28.4.17

"Los fiscales hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses"

"Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) asiste con preocupación al huracán que se sucede en la Fiscalía Anticorrupción, con una cadena polémicas que han puesto a los fiscales contra las cuerdas. En sólo 50 días, el nuevo responsable ha cesado a los fiscales que investigaron el 3% y ahora, ha intentado acabar con el fiscal del caso Lezo, una supuesta trama criminal liderada por Ignacio González, el popular expresidente de la Comunidad de Madrid

Fiscal de Medio Ambiente de Galicia, García Ortiz preside la asociación que representa a los fiscales progresistas de España, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Considera que se contraponen dos modelos, el de poder concentrado y priorizando el principio de jerarquía, que parece presidir ahora el rumbo de la Fiscalía, y el que basado en unos fiscales coordinados, donde cada uno asume su responsabilidad. El primero lo permite el Estatuto Orgánico, pero la legislación actual no prevé los correspondientes contrapesos para evitar excesos.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, parece haber entrado como elefante en cacharrería en su nuevo cargo, con el supuesto cese/renuncia del fiscal principal del caso Lezo, Carlos Iañez.

Debemos reivindicar la profesionalidad de los fiscales, aún cuando discrepen de sus jefes, están en su derecho y nunca deberían verse sometidos a mas presión que las propias del caso que llevan. 

 La falta de oportunidad de su nombramiento una vez conocido el tema de las escuchas contamina cualquier decisión que tome, por lo que el resultado de sus decisiones y la repercusión pública de las mismas son preocupantes, tanto por los delitos concretos investigados como porque se pone en cuestión la credibilidad de la Fiscalía.

¿Es cierto que ustedes alertaron al nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, antes del nombramiento de que Manuel Moix salía citado en las escuchas intervenidas a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado en el caso Lezo quien quería promocionarlo a fiscal Anticorrupción?

No teníamos tantos detalles entonces, ni podemos contrastar siquiera que las escuchas digan eso, puesto que todo es reservado y secreto y lo que hay son filtraciones periodísticas. Lo que es interesante aclarar, una vez que se ha conocido esa conversación con el Fiscal General del Estado, es el contenido exacto de nuestra conversación con él.

Le trasmitimos un rumor, conocido por diferentes fuentes en la carrera, que afirmaba la existencia de unas conversaciones entre Ignacio González y otra persona en la que el salía el nombre de Manuel Moix y no eran muy favorables para él. Nos costó mucho transmitir algo así de un compañero, pues podíamos estar transmitiendo una insidia, o perjudicar las legítimas aspiraciones de un compañero, pero decidimos trasladárselo al Fiscal General del Estado con mucha precaución y por lealtad institucional. Confiando en que el tendría en su mano instrumentos para confirmar o descartar este rumor.

¿Cómo reaccionó Maza?

No puedo reproducir sus palabras, pero se mostró sorprendido y se lo tomó muy en serio.

Y al final le nombró para el cargo.

Ahí está. Pero es el Fiscal General quien debe explicar por qué, pese a conocer que el nombre de Moix salía citado en unas escuchas, decidió nombrarlo finalmente.

¿Es Moix una persona nombrada a instancia del Gobierno para hacer limpieza en Anticorrupción en los casos políticos, como se ha sospechado? En 50 días ha cesado a los fiscales que llevaron la corrupción del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo; recuerda a Iañez que dijo que renunciaría...

No puedo afirmar eso, ni me lo puedo creer. No se puede afirmar eso de ningún fiscal. Otra cosa es que la apariencia de lo que está pasando esté dañando la credibilidad de la Fiscalía y de toda la profesión. Hay que diferenciar dos planos: el que surge de las apariencias y la realidad de los hechos. Hay que tomar cierta distancia de los hechos y quedarnos en que podíamos haber evitado, quizá con otras actitudes, una reacción tan explosiva como la que se ha producido.

Moix parece que se explica, pero las versiones de los hechos varían. ¿Fue un cese o una renuncia la del fiscal de Lezo que se había amparado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico para requerir una orden por escrito en la que estaba en desacuerdo?

Eso habrá que verificarlo en el lugar que corresponda. Yo no estoy autorizado para trasladar a los medios la versión del afectado, pero quien plantea un artículo 27 no está renunciando a su cargo -si es que este es renunciable-, y no debería nunca trasladarse al mismo, ni siquiera de una manera accidental, que lo más conveniente es su marcha de una fiscalía.

¿Tan extraordinario es invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico como para llevarse por delante a un fiscal de Anticorrupción?

El artículo 27 es una garantía frente al principio de jerarquía que establece nuestro estatuto, mejor dicho, contra el mal uso de ese principio, pero lejos de ser de uso ordinario en la Carrera, es una autentica excepción.

¿Van a pedir explicaciones en el Consejo Fiscal? [El órgano máximo consultivo del Fiscal General]

El Fiscal General del Estado es el responsable de lo que ocurre en Anticorrupción y debe explicarnos, a nosotros y a la sociedad, cómo va a solucionarlo. Porque lo ocurrido se proyecta hacia el futuro, hacia todos nosotros, los fiscales, y necesitamos saber cual ha sido la actuación de la Fiscalía, y sobre todo, cual va a ser la proyección en el futuro.

¿Qué ocurre en esta fiscalía especializada? ¿Acaso no trabajan bien?

Desconozco el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción; sin duda un nuevo jefe tiene derecho a hacer ajustes, a imponer su organización y sus criterios. Pero partiendo de ello se puede hacer una reflexión mas profunda. Existen dos modelos de Fiscalía. 

El primero se basa en confiar en los profesionales, que asuman su responsabilidad, con un jefe que ejerce las funciones de coordinación, una especie de director de orquesta con excelentes solistas. Es el modelo que ha funcionado hasta hoy, seguramente con muchos aspectos que mejorar y otros que mantener.

 El segundo sería un modelo jerárquico absoluto, en el que cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. Ese segundo modelo que se pretende imponer -el cambio hacia un modelo más jerarquizado- es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos.

Moix dijo a sus fiscales que, a partir de ahora, él es el único portavoz de Anticorrupción...

Se está tratando de implantar un modelo, establecido y que permite el Estatuto Orgánico, y que a nosotros como UPF no nos gusta porque entendemos que el Estatuto no otorga herramientas suficientes para controlar la posibilidad de que existan excesos en el desarrollo del principio de jerarquía. Es un modelo piramidal con muy pocos contrapesos ante los excesos de poder.

La idea de otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía parece que ha quedado en cuestión.

Hemos perdido la batalla de la credibilidad. Nos hace mucho daño a todos los que trabajamos en la Fiscalía. Se ha hecho mucho daño a los fiscales Anticorrupción si cuestionamos su profesionalidad. A ellos, que han sido modelo de persecución de estos delitos, y del que no había precedentes en España, modelo por el que nos preguntan y exportamos a otros países; un trabajo que está siempre alimentando las resoluciones de los jueces de instrucción, especialmente en la Audiencia Nacional.

Entienda que ahora se desconfíe que los fiscales instruyan

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más. Toda esta polémica tiene un sentido positivo, porque nos alerta de que el modelo fiscal está mal construido. Esa es la reflexión positiva. Hay que transmitir a la sociedad el trabajo que hacemos los fiscales, hay que explicar y comunicar mejor, lo que hacemos en la base, y lo que se hace en los órganos centrales, porque nuestra credibilidad ha quedado cuestionada.

