20.10.17

Las cloacas de Interior. Villarejo llamó a tres consejeros del IBEX y a dos comisarios para frenar el 'caso Nicolás'

"Los investigadores del caso del pequeño Nicolás detallan en su último informe –incluido en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid– cómo funciona la policía paralela al servicio de grandes empresarios que acaudillaba el comisario hoy jubilado José Manuel Villarejo, y en la que cooperaron otros dos altos mandos de la Policía Nacional: el actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera; y el destituido comisario Enrique García Castaño, que en octubre de 2014 dirigía la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General del Información. 

Esta policía paralela, desvelada por Público y corroborada ahora por la investigación del caso, mantiene estrechas relaciones con importantes consejeros del IBEX-35, que además tienen o han tenido poder en los medios de comunicación y que además tienen procedimiento abiertos en diferentes casos de corrupción.

Es el caso Manuel Delgado Solís, el hombre en el que Florentino Pérez ha depositado su confianza en los consejos de ACS y Dragados, imputado en Gürtel y exabogado de Francisco Correa y exconsejero de El Mundo; de Adrián de la Joya, consejero de Indra imputado en la Operación Lezo y que es uno de los propietarios de la finca La Alamedila, con la que se pretendía blanquear 20 millones de euros a través del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE); o Mauricio Casals, presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, imputado en el caso Hanta por el desvío de ayudas públicas y que también fue investigado en la Operación Lezo que lleva la Guardia Civil. 
La grabación ilegal a agentes del CNI y de Asuntos Internos formó parte de la operación para proteger a empresarios como Adrián de la Joya
La cronología que hacen los investigadores de los hechos desatados el 14 de octubre de 2014, cuando el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, le comunicó al director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, la detención del presunto estafador Francisco Nicolás Gómez Iglesias, explica cómo se activó la maquinaria desde la propia cúpula de la Policía Nacional para proteger los intereses de estos empresarios –sobre todo de Adrián de la Joya– en la finca La Alamedilla, en cuya operación estaba involucrado el pequeño Nicolás.

Esta estrategia tuvo su punto culminante con la grabación ilegal efectuada en sede policial a los investigadores de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) una semana después, el 20 de octubre. Por estos hechos están imputados el comisario José Manuel Villarejo, su mujer Gema Alcalá, y el periodista Carlos Mier, aunque los investigadores vuelven a dar pruebas en este informe de la participación de periodistas como Daniel Montero y Eduardo Inda, o del propio director del CITCO, José Luis Olivera. 

Operación 'tapar el blanqueo' de consejeros del IBEX

El 13 de octubre a las 18:56 horas había sonado la primera señal de alarma. La unidad de asuntos internos remitía un parte informando de la investigación sobre Francisco Nicolás, y las actuaciones a seguir al día siguiente, a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), "quien a su vez hace 

llegar dicha información al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO), cuyo responsable policial es el Comisario Principal, D. José Luis
OLIVERA SERRANO, con dependencia directa de la Secretaría de Estado de Seguridad
", escriben los investigadores de la comisión judicial.

Una vez es confirmada la detención al entonces DAO Eugenio Pino, el teléfono del comisario Villarejo comienza a emitir y recibir llamadas, que son transcendentales para los investigadores. Destacan las seis que mantiene con el comisario Olivera y la que realiza al comisario García Castaño que, según la investigación, está también relacionado con la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos y a su difusión, al mantener más de un centenar de llamadas con Eduardo Inda en sólo dos meses. 

La primera –constata el informe judicial– es a Manuel Delgado Solís, "imputado por blanqueo de capitales en el juzgado Central de Instrucción nº 5 por el caso GURTEL. Consejero delegado de ACS
y de su filial DRAGADOS (Florentino PEREZ) y ex abogado de Francisco CORREA (en prisión por caso GURTEL)". Delgado Solis ha sido además socio del exministro de Defensa, Pedro Morenés, de la exministra de Exteriores Ana Palacio, y del exvicepresidente de Repsol y también imputado en Gürtel por blanqueo de capitales Ramón Blanco Balín. 

