a las adjudicaciones investigadas en Barcelona. 

La Guardia Civil evidencia en un informe que algunas reuniones entre Viloca y los empresarios se celebraran “de forma obscena” en el Palau de la Generalitat, donde Gordó tenía un despacho como secretario del Govern entre el 2010 y el 2012.

Como obscena fue la escena de la Guardia Civil descubriendo una bolsa de congelados en una de las cajas fuertes de Rossell. Envueltos en papel de aluminio y páginas de este diario el imputado guardaba 85.000 euros en billetes de 500. Como la mafia.

Piezas separadas Bárcenas también pasó por el 3% 
n el sumario la Guardia Civil ha reunido pruebas de que Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa, no sólo trataba de abrirse camino entre la administración nacionalista. De hecho, entre los documentos intervenidos en la sede de la empresa hallaron evidencias de que había entrado en contacto con el extesorero del PP en el Congreso Francisco Villar, ya fallecido. Y entre las anotaciones de Tauler también figura, con fecha del 27 de octubre del 2008, una que dice, en catalán: “Francisco Villar (hablado con Barcenas) es un buen contacto”. Copisa se adjudicó un tramo de la Autovía de la Plata llamado Salamanca-Cuatro Calzadas por casi 40 millones.


Piezas separadas Antonio, Fernando y Gregorio 
De todos los investigados, seguramente Josep Manel Bassols fue el menos discreto en sus funciones de agasajar a los personas que sabía que podrían serle de utilidad para conseguir contratos públicos. De esas gestiones con Germà Gordó, Andreu Viloca y Francesc Sánchez informaba “a diario” a su socio Sergio Lerma. Y, por si las moscas, a los tres dirigentes convergentes rebautizó con “nombres en clave” como Antonio, Gregorio, o Fernando. 

La Guardia Civil desmonta este mecanismo con que los empresarios pretendían ocultar la identidad de sus “conseguidores”, reproduciendo mensajes en los que el propio Bassols se olvida de los nombres en clave y les vuelve a citar por su nombre."                    (Mayka Navarro, La Vanguardia, 11/03/17)

14.3.17

El juez investiga a la cúpula de El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo

"El Juzgado número 46 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por la Corporación Ceslar, que posee el 9,001% de las acciones de El Corte Inglés, contra la cúpula del gigante de la distribución por los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho de información y blanqueo de capitales. 

El magistrado José María Escribano Laclériga, titular del mencionado juzgado, lo decretó así el pasado diciembre, después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid se lo ordenara apenas un mes antes.

La admisión a trámite de la querella —dirigida contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florentino Lasaga, así como contra el supuesto asesor externo de la compañía David Barreiro y las sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital— conlleva el inicio de las diligencias de investigación también establecidas por la Audiencia Provincial. 

En concreto, el alto tribunal ordenó que el juzgado reclamara a los investigados los contratos que justificarían el pago de 19,5 millones de euros por parte de El Corte Inglés a las dos mercantiles imputadas (radicadas en Singapur y Emiratos Árabes, y vinculadas a Barreiro), montante que la firma de distribución abonó por la supuesta labor de asesoramiento que estas desarrollaron en la operación del préstamo de 1.000 millones que concedió el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani a través de la sociedad Primefin.

 labor de asesoramiento ni existe contrato de asesoramiento aportado a los consejeros", señala en su recurso la Corporación Ceslar, encabezada por Carlota Arecesexpulsada del consejo de administración en agosto de 2015—, que añade que este desembolso realmente "encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado".

 "Sin duda, nos encontramos ante pagos encubiertos mediante sociedades opacas en claro perjuicio de la sociedad", insinúa la querellante.

"La contratación de Barreiro es ficticia, pues actúa a modo de parapeto de terceros propietarios de las mercantiles", insiste Corporación Ceslar en su escrito, que considera evidente que esta persona "no es el titular último de Noganoir y Tereze (...) ni el beneficiario último" de los 19,5 millones y que el pago de esta cantidad de dinero es "de todo punto injustificado".