¿Se sienten representados actualmente por José Manuel Maza?

Representados como Carrera no. Es nuestro Fiscal General y tiene la representación legal que le otorga el estatuto; todos actuamos en nombre del Fiscal General, pero de ahí a que haya una identificación de la Carrera con quien ocupa su despacho en Fortuny [sede central de la Fiscalía, en Madrid] todavía no.

¿Y cómo asiste la carrera fiscal a este huracán?

Pues como espectadores incrédulos a lo que vemos en los medios de comunicación.

¿Van a dar consejos a los grupos parlamentarios sobre cómo tendría que funcionar la Fiscalía? El Congreso ha creado una Subcomision para idear una Estrategia Nacional de Justicia

No nos han llamado todavía, no somos quienes para dar consejos, sino para trasmitir nuestras experiencias y nuestra inquietudes. Tampoco hace falta esperar a la promulgación de una nueva ley para avanzar en las garantías de autonomía del ministerio fiscal. Se puede hacer desde ya, demostrando con hechos la autonomía de los fiscales, y porqué no, con reformas de nuestro estatuto que avancen en esa autonomía.

¿Fue el control de Anticorrupción la causa de las maniobras que estuvieron detrás de la caída de Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía?

Esa pregunta sólo la pueden responder otras personas, no la Unión Progresista de Fiscales."            (Julia Pérez, Público, 27/04/17)

El clan Pujol funcionaba como una organización criminal perfectamente asentada

"Las cuentas del hijo mayor de los Pujol en Andorra recibieron ingresos en efectivo en todo tipo de divisas. Además de las antiguas pesetas y del euro, los depósitos se nutrieron de marcos alemanes, libras esterlinas, dólares y francos suizos, según se desprende del sumario del caso.

Según refleja el juez instructor José de la Mata en varias comisiones rogatorias remitidas a Andorra, en la causa se ha podido constatar que Jordi Pujol y su entonces mujer Mercé Gironés disponían en este país de varias cuentas corrientes que "presentan multitud de abonos en efectivo de origen desconocido que no pueden asimilarse a una actividad legal".

En algunos casos, estos ingresos se relacionan "con personas que han desarrollado una actividad empresarial entroncada con el sector público en Cataluña", dice el juez en uno de sus escritos fechado en 2015.

Así describe algunas de las imposiciones de efectivo hasta alcanzar un montante de 30 millones de euros. El magistrado detalla varios de los ingresos: 2,7 millones de pesetas; 10,3 millones de euros; 3,2 millones de dólares; y 2,1 millones de marcos.

Posteriormente los ingresos se traspasaban a cuentas de los otros seis hijos del expresidente de la Generalitat: Oleguer, Oriol, Pere, Josep, Mireia y Marta.

En otro escrito de 2015, el magistrado detalla los movimiento de una de las cuentas, en la que, hasta su cierre en 2001 se ingresaron en 43 imposiciones una cifra total de 5,6 millones de euros.

Sin embargo, las investigaciones no han podido determinar si Pujol "se presentaba en la entidad" con metálico en otras divisas o si hacía el ingreso en pesetas o euros y pedía que se anotara la disponibilidad en otra moneda.

Las cifras de negocio del clan Pujol -extraídas tras analizar la información facilitada por las autoridades andorranas- son "ciertamente escandalosas", describen los agentes en otro informe policial del año 2012.

En él aseguran que los datos recabados han permitido reconstruir numerosas operaciones que en determinados casos partían de ingresos en efectivo de "cuantías desproporcionadas". "Imposibles de asimilarse a relaciones económicas usuales", agregan.

En la documentación incorporada a la causa se compara el proceder de la familia Pujol Ferrusola en el extranjero con "las organizaciones criminales perfectamente asentadas", y gracias a las cuáles se permitiría blanquear capital "para financiar nuevas actividades ilícitas, siendo un claro ejemplo de ello los negocios desarrollados en Argentina y México".            (La Voz Libre, 25/02/17)

Jordi Pujol Jr. utilizó a un testaferro que lavó dinero procedente del narcotráfico

"El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro, Vicente Luis Agramunt, que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del que la Fiscalía Anticorrupción tiene conocimiento desde enero de 2015.

En el citado informe, que obra en el sumario del 'caso Pujol' que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, se vincula a Agramunt con la sociedad anónima constituida en Costa Rica en 2010 Blueshield Capital Group, creada según los investigadores "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".

Agramunt era el secretario de esta supuesta compañía pantalla y la Policía ha constatado que, el mismo día de su constitución -el 16 de septiembre de 2010-, otorgó amplios poderes sobre la empresa a dos supuestos socios del hijo mayor de Pujol, Enrique José Vargas Tabernero -responsable en México de la constructora Isolux, y Juan Antonio Piedras Sanz.

La Policía alerta que Agramunt, "abogado de reconocida experiencia" en la constitución de sociedades instrumentales", fue el mismo que en febrero de 2013 creó Global Trader Resources Company S.A., empleada en operaciones de lavado del dinero de la droga, sin que se aporten en el informe más datos al respecto.

Por lo que se refiere a la sociedad vinculada a Jordi Pujol Jr., fue escriturada en Costa Rica y se designó secretario a Agramunt, quien vivió en Miami (EE.UU.) hasta su regreso a España en 2004.

En enero de 2015, cuando se realizó el informe por la UDEF, el presunto testaferro de los Pujol era dueño de Juris Magister LLC, constituida en la citada ciudad estadounidense pero con sede en la Torre Europa del Paseo de la Castellana de Madrid. Su especialidad, "constitución y registro de sociedades en jurisdicciones 'fiscalmente favorables'".

EMPRESA PANTALLA CON FILIALES EN FLORIDA

La Policía concluye que Agramunt -imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 2009 por un presunto delito de blanqueo de capitales- era una persona encargada de proporcionar sociedades 'ad hoc' en territorios opacos y que Blueshield habría sido "instrumentalizada para generar a partir de ella una estructura societaria, con filiales domiciliadas en Miami dedicadas a la "realización de operaciones financieras y económicas con fondos cuyo origen podría encontarse en las presuntas actividades ilícitas desarrolladas en España" por el mayor de los Pujol. Es la misma operativa empleada por Jordi Pujol en otras ocasiones, recuerda el informe policial.

Sobre el resto de gestores de la entidad, la Policía dice que Vargas Tabernero dejó de trabajar en Isolux Corsán en 2010, una empresa cuyo responsable, Luis Delso Herás, "habría llegado a pagar facturas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola por unos servicios de asesoramiento de cuya constancia no existe más que el trasvase de fondos hacia este último y el acuerdo verbal al que afirman haber llegado ambas partes".

En cuanto a José Antonio Piedras, el informe lo sitúa como administrador único de varias mercantiles con domicilio social en la calle Coslada de Madrid."                    (La Voz Libre, 09/03/17)

27.4.17

El Tamayazo, ese “golpe de las grandes empresas”, representó el triunfo de la corrupción sobre la democracia

 "(...) En 2003 hubieron de repetirse las elecciones en la Comunidad de Madrid; por entonces, el PP llevaba tiempo mordiendo voto en los municipios y acercándose a un PSOE instalado en su eterna crisis madrileña. 