Delgado Solís, que fue consejero de El Mundo, es uno de los beneficiados de las ayudas de Madrid Network durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad, otra de las pesadillas judiciales que se le presentan al PP de Madrid. Fue a través de la empresa Flightech, en la que participa junto con el exministro de Defensa Morenés; y también están relacionados con esta causa las empresas Safeview y Saerco, controladas por Ildelfonso de Miguel, exgerente del Canal Isabel II, imputado por la Operación Lezo, o la Asociación Madrid Centro Médico, de Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En este caso de las  ayudas de Madrid Networks, denunciado por la Fiscalía Anticorrupción, también está imputado Mauricio Casals, el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia con el que Villarejo habló hasta en cinco ocasiones en aquella misma tarde del 14 de octubre de 2014. 

Otras tres llamadas telefónicas son las que hace esa tarde a Adrián de la Joya, cliente y amigo de Villarejo desde hace más de 20 años como pudo confirmar Público a través del propio policía millonario, en septiembre de 2016.  De la Joya es socio de la Hacienda La Alamedilla junto con el empresario Javier Martínez de la Hidalga, el ex director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander que acompañaba al pequeño Nicolás cuando fue detenido y sobre quien recientemente se ha confirmado su procesamiento por una de las causas del caso Sintel (Telefónica), que ha investigado cómo se desvió el dinero a paraísos fiscales por parte de algunos ejecutivos. En esa macrocausa también estuvieron involucrados el propio De la Joya y personas muy cercanas a Mauricio Casals. 

Olivera, director del CITCO y filtrador 

Los investigadores ponen varios ejemplos sobre la consecución de llamadas en los días siguientes entre los comisarios Villarejo y Olivera, y Adrián de la Joya. Por ejemplo, dos días después de la detención y cuando ya ha sido informado el DAO de que Francisco Nicolás ha mencionado a Villarejo en su declaración, "tras contactar telefónicamente (CUATRO veces) con el Comisario José Luis OLIVERA llama a Adrián DE LA JOYA, y vuelve a contactar telefónicamente el Comisario OLIVERA con él", expone el informe judicial.

La Alamedilla es parte del patrimonio de Mario Conde y Arturo Romaní, expoliado a los clientes de Banesto y ocultado a la Justicia
En total, Villarejo mantiene 174 contactos telefónicos con su cliente y amigo De la Joya en los 60 días que transcurren desde la detención de Nicolás hasta la difusión de la grabación ilegal efectuada a los investigadores de Asuntos Internos y del CNI, en la que se menciona la finca La Alamedilla, que es para los investigadores parte del patrimonio que Mario Conde y Arturo Romaní expoliaron a los clientes de Banesto y ocultaron a la Justicia. 

La comisión judicial señala además al comisario Olivera como el "filtrador" de información a Villarejo que después aparece publicada en la página web que regenta la mujer del millonario policía, Gema Alcalá. Por ejemplo, el 12 de enero de 2015 publica "datos concretos de gestiones confidenciales y secretas de esta investigación con origen en esa base de datos de Inteligencia que dirige y coordina en última instancia el director del CITCO, José Luis OLIVERA SERRANO".

La investigación señala que es "significativa su estrecha relación personal y laboral acreditada, con participación en los casos GURTEL, PUJOL y ático de Ignacio GONZÁLEZ, casos por los que se han abierto investigaciones en Asuntos Internos por filtraciones policiales a los medios de comunicación (Operación COLOMBO (caso gurtel), Operación DELAWARE (caso del ático) e informe borrador de los PUJOL".

Es decir, quien es actualmente el máximo jefe de la lucha antiterrorista en España, José Luis Olivera Serrano, ha sido investigado por haber filtrado interesadamente información policial a medios de comunicación."                    (Público, 12/09/17)

19.10.17

Políticos y empresarios, pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares... el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo del caso 'Canal de Isabel II'

"Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. 

En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña.

 Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.