En el auto que ordena investigar los mencionados delitos, la Audiencia Provincial critica también que el Juzgado número 46 de Madrid inadmitiera inicialmente la querella presentada por Ceslar en febrero de 2016 —decisión que despachó la entonces jueza sustituta en apenas un fin de semana— y califica de "prematura" aquella resolución, ya que "yugula el procedimiento", dado que se tomó "sin practicar la más mínima diligencia, cuando resulta manifiesta la gravedad de los hechos, habida cuenta del volumen económico del que se trata, la complejidad de los avatares relatados y la falta de periciales de naturaleza económica que expliquen los pormenores de los negocios realizados, incluyendo coste y personas beneficiadas".

"El derecho penal económico se ha convertido en el instrumento principal de la lucha contra la corrupción pública y privada, que azota al Estado de derecho de nuestra época, con la finalidad de proporcionar el 'fair play' en los negocios, perseguir a los autores de dichas conductas y recordar a la sociedad que el dicho 'business is business' no puede erigirse en un pretexto para obtener ganancias y réditos a cualquier precio, porque en dicho ámbito lo que unos ganan es a costa de otros", argumenta la sala, que entiende que es por esto "indispensable prestar a la criminalidad económica la atención que merece" y que "no son aceptables respuestas prematuras", dado que se trata de una "delincuencia sofisticada" que "se desarrolla en torno a la empresa con conexiones con el mundo político" que conllevan "dificultad y riesgos" que desentrañar.

Sin admitir la querella, no se puede responder a si "se ha cumplido con el derecho de información de los socios", si "la operación estaba realmente justificada", si "su coste y garantías fueron razonables" o si se han producido "perjuicios a la sociedad", razona el tribunal, que reprocha también al Juzgado 46 haber inadmitido la querella inicialmente con "argumentos de tan poco peso" como el de que la operación del préstamo fue aprobada por acuerdo del consejo de administración.

 "Lo importante de una decisión de este órgano no es tanto el aspecto formal de la legalidad de su actuación al constituirse y votar, sino el contenido de lo que se decide, cuestión no examinada con la profundidad que requiere el caso", censura el auto que ordena admitir la demanda.

"La responsabilidad penal de quienes forman parte de los órganos de administración hace tiempo que se viene exigiendo en los tribunales", ahonda la Audiencia Provincial, que abraza también en este punto el criterio esgrimido por el recurrente, que si todos los juzgados utilizasen esta tesis, "se quedarían sin contenido todas las querellas interpuestas por delito societario y apropiación indebida" y "quedarían impunes graves ilícitos", como los que se han dado en casos como los de las 'tarjetas black' o los relativos a los consejeros de las cajas investigadas.

 Pero además de los contratos relativos al pago de los mencionados 19,5 millones, el tribunal también pidió al Juzgado 46 que reclamara a Barreiro la documentación que acredite las supuestas labores de asesoramiento que desempeñó para el gigante de la distribución en el marco de la citada operación de préstamo, así como todas las facturas que justifiquen el abono del dinero a las mercantiles radicadas en Singapur y Emiratos Árabes (Tereze y Noganoir). 

Toda esta documentación también fue requerida prejudicialmente por Areces al presidente y consejeros de El Corte Inglés, quienes sin embargo se negaron a atender la petición, como hicieron con los contratos.

 Por otra parte, en la misma operación del crédito concedido por el jeque, además de entregar la comisión de 19,5 millones a las empresas de Barreiro, el grupo de distribución abonó otros 3,75 millones de euros al banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, también por un supuesto asesoramiento.

Este último pago ha sido igualmente requerido por la Audiencia Provincial, que en el auto del pasado noviembre —que ordena al Juzgado 46 admitir la querella— exige a El Corte Inglés que entregue los informes remitidos por la entidad financiera norteamericana y el justificante de que estos fueron suministrados a los consejeros antes del consejo de administración de julio de 2015, en el que los responsables del grupo argumentaron que ya los tenían en sus manos.

Tras recibir el auto de noviembre del alto tribunal madrileño, el Juzgado 46 citó para que comparecieran todos los imputados el pasado 8 de marzo con objeto de que entregaran toda esta documentación al magistrado Escribano Laclériga. Sin embargo, ningún miembro de la cúpula de la compañía ni de las sociedades extranjeras se personó en la sede judicial ubicada en la madrileña plaza de Castilla. 