 A pesar de ello, el resultado de los comicios dio la mayoría a la izquierda (PSOE más IU) aunque por solo dos diputados. Fue entonces cuando precisamente dos diputados del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz) se negaron a votar como presidente a su candidato, Rafael Simancas en plena sesión de investidura.

 Tras las causas de este rechazo aparecieron el soborno y la sospecha de que Ricardo Romero de Tejeda, secretario General del PP entre 1996 y 2004, consejero de Caja Madrid, usador y abusador confeso de tarjetas black, defensor de su legalidad y alcalde de Majadahonda (1989-2001), municipio sumergido en la trama Gürtel, había gestionado la abstención que obligó a la repetición electoral; todo ello a cambio de que alguna constructora amiga pagara un buen pellizco a los dos diputados díscolos.

La repetición de esas elecciones, en las que el PP perdió muchos menos votos que el PSOE, otorgó a Esperanza Aguirre su primera mayoría absoluta en la Comunidad. En otras palabras, el Tamayazo, “el golpe de Estado” del dinero sobre la  voluntad popular había funcionado. 

Asistimos a la prueba práctica de que se podía conseguir, con la mayor impunidad, dinero ilegal para financiar campañas, ganar votos y formar mayorías que permitieran configurar gobiernos  para el gran capital. Desde ese instante, la tendencia creció exponencialmente. 

El Tamayazo representó el triunfo de la corrupción sobre la democracia y perfiló una prueba más de la enfermedad mortal que atacaba de manera irremediable al régimen del 78, enfermedad que se hizo visible con fuerza a partir de la crisis económica del 2008. 

Precisamente con la crisis se puso a prueba todo el entramado institucional, jurídico y de representación, y comenzó a hacerse evidente su total incapacidad para  satisfacer las necesidades crecientes de vivienda, salud, empleo, protección social en condiciones, educación o derechos de una población cada vez más empobrecida en una sociedad cada vez más dual.

La izquierda y la moción de censura

Más de tres lustros han transcurrido desde ese “golpe de las grandes empresas” a la democracia. Y desde entonces, las izquierdas funcionan en Madrid como un boxeador sonado que pega golpes aprendidos cuando se halla en forma, pero que  es incapaz de noquear a un adversario que le cambió las normas, las condiciones del combate y que usó la ilegalidad en la pelea. 
Ciertamente y aún sonado, el boxeador acierta con algunos golpes, como vimos en las últimas elecciones municipales, pero no logra vencer.  (...)"           (Carlos Girbau  , Sin Permiso, 23/04/2017)

Cuando el Estado, y la fiscalía, ampara a los corruptos

"El PP actúa como si las instituciones de Estado fueran suyas". La frase pronunciada esta misma semana por un diputado del PSOE puede servir para entender muchas de las cosas que están ocurriendo en torno a la Operación Lezo.

Hay otra frase que aclara aún más las cosas. Esta apareció en una conversación que mantuvieron el pasado verano Ignacio González y Eduardo Zaplana: "Si no controlas el aparato del Estado estás muerto".

Junten esas dos ideas y podrán empezar a entender: entenderán, aunque no lo compartan, que la trama corrupta encabezada por Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, acusado junto a otros de saquear el dinero público del Canal de Isabel II, era algo más que un latrocinio organizado. En Madrid, al menos, era una forma de gobernar, esquilmando recursos públicos porque nadie se lo podía prohibir. 

 Entenderán, asimismo, por qué la investigación de este nuevo caso de corrupción que afecta de lleno al corazón del PP madrileño ha estado preñada de actuaciones como mínimo discutibles por parte de ciertas instituciones del Estado, en especial de la Fiscalía, pero también desde el Gobierno: el Estado son ellos. 


Ignacio González tenía muy arraigada esa idea de que el Estado era su cortijo particular. Sirva un ejemplo: La Sexta cuenta que en una conversación con su gran amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, González bromea con "pegarle dos tiros a la juez" del caso de su ático en Estepona, caso que surgió antes que el del Canal de Isabel II.

 Tal era la sensación de impunidad de Ignacio González, que hasta especulaba con la posibilidad de cambiar jueces o de llamar directamente a "Rafa", para los demás ciudadanos Rafael Catalá, ministro de Justicia. 


Y eso no es todo: filtraciones y chivatazos a los acusados sobre la marcha de la investigación judicial; reuniones injustificadas de algunos de los investigados con altos cargos del Gobierno; la dudosa y cuestionable actuación de Manuel Moix, Fiscal Jefe Anticorrupción encargado de dirigir la investigación y aparentemente más preocupado por torpedearla; conversaciones grabadas que dejan al descubierto que los integrantes de la trama sabían que les estaban investigando porque una "juez amiga" les había avisado; charlas también grabadas en las que González habla con Eduardo Zaplana, uno de los prebostes del PP durante el aznarismo, del nombramiento de Moix meses antes de ser oficial su nombramiento y del control de los jueces, sobre quitarlos y ponerlos, como si tal cosa; el SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al propio González dándole ánimos en una nueva versión del "Luis, sé fuerte"; las sospechas que al menos desde el año 2009 gravitaron sobre las actividades de González y que hasta ahora habían caído en saco roto... 

 Han ocurrido tantas cosas que la sombra de la sospecha no sólo alcanza a los acusados: llega también al propio aparato del Estado. 

Lo que parece fuera de toda duda es que Ignacio González y sus cómplices sabían que estaban siendo investigados desde hace meses. La revista Interviú cuenta que en el sumario del caso se recoge una conversación en la que Ignacio González, meses antes de ser detenido, le dice a otro de los acusados: "He hablado con un secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado".

 Ese secretario de Estado aún no está identificado, pues no ha trascendido si es uno del actual Gobierno o lo fue de otro anterior, siempre con Rajoy en la Moncloa.


Quien sí está identificado es el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, del que se ha sabido que el pasado 8 de marzo recibió al hermano de Ignacio González, Pablo, también detenido en la Operación Lezo

 El propio juez Velasco, instructor del caso, escribe en un auto: "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio, se habría reunido con un secretario de Estado". Pablo González salió de aquel encuentro diciendo que había ido sido "muy interesante". El ministerio del Interior aún no ha sido capaz de dar explicaciones convincentes sobre esa reunión.


Los chivatazos a González eran constantes y llegaba por diferentes vías: además de las reuniones con altos cargos, González recibió el chivatazo de una jueza amiga. El diario ABC señala que una magistrada informó al presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, de que estaban grabando al que había sido mano derecha de González en Suramérica, Edmundo Rodríguez, quien además es consejero delegado de ese periódico.

El Fiscal Anticorrupción, en la picota


Sin embargo, es el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, nombrado hace un mes, el que mayores recelos despierta. Las sospechas de parcialidad en su actuación lo impregnan todo. Fue el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombrado a su vez por el ministro de Justicia Catalá, quien impuso a Moix para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que nunca había ejercido antes esa especialidad. 


Como informaba Público el pasado sábado, el nombramiento de Moix formó parte de una verdadera caza de brujas en el Ministerio Público que barrió de los puestos de mando a todos los fiscales progresistas y los reemplazó por afines al PP. Moix lo es, al menos esa impresión dejó tras su paso por la Fiscalía de Madrid, donde tuvo, según él mismo ha dicho, "relaciones de carácter institucional" con Ignacio González. 