Grandes accionistas, directivos empresariales y políticos giratorios. Si se trata de analizar quiénes son los máximos beneficiarios del actual modelo económico (caracterizado por el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en el capitalismo global), no hay duda de que estas tres minorías son las que, por mucha diferencia, más han salido ganando. (...)

Pero el concepto de “puertas giratorias”, convertido en mainstream tras el 15M por su gran simbolismo para denunciar la connivencia entre los gobiernos y los grandes agentes económicos, se queda pequeño para explicar en toda su dimensión casos como el del Canal de Isabel II.

 Por decirlo rápido: en los negocios más boyantes del capitalismo español, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado, sino que ambos espacios siempre han estado interconectados, con unos protagonistas que han ido colocándose diferentes sombreros dentro de ese mismo marco. 

Los integrantes de esas élites, de hecho, forman una clase político-empresarial con intereses cruzados (a la que podríamos denominar “trama” o “casta”, usando conceptos popularizados recientemente, o también “oligarquía” e incluso “burguesía”, en términos más clásicos) 1/ que es la que ha venido gobernando nuestras vidas desde hace demasiado tiempo.

En este terreno de juego, que los exgobernantes se busquen un retiro millonario al fichar como consejeros de grandes compañías del Ibex-35 es apenas la parte más visible del entramado de relaciones político-jurídicoeconómico-mediático-familiares que preside el capitalismo español. 

Porque este tiene unas ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado: como vamos viendo a medida que se van conociendo nuevos datos de la operación Lezo, por seguir con el caso del Canal, se trata de un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que están prácticamente todos los que son (o han sido) algo dentro de las élites madrileñas.

A la manera del Colectivo Todoazen, que hace una década publicó El año que tampoco hicimos la revolución 2/, un libro construido íntegramente a partir de frases de las noticias de las páginas de las secciones de economía y trabajo de los principales diarios, basta con poner seguidos unos cuantos titulares de prensa aparecidos en las últimas semanas para contar un relato que contiene buena parte de los ingredientes básicos de la novela negra 3/.

I. LA TRAMA POLÍTICA. Ignacio González, detenido por la Guardia Civil por el desvío de fondos en el Canal de Isabel II. Además de González, han sido detenidos su hermano y su cuñado, y su esposa está siendo investigada. El expresidente de Madrid, acusado de enriquecerse con el Canal de Isabel II. El juez manda a prisión a González por el desvío de fondos públicos. El expresidente dejó un agujero de 23,3 millones por una sola operación de compraventa en el Canal de Isabel II. González exigió dinero a varias empresas para financiar al PP. Sociedades del hermano de Ignacio González ingresaron comisiones multimillonarias.

II . LA TRAMA ECONÓMICA. La Guardia Civil registra las sedes de OHL, Indra, PriceWaterHouseCoopers, Cuatrecasas y Saerco. Detienen a López Madrid, CEO del Grupo Villar Mir, por presunto pago de comisiones. Registran la sede de OHL por el presunto pago de 1,4 millones a Ignacio González. El juez deja en libertad bajo fianza al empresario López Madrid. Villar Mir mantiene a su yerno en sus cargos directivos. Los negocios de González: tarifa del cinco por ciento, testaferros y pelotazos informáticos. El auto judicial acredita el desvío de 25 millones a cuentas en paraísos fiscales. Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití.

III. LA TRAMA EMPRESARIAL. La mayor empresa pública madrileña se enfrenta a sus peores momentos debido a las polémicas inversiones en Latinoamérica. El director del Canal admite que las filiales de Sudamérica forman “una maraña”. Anticorrupción señala a Gallardón en el primer desvío de fondos de la trama Lezo. El Canal de Isabel II pagó por una firma colombiana diez veces su valor. Rodríguez Sobrino, el protegido de González en el Canal que dirigió la compra de Emissao. La brasileña Emissao, en el centro de la trama del Canal de Isabel II. El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio. Sobrino aparecía en “los papeles de Panamá”.