Los investigados enviaron dos abogados con poderes para argumentar que no podían hacer entrega de la documentación requerida porque se trata de información confidencial, excusa que no fue admitida por el Juzgado 46, que volvió a citar a Gimeno, Hernández-Gil, Pizarro, Martínez Echevarría, Shahbaz, Lasaga y Barreiro para abril con el fin de que aporten los mencionados papeles.

La negativa a entregar la documentación, como sostiene la acusación, no hace sino dar apariencia de "oscuridad" a la operación, que se concretó en julio de 2015. Ese mes, el grupo del jeque catarí —Primefin— compró el 10% de las acciones de El Corte Inglés por 1.000 millones de euros que se abonaron en forma de préstamo convertible en acciones de autocartera en un máximo de tres años.

 El trato alcanzado por ambas partes suponía valorar el grupo de distribución en 10.000 millones de euros, una cantidad del todo "inaceptable" para Areces, que inmediatamente emitió un comunicado público expresando su desacuerdo, dado que —para más inri— la sociedad de tasación Tinsa había valorado en 18.000 millones a la compañía apenas dos años antes.

 "En el peor de los escenarios, la valoración de El Corte Inglés hoy oscila entre los 14.800 y los 16.140 millones", sostiene la querellante en el recurso que dio lugar al auto de la Audiencia Provincial, que añade que esta diferencia entre lo que vale la entidad y el precio que le otorga el préstamo del jeque deja un "perjuicio de al menos entre 400 y 600 millones para los accionistas, ya que las participaciones comprometidas con Primefin son de autocartera y por lo tanto propiedad de todos los socios".

El jeque Al Thani, uno de los hombres más poderosos de Qatar, controla su patrimonio a través de empresas 'offshore', como desveló El Confidencial tras investigar los papeles de Panamá. Algunas de esas sociedades instrumentales las comparte el magnate con el mismísimo Hamad bin Jalifa al Thani, emir del país entre 1995 y 2013, que mantuvo al ahora accionista de El Corte Inglés como su mano derecha desde que este último le apoyó en el golpe de Estado que dio contra su padre para hacerse con el trono del emirato.

 La investigación penal sobre la cúpula de El Corte Inglés no ha sido, sin embargo, la única consecuencia judicial que ha provocado la polémica entrada del jeque en el accionariado de la compañía y la expulsión de Ceslar del consejo de administración. El presidente Dimas Gimeno y varios consejeros del grupo declararon en calidad de testigos el pasado 6 de marzo ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, tras la demanda interpuesta por la Corporación Ceslar contra la decisión de sacar a esta última del consejo de administración y la modificación de tres artículos de los estatutos de la compañía, acordadas ambas determinaciones en la junta de accionistas de agosto de 2015 con el apoyo del 89,6% de los socios.

 Dimas argumentó que el consejo de administración acordó la expulsión de Carlota Areces porque esta había sido "desleal" con el gigante de la distribución al haber filtrado información confidencial a la prensa, extremo que negó la nieta de Luis Areces, uno de los tres fundadores —junto a su hermano Ramón Areces y César Rodríguez— de la sastrería que en los años treinta fue el germen de lo que ahora es El Corte Inglés. 

El Juzgado de lo Mercantil, que escuchó a demandantes y demandados, no atendió la reclamación del abogado de Carlota Areces de suspender la vista hasta que concluyera la vía penal, que se celebra por hechos similares, pero sí explicó que no resolvería hasta que no acabara el camino emprendido por Ceslar en el Juzgado 46 de Madrid."           (Roberto Ballesteros, El Confidencial, 13/03/17)

13.3.17

La 'caja b' de Esperanza Aguirre

"La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.
 

Según los documentos a los que en su día tuvo acceso este diario, el PP de Madrid falsificó facturas con el fin de encubrir la financiación de las campañas de 2003 que terminaron con el tamayazo y el consiguiente Gobierno de la Comunidad en manos de Esperanza Aguirre con el fin de burlar la Ley Electoral y la de Partidos

La primera prohíbe las aportaciones a partidos en campaña por importe superior a 6.000 euros. La segunda limitaba entonces a 60.000 euros anuales la aportación máxima que, directa o indirectamente, podía entregar una misma persona, física o jurídica, a un partido.