Es a Moix a quienes muchos señalan como el filtrador. Su actuación está bajo sospecha. El mismo día que el escándalo saltó a los medios de comunicación, se supo que Moix había intentado impedir un registro, que impuso la retirada del delito de organización criminal contra Ignacio González y que trató asimismo de dejar al margen de la investigación la gestión del Canal de Isabel II durante la etapa de Gallardón. Sólo la rebelión de sus subordinados le paró los pies. 


No es la primera vez que la actuación de la Fiscalía queda en entredicho en los últimos meses: el caso Auditorio es un ejemplo reciente de ello, pero hay otros muchos que Público ha recopilado en este artículo.

El último episodio conocido de esta retahíla de hechos anómalos es el envío el pasado 3 de noviembre de un SMS de apoyo a González por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", le dice el ministro a González cuando ya estaba siendo investigado. 


Todos estos chivatazos, filtraciones, conversaciones con políticos, jueces y fiscales que van saliendo a la luz demuestran que los integrantes de la trama estaban tan sobre aviso que el juez Velasco tuvo que ordenar la colocación de un micrófono oculto en el despacho del expresidente madrileño en plena noche para poder avanzar en la investigación, según ha informado la Ser. 


González era experto en tomar precauciones. Según eldiario.es, su obsesión por no ser grabado era tal, que la Comunidad de Madrid se gastó 117.000 euros en 2013 en teléfonos encriptados para evitar escuchas, algo que sin embargo no pudo evitar y que ha terminado por llevar a González a la cárcel pese a que tenía todo a su favor: un fiscal comprensivo y contactos con las más altas instancias del Estado. "                  (Jorge Otero, Público, 25/04/17)

26.4.17

Ramón Cerdá: el nexo que une los casos Gürtel, Nóos y la carne de caballo ilegal

"¿Qué tienen en común los casos Gürtel o Nóos y la operación que está desarrollando la Guardia Civil contra la venta internacional de carne de caballo no apta para el consumo humano? Les une Ramón Cerdá, cuyo nombre ha aparecido en los sumarios de los grandes casos de corrupción, como Gürtel, Nóos o Hidalgo. 

Una empresa creada por Cerdá en 2009 y de la que se desprendió un año después —Kandelia Europea SL— está en el centro también de la operación contra el fraude de la carne de caballo, que aún está abierta y bajo secreto de sumario.

Kandelia acabó en 2015 en manos del ciudadano holandés Jan Fasen y de una de sus hijas, según figura en el Registro Mercantil y apunta la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona y que, de momento, ha supuesto la detención de 25 personas. A su vez, Fasen, que presuntamente está en el centro de la operación que desarrolla el Seprona, es un viejo conocido del negocio fraudulento con carne de equino.

 En 2013 estuvo relacionado con el enorme escándalo que se desató al localizarse en los mercados europeos ternera mezclada con caballo. Este mismo ciudadano protagonizó en 2009 otro caso más: hizo pasar como ternera halal (los alimentos que cumplen con los requisitos del Islam) carne de caballo.

Enrico Brivio, portavoz de salud de la Comisión Europea, ha mostrado este martes su "sorpresa" ante la presunta implicación de Fasen en este nuevo caso en España. La red vendía la carne de caballo en Bélgica, Italia, Rumanía, Holanda y Francia.

Pero la de este holandés es una historia aún en construcción y que los agentes del Seprona intentan desenmarañar dentro de la llamada Operación Gazel.

Condenas y detención

La historia de Ramón Cerdá —propietario de la web sociedadesurgentes.com— dio un vuelco el 14 de marzo, cuando fue condenado a 13 años y un mes de prisión por fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil en una trama del IVA relacionado con la compra de aparatos electrónicos.

En el Registro Mercantil aparecen más de 9.000 anotaciones a su nombre de cargos en sociedades. De hecho, se dedica profesionalmente a eso, a crear sociedades que luego otros compran. "Espero que sepa distinguir entre mi actividad y lo que ocasionalmente hagan mis clientes después de comprar las sociedades", se ha limitado a señalar este martes a EL PAÍS a través de un correo electrónico.

Es el mismo argumento que utiliza cuando es interrogado por los agentes, señalan a este diario fuentes policiales. El problema es que, con bastante asiduidad, algunos de sus "clientes" acaban investigados o condenados por corrupción y usan, precisamente, las sociedades que él creo para ocultarse.

El 14 de marzo tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a escuchar la sentencia por la que fue condenado a 13 años y un mes de prisión. Solo unos minutos después de abandonar la Audiencia agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional lo arrestaron dentro de la Operación Praga, en la que fueron detenidas otras 29 personas e imputadas 27 más por el impago de cuotas de la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones. 

Cerdá, supuestamente, está relacionado con tres empresas de la industria cárnica vinculadas a un fraude al erario de 1,6 millones, según las pesquisas de la Udef. En concreto, con la creación de las mercantiles Digosa XXI, Aristrandro Grupo Inversor y Frepamar Teca SL. La policía lo acusa de delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y organización criminal.

Pero el mes horribilis de Cerdá no acababa ahí. El 9 de abril la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 14 años de cárcel por otro fraude del IVA relacionado con el caso por el que fue condenado en marzo. Una mala racha para el hombre que se jacta de haber vendido 10.000 empresas a lo largo de su vida.


En el centro de las tramas de corrupción


Ramón Cerdá es un viejo conocido de la policía, ya que su nombre aparece ligado a la creación de empresas vinculadas a buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido España en los últimos años.

 Él está detrás de la creación de Good and Better, una de las empresas de Francisco Correa, quien en los últimos meses se sienta en el banquillo de los acusados por la primera etapa del caso Gürtel precisamente por la utilización de esta sociedad, entre otras, para facturar a la Comunidad de Madrid contratos supuestamente amañados por valor de varios millones de euros.

Cerdá también está en el origen de Novosfera Asociados 21 SL, una inmboliliaria con sede en Coslada (Madrid) que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres transformaron en auditora internacional tras aparecer en prensa las primeras noticias sobre el Instituto Nóos. Tras adquirirla, le cambiaron el nombre por el de De Goes Center For Stakeholder Management SL.

Este creador de empresas está relacionada también con Possibilitum Business, utilizada por el liquidador Ángel de Cabo para descapitalizar el Grupo Marsans del hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán, y adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos. De Cabo terminó en prisión por el saqueo del grupo empresarial del que fuera presidente de la CEOE.

Las sociedades de este creador de empresas también han aparecido en el caso Hidalgo, una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en 2007 en Marbella, y en el más reciente caso Gowex. El presidente de esta compañía, Jenaro García, reconoció ante el juez Santiago Pedraz haber utilizado ocho de ellas para ocultar su patrimonio gracias a la colaboración de un testaferro, que fue el encargado de adquirirlas a Ramón Cerdá.