IV . LA TRAMA MEDIÁTICA. El director de La Razón y su presidente, citados por el juez como imputados. González se sirvió del presidente de La Razón para obtener bajo cuerda “información judicial sensible”. El juez investiga al presidente y al director de La Razón por coacciones a Cifuentes. El Canal de Isabel II repartió 1,88 millones a La Razón en publicidad institucional en diez años. El Canal de Edmundo Rodríguez Sobrino pagaba un millón al año a La Razón de Edmundo Rodríguez Sobrino. Prisión incondicional para Rodríguez Sobrino, el consejero delegado de La Razón.

V. LA TRAMA JUDICIAL. El fiscal jefe de Anticorrupción intentó frenar un registro de la Operación Lezo y los fiscales lo impidieron. La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior. El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave. Ignacio González, en las escuchas: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”. El hermano de Ignacio González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad tras saber que le investigaban. Rafael Catalá, ministro de Justicia, mandó un sms de apoyo a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”.

La historia del Canal de Isabel II, que no es otra cosa que la versión madrileña de una historia más extensa, la del capitalismo español, que se remonta a los comienzos del desarrollismo franquista y más tarde se hace transnacional con la aplicación de las contrarreformas neoliberales en la Unión Europea y América Latina, es uno de los mejores ejemplos para mostrar cómo los máximos defensores del libre mercado y la autorregulación empresarial, lejos de su supuesta pretensión de acabar con el Estado e instaurar “la mano invisible” como forma de gobierno, han estado utilizando las instituciones públicas y se han servido de ellas para ir añadiendo ceros a sus cuentas en Suiza.

 El Canal, una empresa pública rentable que da un servicio esencial en régimen de monopolio (el sueño de cualquier privatizador y por supuesto de todos los neocon del PP), cuya historia también puede contarse echando la vista unos años atrás e incorporando al relato más personajes.

Había dos grandes empresas en la Comunidad de Madrid: Caja Madrid (luego Bankia) y el Canal de Isabel II. Ignacio González, con el apoyo de Esperanza Aguirre, quería presidir Bankia. Pero el PP, con Rajoy a la cabeza, prefirió a Rodrigo Rato. A González le dejaron, entonces, el Canal. 

Y utilizó la mayor empresa pública de Madrid para una espiral de negocios turbios, pago de comisiones, envío de bolsas con dinero negro a empresarios amigos, enchufes a familiares, espionaje a rivales del mismo partido, etc. Hoy, ambas empresas han sido saqueadas y sus máximos dirigentes (no olvidemos: el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente del Gobierno español) están acusados en diferentes procesos judiciales.

Una historia, la del Canal, que es el símbolo (primero) del auge de la internacionalización del capitalismo español desde finales de los noventa y (más tarde) de su declive tras el crash de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliario-financiera. 

Y es que la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid se convirtió en toda una corporación transnacional (aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca le dio mucha publicidad a eso), con filiales privadas en otras ciudades de España y en diversos países de América Latina. 

Con una red empresarial tan grande que hasta se llegó a perder la pista de su internacionalización; como afirma el periodista Pere Rusiñol, se trata de “un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas” 4/.

De manera análoga al resto de multinacionales españolas, su andadura internacional empezó en 2001, cuando creó una sociedad mercantil (llamada Canal Extensia) como vehículo para luego ir comprando empresas en países como Colombia 5/, República Dominicana, Ecuador y Panamá. 

Y terminó en 2013, con el caso que definitivamente hizo saltar todas las alarmas: como acredita la investigación judicial que finalmente ha llevado a prisión a Ignacio González, la compra de la compañía brasileña Emissao se hizo desviando fondos públicos mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza; en apenas un año, la empresa que fue comprada por 21 millones de euros se estimaba que ya valía solo 5.

 Una andadura internacional a la que habría que sumar, además de los delitos económicos y el enriquecimiento ilícito de sus máximos dirigentes, toda una serie de impactos socioambientales sobre las comunidades y los territorios en los que ha operado la compañía durante este tiempo 6/. Como decíamos, un botón de muestra de lo que ha significado la expansión internacional del capitalismo español en las dos últimas décadas.