Sin embargo, el PP de Madrid de aquel entonces —en el último año estuvo dirigido por Cristina Cifuentes hasta la convocatoria del Congreso regional que tendrá lugar a mediados de marzo— recaudó sólo en 2003 más un millón de euros con ese sistema de financiación paralelo. Con esos fondos, según la documentación de Público, se pagaron facturas de las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, así como del Congreso regional del PP y los siguientes comicios generales de 2004.

¿Cómo? Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), que apenas tenía actividad pública conocida, recaudó fondos en forma de donaciones privadas procedentes de empresarios que luego fueron a parar a la empresa Special Eventes, dirigida por el condenado Francisco Correa e investigada en Gürtel, encargada de organizar los actos electorales de Aguirre.  

Después, los empresarios donantes, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros y entre los que figuran personalidades afines a Aguirre, como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, fueron también adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Sólo Díaz Ferrán donó en aquellas fechas 246.000 euros. 

 Arturo Fernández, 57.030 euros. Sus empresas obtuvieron luego contratos públicos por un valor superior a 300 millones.

En los pendrives obtenidos tras un registro a un piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos de Madrid donde figuraban las hojas de cálculo de Special Events se especificaban "cambios de facturación" y se citaban a clientes de la empresa de Correa: el PP de Madrid, el grupo popular del Ayuntamiento de Móstoles, el PP de Majadahonda, Fundescam y hasta el PP nacional. Incluso aparecía el nombre de Luis Bárcenas en dicha documentación.

Además, según otro documento de la tesorería regional al que tuvo acceso Público en 2010Fundescam no era la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES  —ahora desligada del Partido Popular pero aún dirigida por José María Aznar— pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al Gobierno regional de Madrid. 

En concreto, Special Events habría recibido en 2003 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES. Y aún figuraban como "pendiente de pago" a  233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.

También en 2010, la Fiscalía Anticorrupción confirmó ante el juez Antonio Pedreira que Aguirre se había financiado ilegalmente. En esa información, Anticorrupción ratificaba el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo del que había dado cuenta Público en exclusiva. 

Dicho documento cifraba en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, la empresa de Gürtel, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros. ¿El problema? La propia Fiscalía consideraba que los delitos podrían haber prescrito ya hace 7 años.

Sin embargo, después de que el juez Velasco ordenara a la UCO —ya en la actualidad— investigar las presuntas irregularidades del PP de Madrid en la única pieza sobre la financiación de los conservadores que aún continúa secreta, se ha detectado que la financiación a través de Fundescam se ha mantenido hasta casi 2011. Por ello, los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

En esta nueva línea de investigación de la trama Púnica iniciada tras el estudio de la documentación obtenida en la sede de Génova, Velasco —que ya reflejó hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP"— ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, así como de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña. 

Ayer declararon en la Audiencia Nacional, a puerta cerrada, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses. Hoy Gutiérrez continúa imputado, junto al empresario Javier López Madrid, el propio Granados y el socio de éste, David Marjaliza. 

El objetivo es indagar también en grandes proyectos de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 —que incluía el desarrollo seis hospitales— o la Ciudad de la Justicia impulsada en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González

Otro de los proyectos investigados es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.

Pese a todo, Aguirre sigue negando todo conocimiento de estas presuntas irregularidades. La lideresa del PP madrileño, que siempre se ha excusado lamentando que sus más fieles colaboradores le salieran "rana", presumió este jueves de "transparencia". "Las cuentas están ahí, y lo más importante de todo: los donantes lo han hecho de una manera transparente, por transferencia, figurando como tales", ha sostenido. 

"A mí me parece muy bien que se investigue, pero lo que yo le puedo decir que la Fundescam, que yo no la fundé (fue Pío García Escudero), recibía fondos de la Comunidad de Madrid todos los años para que hiciera su labor", concluyó antes de tirar del 'y tú más' y recordar que  "también el PSOE e IU" tenían fundaciones similares.