Otras empresas creadas por este que se han visto envueltas en problemas judiciales han sido Artemis 2000 (investigada en el caso que llevó al expresidente de la Diputaciónde Castellón, Carlos fabra, a prisión), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (en el caso Mercalicante) y Tempero 9000 SL (del escándalo de la ITV en Valencia)."                (El País, 19/04/17)

El ministro de Justicia envió este SMS a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”

"La Justicia está bajo sospecha. Las maniobras de la Fiscalía para no imputar al expresidente de Murcia en el caso Púnica, el nombramiento de un fiscal jefe Anticorrupción que el cabecilla de Lezo considera afín a sus intereses y los chivatazos que habrían alertado a Ignacio González de que se le estaba investigando por algo más que el ‘Caso Ático’ permitiéndole la destrucción de pruebas son elementos suficientes para la inquietud. 

La última revelación sobre las relaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, con imputados por corrupción no ayuda precisamente a disiparla.

Según recogen varios medios, entre ellos La Sexta, poco después de que Rafael Catalá fuera nombrado ministro de Justicia tras el periodo de interinidad de un año en el que estuvo el Gobierno de Mariano Rajoy, en noviembre de 2016, Ignacio González le envió un SMS de felicitación. Catalá agradeció el detalle y contestó así su mensaje.

 “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Se supone que “los líos” eran lo que en ese momento tenía que afrontar el expresidente madrileño por su famoso ático/dúplex de Estepona.

La conversación se ha filtrado después de conocerse que el expresidente madrileño estaba siendo objeto de escuchas y vigilancia por parte de la Guardia Civil por el caso de corrupción que afecta al Canal Isabel II. 

Es más, el juez tuvo que ordenar que se colocara un micrófono en su despacho debido a que tanto González como sus colaboradores en la trama corrupta habían alterado sus comunicaciones de forma drástica tras ser informados de que la investigación estaba en marcha. Se desconoce aún la autoría de los chivatazos. 

Hasta ahora había trascendido que una vía de información pudo ser “una magistrada” que le contó al presidente de ‘La Razón’, Mauricio Casals, que estaban grabando al que había sido mano derecha de González en Suramérica, Edmundo Rodríguez, quien además es consejero delegado de ese periódico.

Este martes, el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ha confirmado la decisión del juez de colocar un micrófono en el despacho de González aunque ha matizado que no se hizo para evitar esas supuestas filtraciones sino que era parte de la investigación. 

Moix aparece en el sumario sobre González por aparecer en algunas comunicaciones entre el expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro Eduardo Zaplana. Ahora, se han publicado los SMS entre ambos en los que se menciona al fiscal. Son estos:

• “Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia, no se qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tu lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted para acá, ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”

• “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno. Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá): ‘Oye Rafa…’. ¿Sabes? el aparato del Estado y los medios de Comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muerto”."           (República.com, 25/04/17)

25.4.17

Esperanza Aguirre, en la charca de la Gürtel

"Con su declaración este jueves como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tendrá que volver a bajar al barro y enfrentarse a quienes le acusan de haber amparado bajo el paraguas de la Administración autonómica a Francisco Correa, que llegó a facturar en apenas un lustro más de seis millones de euros por organizar los actos que ella protagonizaba.

Con Aguirre creció Alberto López Viejo como cerebro de las dos campañas electorales que, tamayazo mediante, auparon a la política madrileña a la Presidencia del Gobierno regional, donde le encomendó primero la Viceconsejería de Presidencia, con mando en plaza en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y después la propagandística Consejería de Deportes, en los tiempos en los que Madrid todavía soñaba con ser olímpica.

La jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha dicho en varias ocasiones que se sintió “traicionada” por la actuación de López Viejo, el único cargo que ella reconoce que le salió rana junto al presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, de entre la treintena larga de responsables del PP madrileño que hoy continúan imputados por los tribunales.

Aunque al principio del juicio amagó con apuntar por elevación para señalar al responsable de contratar a Correa, el único dardo que ‘El Toyota’, en acepción de la directiva de la Gürtel Isabel Jordán, lanzó durante su declaración a su antigua jefa fue decir que las empresas de Correa facturaron a la Comunidad de Madrid el mismo dinero que se dilapidó en la presentación del “fallido” proyecto de la Ciudad de la Justicia: seis millones de euros.

En el juicio se analizan seis expedientes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó a Correa, por un importe de 1,14 millones de euros, y 657 contratos menores, por valor de 5,33 millones, que “las Consejerías” -siempre las Consejerías de la Administración autonómica, como se encargó de repetir machaconamente López Viejo durante su declaración- concedieron a las empresas de la red corrupta entre los años 2004 y 2008. Según la investigación, todos esos contratos se fraccionaron y se adjudicaron a dedo para sortear las obligaciones de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.

López Viejo aseguró que los contratos se otorgaban en una reunión a la que solían acudir Mercedes Rojo, la persona que llevaba la agenda de la presidenta y que fue condenada a año y medio de cárcel por el escándalo de las tarjetas black; Edelmiro Galván, asesor de Granados; y miembros de los gabinetes de Medios de Comunicación y Protocolo.

La lideresa madrileña también tendrá que explicar qué era “el kit de la presidenta”, un dispositivo de atril, carteles, iluminación y megafonía que la Gürtel ideó para que Aguirre pudiera celebrar actos públicos con poco margen de tiempo, en aquellos años locos en que intentaba erigirse en jefa de la oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero repitiendo sin descanso que éste “asfixiaba a Madrid”, mientras competía con el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en una carrera por suceder a Mariano Rajoy que acabó por demostrarse ficticia.

A este respecto, Isabel Jordán, la jefa de la Gürtel que despachaba con López Viejo, aseguró ante el tribunal que Aguirre “opinaba y muchas veces” sobre sus intervenciones públicas, que estaban concebidas, sobre todo, para que ella pudiera “lucirse”. “La presidenta no quería actos pequeñitos”, llegó a decir. Eso sí, a veces las facturas tardaban hasta tres años en pagarse porque “se perdían o no volvían de vuelta”. “Los políticos querían salir en la foto pero después no querían pagar”, dijo Jordán.

Más allá de los actos investigados, la expresidenta madrileña será preguntada por las “peleas internas” que, según Luis Bárcenas, ella y su número dos, Ignacio González, mantuvieron con el extesorero Álvaro Lapuerta, entre otras cosas por el caso del espionaje a políticos madrileños como Alfredo Prada o Manuel Cobo, que definió esa trama como “la Gestapillo” de la Comunidad de Madrid. “Las patadas que no le daban a Lapuerta me las intentaron dar a mí”, dijo Bárcenas durante el juicio.

Con el trasfondo de ese enfrentamiento se produjo la dimisión de Guillermo Ortega como alcalde de Majadahonda en 2005, que estuvo motivada, según el exconcejal y denunciante del caso Gürtel José Luis Peñas, porque éste “iba recortando la financiación para el partido y se lo quedaba él”.

 Esa versión coincide con una grabación incorporada al caso Púnica en la que el abogado, asesor urbanista y director general ejecutivo de la promotora Dico, Raúl Calvo, le aseguraba al exconcejal Juan José Moreno, íntimo amigo de Peñas, que Ortega estaba “cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluyera hacia estancias superiores del partido”.

Ortega, por su parte, declaró que Aguirre y Granados le forzaron a dimitir por su intención de adjudicar dos parcelas a Martinsa, empresa con la que intermediaba Correa, y la concesión a sus empresas de la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda. 