Este es el marco, generalizable aunque aquí haya sido explicado a partir de un caso particular, en el que ahora “nuestras empresas”, asediadas por la lógica global de concentración y reconfiguración del poder empresarial (con un continuado proceso de fusiones y adquisiciones que nunca tiene fin), por un lado, y por la oleada del ciclo de movilizaciones que a nivel estatal comenzó hace seis años con el 15M, por otro (contestación que en América Latina se remonta todavía más atrás, con el fin de “la larga noche neoliberal” y el auge de los gobiernos progresistas en diferentes países de la región en la primera década de este siglo), están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo.

Pero, nos preguntamos, ¿será que le queda mucho tiempo de vida a las multinacionales españolas? ¿Qué futuro le espera, en estas condiciones, al capitalismo español? Más allá del storytelling del “nuevo modelo productivo” como vía para “salir de la crisis”, ¿sobre qué pilares se pretende sostener el modelo de crecimiento y acumulación en los años venideros?

Y, sobre todo, ¿podrán las organizaciones políticas y los movimientos sociales construir contrapoderes y alternativas efectivas para enfrentar los dictados de la clase político-empresarial que nos gobierna? 7/Seguiremos informando."

(Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Artículo publicado en el nº74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017. , en Viento Sur, 03/10/17)

18.10.17

El Caso Gürtel, visto para sentencia. Volverán a abrirse coca colas, a sonar risotadas de alta gama en el vestíbulo. Después, la sala se vaciará y quedará una mentira: la justicia triunfal, la idea de problema resuelto...

"(...) La justicia no ha hecho más (no ha podido hacer) que atacar los síntomas encorbatados, pero durante el proceso se han detectado signos de la infección general. Hace unas semanas, un inspector de Hacienda que declaró como testigo confirmó la financiación ilegal del PP. 

En verano, los agentes de la UDEF certificaron que las acciones de Libertad Digital se pagaron con fondos de la caja B del partido. También dos peritos de la Policía Judicial concedieron un crédito incuestionable a las grabaciones de José Luis Peñas, esas que abrieron la Caja de Pandora y que el PP quiso impugnar. 

Igualmente, el inspector Morocho relató que, mientras se iban produciendo tales averiguaciones durante el proceso de instrucción, algunos cargos populares demandaron al cuerpo policial: Álvarez Cascos, Bárcenas o Gerardo Galeote.

 Son señales de un magma que se rebela, que lucha por permanecer en la sombra. Siguiendo este esfuerzo, los populares han repetido en decenas de ocasiones que Rajoy (testigo privilegiado al que pusieron un pupitre de lujo) dio la patada a Correa, pero lo único que hizo fue moverla de sitio y permitirle campar por tierras valencianas. El presidente sabía de las irregularidades y no denunció.   

En una sesión corta, Concepción Sabadell mantuvo la petición de condena para los cabecillas Paco Correa en 125 años y un mes de cárcel y para Pablo Crespo, número dos, en 85 años y seis meses. En cambio, sí hubo rectificaciones en el caso de Luis Bárcenas y Alberto López Viejo (delfín de Aguirre): al primero le rebajaron tres años y al segundo, seis. Bárcenas y Viejo son los estandartes de la vertiente política e institucionalizada de la trama y han conseguido recortar sus penas.

 Esto demuestra algo: no es que exista un interés ajeno a su deber por parte del ministerio público, sino que la cercanía al epicentro del virus acaba irradiando sobre uno parte de su poder de invisibilidad.  Eso se ha percibido a lo largo del juicio.

 Mientras algunos como López Viejo o Bárcenas (mitad síntoma, mitad latencia) mantenían la ponderación y el aplomo, a otros se les veía heridos, acorralados, irascibles. Mientras López Viejo cruzaba las piernas y jugaba con su anillo; Correa unas veces gruñía y zanqueaba por el vestíbulo como una bestia de circo a la que le han arrancado los dientes, y otras, agotado, escondía la cara tras las manos.