Asimismo, la expresidenta de la Comunidad se ha negado a dimitir de su puesto de concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid al asumir que ya había pagado su correspondiente responsabilidad política por haber fallado "in vigilando" con su dimisión, hace un año, como presidenta del PP de Madrid."                 (Público, 09/03/17)

10.3.17

Las mejores frases de Millet: “El 2,5% para CDC, el 0,5% para Montull y el 1% para mí”

"(...) Con respiración forzada, los auriculares puestos para escuchar mejor y la voz ronca que le caracteriza, Millet se ha remitido a los declarado en su confesión del año 2009 y ha llegado a reconocer que “cobraba de muchos sitios”, y ha detallado la parte que él y Montull se llevaban de las comisiones entre Ferrovial y CDC. “Nos repartíamos el 4%, el 2,5% para CDC, el 0,5% para Montull y el 1% para mí”. Ahí van las mejores frases de su declaración ante el fiscal Emilio Sánchez Ulled. 

1.- Jordi Montull era el director general, controlaba las reformas del Palau con los arquitectos. Era mi mano derecha.

2.- Me beneficié de fondos de la fundación para mi uso privado, para obras en mi casa. Fue un error mío brutal y que ya lo dije en 2009 sintiéndome culpable.

3.- No recuerdo si las empresas que hacían obras en mi casa eran proveedoras del Palau. Esto lo llevaba Montull.

4.- Montull admitióa que había hecho obras en su casa en la de su hija, pero yo no tenía ni idea, ni de lo que costaron. A mí no se me había dicho esto. 

5.- Adjudicarme a mí mismo un incentivo también fue un error. No recuerdo si el incentivo que nos adjudicamos era de 800.00 euros para mí y de 200.000 euros para Montull

6.- (Sobre las bodas de sus hijas en el Palau) Se pagaron con fondos del Palau. Lo hice mal, me equivoqué pero tuve unos motivos. Necesitábamos hacer publicidad y se me dijo que convendría mucho hacer las bodas para que la gente sepa que se podían hacer en el Palau. 

7.- Reconozco también que me equivoqué al cargar al Palau los costes de viajes particulares. 

8.- Es que yo cobraba de muchos sitios, ¿eh? -(Fiscal): Ya, ya me he dado cuenta.

9.- No me estaba quedando dinero del Palau así por las buenas. 

10.- (Preguntado sobre los 9,5 millones que no parecen por ninguna parte) Ni idea. No sé por qué dicen que faltan los 9,6 millones. No sé si cuentan los pagos en efectivo a los jubilados, a los cantores… 

11.- Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a CDC a cambio de obra pública que CDC le daba. No recuerdo cuándo se inició esta dinámica, hace años…

12.- ¿CDC? Sí, CDC sabía que Ferrovial daba este dinero a cambio de que se le diera obra pública, pero yo las interioridades de CDC las desconozco.

13.- Yo diría que no me reuní con nadie de CDC. Me puedo equivocar pero no creo que me equivoque. Quizás sí que tuve alguna pero no me acuerdo. 

14.- (Sobre una reunión de Jaume Camps, Germà Gordó, Jordi Montull y él en el Hotel Diplomatic). ¿El sr Gordó ha dicho? No, no me acuerdo. Debía haber algún tema, algo a hablar, pero no….

15.- (Sobre la cantidad que Ferrovial debía dar) Se ponían de acuerdo Ferrovial y CDC, yo no entraba. 

16.- Nos repartíamos el 4%, el 2,5% para CDC, el 0,5% para Montull y el 1% para mí. Nos quedábamos una parte de la comisión, el 4%. El patrocinio de Ferrovial al Palau era muy pequeño.

17.- CDC recibía el dinero con acuerdos entre ellos, supongo que iba sobre el valor de las obras. Hubo muchas. 

18.- Sé que se dio dinero a la Fundació Trias Fargas, que luego debió ir a CDC y luego CDC lo devolvió. Era dinero que venía de Ferrovial. 

19.- El Daniel que figura en mis anotaciones es Daniel Osàcar, pero apenas hablé con él.

20.- No recuerdo haber dado dinero del Palau a Àngel Colom."                (La Vanguardia, 08/03/17)