“A mí me echan por corrupto pero me dan una patada para arriba como gerente del Mercado Puerta de Toledo”, llegó a declarar ‘El Rata’ durante la vista oral. Las famosas parcelas, que llevaron a Correa a decir que fue él quien en realidad destapó la trama Gürtel, se adjudicaron finalmente a la empresa Sacyr, cuyo antiguo presidente, Luis del Rivero, vuelve a estar imputado tras la reapertura de la causa en la que se investiga la caja B del PP nacional.

Peñas también cuestionó la financiación de los populares madrileños, que está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en una pieza separada del caso Púnica que permanece secreta. A diferencia del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero‘el Albondiguilla’, que apuntó directamente a Granados como el recaudador de la formación, Peñas señaló que los alcaldes llevaban el dinero a Génova pero no llegó a concretar a quién.

“Ortega era importante y sabía moverse allí. Llevar a Génova (el dinero) es una expresión. No sería llevar el dinero en un maletín o una caja de zapatos, se podía pagar un mitin de final de campaña. Aunque Correa llevaba el dinero en cash”, explicó.

A buen seguro las acusaciones personadas en el juicio también preguntarán a Esperanza Aguirre si alguna vez recibió algún regalo de Francisco Correa o sus empresas. Según López Viejo, sí. Ella fue una de las 69 personas de la Comunidad de Madrid, incluida María Dolores de Cospedal, entonces consejera de Transportes, que recibió por navidad dos obsequios de Easy Concept: un bono para ir al spa y un albornoz verde pistacho. O verde rana."                (Cuarto Poder, 17/04/17)

24.4.17

Javier López-Madrid, consejero delegado de Villar Mir, detenido por la financiación irregular del PP

"(...)  López Madrid, la caída a los infiernos del yerno perfecto.

(...)  López Madrid no nació para ser uno cualquiera. Hijo del poderoso empresario Germán López, que introdujo en España la firma nórdica de automóviles Volvo a finales de los años 60, se formó en el prestigioso colegio Los Rosales de Madrid, junto al entonces príncipe Felipe. Posteriormente estudió Derecho y Económicas en la Universidad Pontificia Comillas y completó su formación de postgrado en Suiza, donde también se codeó con la flor y nata de élites europeas e incluso mundiales. (...)

En su periplo formativo suizo, López Madrid conoció y trabó amistad con jóvenes mexicanos, prometedores como él, y en el ámbito de una elite que no tardaría en ocupar altos cargos en la Administración del país. Los consejos de López Madrid surtieron efecto y OHL entró en el país azteca como una apisonadora, logrando contratos de concesiones reservadas hasta entonces para las principales empresas del país. (...)

Con tal trayectoria, López Madrid comenzó a situarse en un lugar privilegiado en la carrera por la sucesión de Juan Miguel Villar Mir en el imperio empresarial de la familia, en lucha cerrada con Juan, el primogénito del veterano ejecutivo,  cuya avanzada edad invitaba a pensar en un retiro próximo. Pero antes de que comenzaran a estallar los escándalos en torno a López Madrid, las dudas comenzaron a rondar la cabeza del entonces presidente de OHL: dudaba de la capacidad de su hijo para hacerse cargo de la compañía pero era aún mayor la desconfianza que empezaba a generarle su yerno. Y pronto comenzó a hacerse público el porqué. O los porqués.

López Madrid apareció en la lista de los beneficiados por las tarjetas black de Caja Madrid, a cuyo consejo pertenecía en representación de la patronal madrileña CEIM, por su estrecha vinculación con Arturo Fernández. No tardó en conocerse también la denuncia de la doctora Elisa Pinto por un presunto acoso sexual, un turbio asunto que se complicó posteriormente con una agresión con arma blanca a la denunciante.

El particular descenso a los infiernos se completó con la vinculación del nombre de López Madrid al caso sobre la presunta financiación irregular del PP, a través de la trama Púnica. Tanto se estrechó el cerco, que López Madrid decidió poner tierra de por medio y marcharse a vivir a Londres, junto a su esposa. Allí está la sede de Ferroglobe, la compañía producto de la fusión entre Ferroatlántica (del Grupo Villar Mir) y la estadounidense Globe, que actualmente preside. (...)

La detención que se produjo este viernes supone, por ahora, el último episodio de una caída de la que no se conoce cuál es su fondo."               (Raúl Pozo, Vox Populi, 21/04/17)


"La Guardia Civil ha detenido esta noche al  consejero de la constructora OHL Javier López Madrid en el marco de la denominada 'operación Lezo', que investiga el presunto desfalco en el Canal de Isabel II de Madrid, según ha confirmado eldiario.es.

López Madrid, yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, será interrogado este viernes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que lo acusan de haber pagado comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la adjudicación de una obra.



En concreto, Ignacio González habría recibido 1,4 millones de euros de una cuenta en Suiza de OHL México a cambio de la adjudicación de la obra del tren a Navalcarnero. La sede la compañía en la  Torre Espacio de Madrid fue registrada este jueves por agentes de la UCO y por la noche se detuvo a López Madrid.

De esta manera, OHL, la firma que, según el cabecilla de la red Gürtel Francisco Correa, pagaba comisiones del 3% al PP a través de su tesorero Luis Bárcenas para hacerse con adjudicaciones de la obra pública del Gobierno de Aznar, vuelve a aparecer en una causa de presunta financiación irregular de este partido, ahora bautizada como Operación Lezo.

La historia de Púnica se repite. Allí, las iniciales JLM escritas en una agenda incautada a Granados hicieron sospechar a los investigadores que Javier López Madrid era uno de los empresarios que pagaban las facturas en B del Partido Popular.

El nombre de López Madrid ganó presencia mediática cuando los reyes le dieron su apoyo a través de varios mensajes telefónicos en medio de otro escándalo: las tarjetas black. eldiario.es publicó los buenos deseos que la reina Letizia dirigía cariñosamente a su " compiyogui". A pesar de los buenos deseos reales, el empresario acabó  condenado a seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida por el uso de la tarjeta.

Fuentes de OHL subrayaron este jueves a eldiario.es que la empresa está "prestando la mayor colaboración y facilitando toda la información solicitada". "Reiteramos que en ningún momento OHL ha pagado ninguna comisión a ningún partido político", señalaron. La nueva investigación que relaciona a la compañía con la financiación irregular del PP le costó este jueves a la constructora perder casi un 9% de su valor en bolsa."              (eldiario.es, 21/04/17)

¿Qué pasa en el Canal de Isabel II? ¿Qué pasa en Madrid?

"(...) La historia reciente del Canal corre en paralelo a la de Caja Madrid; porque ambas eran las instituciones de referencia de la región, las más valoradas; porque eran las de mayor peso económico –mayor número de trabajadores y más recursos financieros-; y ahora porque han terminado de la misma manera.

En el año 2010, Ignacio González, siendo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, solicita presidir la Caja. Pero el PP opta por Rodrigo Rato y nombra a González Presidente del Canal como compensación. 

Quería un banco y hace del Canal su banco particular en el que todos los meses entra una cantidad de dinero estable. A partir de ese momento comienza su proceso de privatización mediante la generación de múltiples empresas dentro y de la compra de muchas más en Latinoamérica. 

 Privatizar fue la forma de saltar los controles públicos. El resultado es un entramado de intereses, compras, ventas y recompras de empresas por valor de quinientos millones de euros en Brasil, Colombia, Ecuador o Haití de las que no se sabe qué valen o para qué sirven. Un sistema de “matrioskas” empresariales que hacen muy difícil su seguimiento. (...)