El día 23 de octubre, los acusados se reencontrarán para escuchar los informes finales de las partes y conocer cuál es el relato con que sus nombres quedarán grabados en las páginas negras de la democracia, esas que nadie abre. 

Volverán a abrirse coca colas, a sonar risotadas de alta gama en el vestíbulo y a escucharse bromas de adolescentes en los urinarios. Después, la sala se vaciará y quedará una mentira: la justicia triunfal, la idea de problema resuelto y la piel sana. "             (Esteban Ordóñez  , CTXT, 09/10/17)

17.10.17

Las grandes farmacéuticas pagaron más de 230 millones de euros a médicos y organizaciones en España durante 2015

"Los principales laboratorios que operan en España pagaron alrededor de 230 millones de euros en 2015 a médicos y organizaciones sanitarias entre patrocinios, honorarios, colaboraciones, viajes y manutención. 

Así se deduce de la publicación, empresa por empresa, de las denominadas "transferencias de valor": el dinero que fluye desde los laboratorios hacia particulares y entidades. Las firmas explican que la mitad va a proyectos de investigación.

Es la primera vez que estas empresas han accedido a revelar cuánto dinero destinan a estas actividades de promoción, formación o desarrollo de productos. La primera en el ránking es Novartis que rozó los 40 millones el año pasado. 

Novartis es la titular del famoso fármaco anticoagulante Sintrom y es una potencia de los genéricos con su filial Sandoz. Le sigue Roche con 31 millones de euros y MSD –que vende productos oncológicos o de neurociencia– con 28 millones. Los datos provienen de las propias firmas en virtud de un acuerdo de transparencia a nivel europeo. Cada cual ofrece sus cálculos.


Los laboratorios han insistido a la hora de aportar esta información que los pagos son fundamentales para avanzar en investigación. Por ejemplo la suiza Roche subraya que destinó "un 55,5% de sus transferencias a profesionales sanitarios y organizaciones a I+D: un total de 17,6 millones". Una docena de empresas suman esos cientos de millones. De los que más de 60 han ido a parar a profesionales. 

Sin embargo, el pago a médicos, asociaciones de pacientes o sociedades científicas han sido señalados como un método de los laboratorios para favorecer las ventas de sus productos. Ya fuera mediante prescripciones médicas o recomendaciones a colectivos afectados por una patología, ese dinero era acusado de palanca comercial. "Ahora está todo mucho más controlado. Hay que firmar una hoja para autorizar que lo que te financian se publica", cuenta una especialista de la sanidad pública madrileña que lo contrapone a la época de barra libre. 

Entre los gigantes de los medicamentos que más han abonado se encuentran algunos nombres que se han hecho famosos como el de la norteamericana Gilead –dueña del Sovaldi– que gastó más de 12 millones de euros o AbbVie – desarrolladora del combinado antiviral Viekirax-Exviera– con más de 17. Ambas marcas han estado en el centro de la polémica del acceso a los, costosísimos, medicamentos contra la hepatitis C de última generación (y alta eficacia).

Otros laboratorios con transferencias muy cuantiosas son la francesa Sanofi (que gestiona marcas conocidas como el Cortafriol, el dogmatil contra los vértigos o el Amaryl para diabéticos), que bordea los 20 millones, GlaxoSmithKline – locomotora mundial de las vacunas como la de la varicela o las tos ferina y dueña del Ventolín– más de 23–, Pfizer (que comercializa el Tranquimazin o el Orfidal) con 15 millones o Laboratorios Ferrer que supera los 20 millones pagados. La británica Astrazeneca se va por encima de los 14,5 millones. El fabricante del famoso Prozac, Lilly, también rebasa los siete millones de euros. 

A las grandes cifras de los buques insignia del sector cabría añadir todo el riego que también llega de corporaciones de menor tamaño. Un ejemplo, los laboratorios Servier informan de unas transferencias algo superiores a los 2,5 millones de euros en total. Un goteo que se irá a decenas de millones. 

Mucha información agregada

Conseguir publicar estos datos ha implicado obtener el permiso de los profesionales para aparecer el los registros: "La autorización tiene que ir con tu nombre o dentro de un grupo de trabajo", indica uno de los afectados. Que la autorización sea individual o colectiva ha supuesto diferencias sobre el tipo de datos a los que las farmacéuticas permiten acceder.

Aunque en las fichas de cada empresa aparecen cientos de nombres de profesionales, la mayoría de los fondos se muestran de forma agregada. Un ejemplo: la alemana Bayer destinó 4,9 millones de euros a profesionales el curso pasado. Pero el detalle, profesional a profesional, no abarca más de 690.000 euros de ese total.

Otros laboratorios no ofrecen la suma de lo que recibe cada persona en diferentes conceptos. Porque esos pagos remunerar alguna colaboración, cuotas de inscripción para cursos, los gastos de desplazamiento y alojamiento a congresos u honorarios por dar una conferencia o participar en un proyecto. 

Todas las entidades que se han incorporado a esta medida –una decisión voluntaria de las empresas adscritas a la patronal Farmaindustria– han resaltado que es un paso "hacia la transparencia". Desde la británica GlaxoSmithKline sostienen que ofrecer esta información ha hecho que "trabajemos con los médicos cuya prioridad es la de sus pacientes y la confianza que ellos depositan en su decisiones sobre su cuidado".

Con todo, un facultativo que trabaja en un hospital público de gestión indirecta matiza la situación: "Los laboratorios ahora tienen menos dinero para gastar. Y, además, no es lo mismo un internista que un oncólogo a la hora de promover fármacos. No cuestan lo mismo".                (eldiario.es, 01/07/16)

16.10.17

“Cuando entras en el PP no te esperas que haya tanta gente que se haya dedicado a llevárselo crudo”

"Estos son muy extremistas", dice Jesús Ángel García Bragado (Madrid, 1969) ante un grupúsculo de VOX repartiendo propaganda electoral en la entrada principal del parque del Retiro a una semana de las elecciones. 

Hace muchos años, la leyenda española de la marcha entrenaba habitualmente en el pulmón verde de la capital, pero, ahora, el hombre que batirá un récord en los Juegos Olímpicos de Río se pasea por sus caminos y ni le reconocen. 

Hace media vida que se mudó a Catalunya. Aparte de vecino ilustre desde 2011 en Sant Adrià de Besòs, es el líder de la oposición, por el PP, en el ayuntamiento. Esta entrevista, en la que habla de deporte, política y corrupción, se realizó unos días antes de las informaciones ofrecidas en exclusiva por Público sobre las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (...)

-¿Qué hay de usted? ¿Cómo ha cambiado en este tiempo?

Hombre, lógicamente estoy más mayor [risas]. Con la edad, soy más maduro y reflexivo. Supongo que hace veinticuatro años era un chaval más impetuoso, con mucha ilusión. Cuando tienes veintipocos años te quieres comer el mundo y cuando pasas de los cuarenta lo que ya quieres es que el mundo no te coma a ti.

-Hasta se ha metido en política.

Como llevo muchos años viviendo en Catalunya, algunas cosas me indignaban mucho. Supongo que alguna vez las expresé en público y hubo alguien que creyó que mi ideología cuajaba para entrar en política. Me afilié en 2002 o 2003 al PP, donde sigo militando. Como entonces vivía en Lérida, alguien de la dirección me propuso entrar en una lista municipal. 

Me alegro de que me hagas la pregunta porque a veces se piensan que el partido de turno ha ido a ficharme, y no, yo ya estaba militando. En Lérida estuve un año de concejal por la renuncia de un edil, cuando el Estatut. Consideré que era un momento para aprender cómo funcionaba la política municipal. Y en 2011 me propusieron renovar la lista de Sant Adrià de Besòs, donde vivo ahora y donde estoy muy a gusto, principalmente porque me recordaba a García Noblejas, el barrio de Madrid donde viven mis padres. 