Desde hace unos meses, el juez investiga este sistema de compras de las que la adquisición de EMISSAO en Brasil es el ejemplo más claro. En 2001 el Canal crea una empresa que se llama Canal Extensia, que compra la mayoría de acciones de otra que se llama INASSA, que compra otra que se llama Soluciones Andinas de Agua de Uruguay, que compra otra que se llama EMISSAO. 

Es decir, el Canal compra EMISSAO a través de una cadena de compras en las que se va quedando dinero. La compra de EMISSAO se hace en noviembre de 2013, y por un valor de  21,5 millones de euros. Un mes después, cuando se pone en el balance del Canal, sólo vale 10.

 Y en el balance del año siguiente (2014) sólo 5 y en el del 2015 aparece con valor negativo de 2 millones ¿Qué se compra por más de veintiún millones de euros que dos años después no vale nada? Es una de las cuestiones que investiga el juez Eloy Velasco. Sólo en esta operación se han perdido 23 millones de euros ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué se han gastado?

El Consejo de Administración del Canal pidió un informe a la auditora KMPG sobre la compra de EMISSAO y ésta dijo que no valía lo que se iba a pagar por ella. A pesar de este informe negativo, el Consejo de Administración decidió comprar. En este Consejo estaba Cristina Cifuentes.
Las detenciones que se han hecho tienen su origen en una investigación de la fiscalía anticorrupción abierta en 2015. 

En 2016, la fiscalía judicializó sus diligencias de investigación.  En todo este proceso ha tenido peso la puesta en marcha en la Asamblea de Madrid de la Comisión de Estudio del Endeudamiento por iniciativa de Podemos, con el apoyo de la oposición y la negativa frontal del Partido Popular. 

 En los últimos meses se ha llamado a comparecer a distintos altos cargos del Canal de Isabel II para que explicasen algunas operaciones comerciales y datos presupuestarios que no cuadraban. Entre esta Comisión y la prensa se marcan las reacciones del Gobierno de Cifuentes ante los escándalo: se abre el tema de EMISSAO y, dos semanas después, el Gobierno lo lleva a la fiscalía; se señala a los responsables y, también dos semanas después, son sustituidos la Directora Financiera y el Director General -premiados con sueldos vitalicios del 80% de las retribuciones de los cargos de los son cesados-. 

Los resultados de la investigación sobre el Canal fueron llevados por la Comisión de Estudio del Endeudamiento  de la Asamblea a la fiscalía, apenas hace un mes. Es tan obvio el  atraco al Canal que desde la Fiscalía y la Asamblea se ha llegado al mismo sitio.
En torno al Canal hay abiertas investigaciones referentes a posible financiación irregular de algunas campañas electorales del PP, apropiación indebida y ahora ésta. 

Con la detención de Ignacio González, todos los secretarios generales del PP de la Comunidad de Madrid de los últimos veintidós años están imputados, detenidos, condenados o encarcelados. Excepción hecha de Ángel Garrido, elegido en el último Congreso del Partido Popular y que, precisamente, es el Presidente del Canal desde hace casi dos años.

El PP de Cifuentes reacciona como el PP de Aguirre. Si ésta última “destapó” la Gürtel, la primera “destapa” ahora el caso del Canal. Cristina Cifuentes lleva 26 años como cargo institucional y orgánico de su partido; se ha  paseado por todas las plantas de Génova arregladas con dinero negro por las que ahora se pasea la guardia civil, se ha subido en las campañas electorales a los escenarios pagados por la Púnica y la Gürtel y mantiene el mismo equipo de los últimos años. 

Sirva como ejemplo Carlos Izquierdo, que es Consejero de Políticas sociales, miembro de la nueva Ejecutiva y que ha sido el Tesorero de su partido los ocho años que la Audiencia Nacional está investigando. Era el tesorero regional mientras Bárcenas lo era nacional. No hay nuevo o viejo. El PP reacciona como el PP.

Han hecho con el Canal lo mismo que con el país: derrochar el dinero,  inundarlo de corrupción y endeudarlo. Incluso como ha reconocido la Cámara de Cuentas, este modelo “puede afectar negativamente al objetivo inicial y único de su creación: garantizar un servicio público de agua a los madrileños”.

Han hecho con el Canal lo mismo que con la macro obra de la Ciudad de la Justicia -125 millones que nadie sabe dónde han ido a parar- que fue la anterior parada de la Comisión de Endeudamiento.
Han hecho con el Canal  lo mismo que con la construcción de los seis hospitales de Aguirre que van a costar 3.000 millones de euros aunque el precio real de su construcción fue de 640. Esta es la siguiente parada. Allí nos volveremos a ver."               (Eduardo Gutiérrez y José Manuel López, Público, 19/04/17)

21.4.17

Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití


"La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si Ignacio González, su familia más cercana (su mujer Lourdes Cavero, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero) y sus colaboradores más estrechos en el Canal de Isabel II (Edmundo Rodríguez, Diego García, María Fernanda Richmond, Ildefonso de Miguel y Adrián Martín López de las Huertas) consiguieron amasar en los últimos años una fortuna de millones de euros gracias al cobro de comisiones a través de dos vías.

 La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid.

 Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.

 La operación, centralizada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es compleja, ya que se conecta con otra operación distinta del juzgado de instrucción número 5, que investiga a su vez el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública Mercasa, donde el hermano de González, Pablo González, es director de Operaciones y Estrategia. 

Otro de los ejes de la operación Lezo enlazaría además con el caso Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Tanto Lezo como Púnica están siendo instruidas por el mismo juez, Eloy Velasco. En Lezo, también se sospecha que parte de las comisiones que pagaban los empresarios por llevarse obras públicas en la Comunidad de Madrid acababan en una caja opaca del partido madrileño, paralela a la que tenía Francisco Granados en Púnica.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el patrimonio personal de los principales investigados. Junto a Ignacio González (que fue presidente del Canal entre 2003 y 2012), fue detenido este miércoles Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupó la presidencia de Inassa (la filial del Canal en Sudamérica) hasta que Cristina Cifuentes le destituyó después de que El Confidencial revelara que su nombre aparecía en los papeles de Panamá

Una de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional es la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.

La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. 

Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño. Cristina Cifuentes también destituyó a Richmond tras esta sospechosa adquisición.

 Pero Emissao puede ser solo la punta del iceberg. Fue la última de las grandes operaciones del Canal al otro lado del Atlántico. Durante la década anterior, el Canal, a través de Inassa, compró su participación en muchas empresas en varios países latinoamericanos. También se investigan algunas de las operaciones de la Triple A de Barranquilla (Colombia), la joya de la corona de Inassa. 

Otro de los detenidos es Adrián Martín López de las Huertas, ex director general del Canal entre 2009 y mayo de 2016. Como investigado no detenido, figura su predecesor, Ildefonso de Miguel, gerente del Canal entre 2004 y 2009 y uno de los hombres de confianza de Ignacio González. Y el juez ha pedido el arresto en Colombia de Diego García Arias, actual gerente de gestión corporativa de Inassa. Todos han participado en las operaciones investigadas.

Los investigadores también han puesto sus ojos en varios contratos que el Canal se llevó en República Dominicana, Panamá y Haití. En este último país caribeño, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010.

 Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.

Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.

Las mismas fuentes aseguran que la trama se habría aprovechado de que las filiales del Canal en Sudamérica no estaban sometidas a los controles del consejo de administración del ente público. Las compras y ventas de mercantiles se realizaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría. Aunque aún es pronto para dar cifras concretas, en la Audiencia cifran en 60 millones el desfalco de dinero público que habrían ocasionado estas operaciones. 

La UCO está analizando decenas de mercantiles supuestamente controladas por testaferros que habrían permitido a los cabecillas de la trama ocultar el dinero del saqueo. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado confían en que los documentos intervenidos en los registros de este miércoles permitan averiguar quiénes son los titulares reales de las mercantiles que han ido apareciendo durante los 10 meses de investigación.

El socio de Inassa en Metroagua es William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que durante las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, sin sede física pero con una dirección postal en la ciudad de Panamá, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del Canal, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas. 

Esta empresa fue creada por el bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA), una firma que ya apareció en las grabaciones de los detectives que siguieron a González en 2008 en su viaje a Colombia, grabaciones adelantadas por la Cadena SER.

 En la operación que coordina el juez Velasco participan los fiscales Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. 

González es el epicentro de la trama, en la que además de sus colaboradores en el Canal también están implicados miembros de su familia. También han sido detenidos su hermano Pablo González González, directivo de la empresa pública Mercasa, y su cuñado José Juan Caballero Escudier. Ambos eran socios de la empresa Tecnoconcret, una de las tres firmas del consorcio que se llevó la explotación del campo de golf en las instalaciones que el Canal tiene en el distrito madrileño de Chamberí. 

 Los investigadores están analizando esta adjudicación. Además, la UCO también ha registrado Subastas Segre, que pertenece a la mujer de González, Lourdes Cavero, una empresa que se pudo utilizar para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente.

 Por último, el juez Velasco también investiga si González, desde su puesto de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y auténtico 'presidente' en la sombra (llevaba la maquinaria diaria del Gobierno regional), pudo amañar algunas obras licitadas por el Ejecutivo no solo para cobrar comisiones sino para financiar irregularmente al PP madrileño. González fue secretario general de la formación y responsable del comité de campaña."                (El confidencial, 20/04/17)

20.4.17

Pinchazos telefónicos revelan graves coacciones de Marhuenda y el presidente de La Razón a Cifuentes (llamándola 'zorra')

"(...)  Según fuentes cercanas al caso, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron durante las escuchas que Marhuenda y Casals reconocían a Rodríguez Sobrino que estaban presionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no llevara ante la Justicia las presuntas irregularidades que encontró en el Canal de Isabel II cuando llegó al Gobierno autonómico en junio de 2015. (...)

Las mismas fuentes aseguran que, en varias conversaciones, Marhuenda se refiere a Cifuentes llamándola “zorra” y que también utiliza la misma palabra y el término “puta” para hablar de la directora de Comunicación de la dirigente, Marisa González. En otras conversaciones, Casals tranquiliza a Rodríguez Sobrino y, además de mostrarle su apoyo, le asegura que ha hablado con Marhuenda para recordarle que su continuidad como director de 'La Razón' depende de las presiones que sea capaz de ejercer sobre Cifuentes. (...)

En otra llamada de la veintena de grabaciones que maneja el juez, Marhuenda asegura a Rodríguez Sobrino que ha hablado directamente con la jefa del Gobierno madrileño para que no lo toque porque es otro “soldado” de 'La Razón'.

Según fuentes cercanas a la investigación, el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, dispone de más de una veintena de conversaciones que probarían las coacciones a la presidenta madrileña para tratar de obstruir el avance del procedimiento. Este miércoles, el juez citó a la propia Cifuentes y a Marisa González para que testificaran sobre el contenido de las llamadas. Y este jueves están citados a las 12:00 en calidad de imputados Marhuenda y Casals. (...)

Por su parte, el director de 'La Razón' enviaba anoche un comunicado a David del Cura, director de 'La brújula' de Onda Cero, emisora del Grupo AtresMedia en donde el propio Marhuenda es colaborador, y aclaraba que "no hará declaraciones hasta que comparezca ante el juez, donde demostrará que en ningún momento se ha orquestado una campaña de intimidación y acoso contra Cristina Cifuentes o su entorno.

 Aportará documentación [en la cita ante el juez Eloy Velasco] en la que se demuestra que las informaciones de 'La Razón' han sido siempre veraces y ajustadas a los hechos. La relación de Francisco Marhuenda con Cifuentes siempre ha sido cordial y respetuosa, ya que se conocen desde hace varios años".             (El Confidencial, 20/04/17)

"La operación Lezo que investiga una trama de corrupción en el Canal de Isabel II durante la etapa del expresidente de la Comunidad Ignacio González se ha cobrado víctimas colaterales más allá de los 12 arrestados, incluido el propio González, su hermano Pablo y su mano derecha en la empresa pública, Edmundo Rodríguez, que este miércoles pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Todos, incluido el que fuera todopoderoso presidente de Madrid, están acusados de integrar una "organización criminal" y de los delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.

Pero además de esas graves acusaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado en la misma causa al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de su diario, Mauricio Casals, a los que investiga por coacciones sobre Cristina Cifuentes y parte de su gabinete. 

Fuentes de la investigación apuntan a que ambos directivos del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.

Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en onerosas operaciones del Canal. 

El objetivo de Marhuenda y el presidente de su periódico era eximir de responsabilidades a Edmundo Rodríguez, el hombre del Canal en Latinoamérica, y protagonista de una ruinosa compra de una empresa brasileña a través de una maraña de sociedades en Panamá y cuyo dinero acabó en Suiza. 

Durante esas charlas tanto Casals como Marhuenda se jactaban de publicar ataques a Cifuentes y su equipo para tratar de que la Comunidad dejase de colaborar en las pesquisas de Anticorrupción. Ambos directivos de La Razón intercambian confidencias con el ahora detenido, Edmundo Rodríguez, en las que todos profieren gravísimos insultos tanto contra la presidenta de Madrid como contra su equipo. 

En esos diálogos los responsables del periódico admiten que están publicando ataques a Cifuentes y su Gobierno para condicionar a la Comunidad y que esta deje de aportar documentación del Canal de Isabel II a Anticorrupción.

Algunas de esas grabaciones se reprodujeron ayer ante los cargos políticos interrogados en calidad de testigos por Velasco: la propia Cifuentes, el portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y su jefa de gabinete Marisa González.

En el sumario que continúa secreto, abundan los indicios sobre continuas presiones de Marhuenda y Casals a la cúpula de la Comunidad de Madrid y que, según las fuentes consultadas, incluyeron amenazas sobre nuevas campañas de desprestigio si el Gobierno de Cifuentes no relajaba su presión sobre la gestión de sus predecesores en la principal empresa pública de la Comunidad.

Tras escuchar las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional, Velasco y los fiscales interrogarán este jueves a Marhuenda y Casals para que respondan por esas conversaciones incorporadas en el sumario. Ninguno de los dos directivos del diario han querido realizar manifestaciones, a la espera de su comparecencia en la Audiencia Nacional."            (eldiario.es, 19/04/17)