 Al principio, cuando llegas, dicen: “Este no es de aquí, no lo conoce…”. Pero yo veía que ahí me iba a encontrar bien y, de hecho, he puesto el huevo y me he comprado un piso. Vivo en una zona residencial de La Mina, donde históricamente hay mucha marginalidad, pero no me siento amenazado. Es verdad que hay tráfico de drogas, pero, más allá de eso, las problemáticas son el absentismo escolar, la propia marginalidad o que la gente tiene una cualificación muy baja.

-¿Qué cosas le indignaban?

Las que muchas veces escuchamos: que le den tanta importancia al nacionalismo, a la lengua y a todas estas cosas de identidad, y luego resulta que tengas unas infraestructuras de mierda que hacen que vayas de Lérida a Barcelona y tardes como si estuvieras en un país tercermundista. Que no le dieran tanta importancia a desarrollar un país con las cosas que necesita el ciudadano en el día a día. Esas cosas me cabreaban mucho.

-Hasta el momento, ¿le ha merecido la pena?

Digamos que he pasado la primera etapa de la política, que es conocerla por dentro. Siempre tienes muchas zancadillas dentro, filtraciones y ese tipo de temas que son bastante desagradables. Pero, dentro, también ves muchas cosas que son las que gratifican: que aprobando cosas puedes mejorar mucho la vida de los ciudadanos. Desgasta mucho, no te voy a engañar, pero tiene su parte gratificante.

Es verdad que ahora vivimos en momentos en que los políticos han sido muy desprestigiados, desgraciadamente por el mal ejemplo que han dado muchos de ellos. Pero yo siempre miro la parte buena de la política, igual que hay una parte buena en el deporte. Hay algunos que se dopan y hacen que a veces sea poco creíble tu deporte, pero realmente no es todo así; sólo una parte.

-¿En qué se asemejan el dopaje en el deporte con la corrupción en la política?

Yo que lo conozco por los dos lados, te diría que en todo. Cada vez veo más similitudes entre los comportamientos de los que están dispuestos a cruzar esa línea: quien un día al levantarse va a buscar a alguien para doparse y quien de repente va a ver si se lleva algo aprobando una ley, sabiendo que lo que hace está mal.

-¿Es más fácil doparse en el deporte o corromperse en la política?

En el deporte, si lo buscas supongo que lo encuentras, que acabarás encontrando un médico dispuesto a darte los productos. En mi caso, como no lo he buscado nunca, te diría que a lo mejor parece más difícil, aunque, por lo que sabes de otros, parecía no serlo tanto. 

En la política, por determinadas personas que te han sugerido cosas, me ha dado la sensación de que me proponían algo ilícito, mientras que en el deporte nunca me han ofrecido nada. Imagino que todo depende de la predisposición de cada uno.

-¿La política es por dentro como usted se esperaba?

No, en muchas ocasiones no. De hecho, hay un amigo, al que yo llamo mi entrenador político, que me ha dicho: “En ocasiones, tu gran error es que a veces esperas algo de la política y yo ya sé lo que puedo esperar”. A lo mejor es eso lo que nos frustra, que tenemos unas expectativas en la política que, en ocasiones, es muy difícil que se produzcan.

-¿Es difícil hoy en día, con la que ha caído en los últimos años, ser un cargo público del PP?

Es difícil, porque estás continuamente oyendo: “Rajoy se tiene que marchar”, “Mira lo que han hecho”, “No han arreglado nada”. Y a veces no tienes respuestas para eso. Yo entiendo que las expectativas que tenía mucha gente de clase media cuando llegó el PP no han sido cumplidas. Seguramente, cuando entró, el PP también tenía otras expectativas, pero la realidad es esta. 

Y no es sólo la de España; yo acabo de venir de Roma y pasa tres cuartos de lo mismo. Y hay un partido, como el Movimiento Cinco Estrellas, que puede tener similitudes con Podemos. Hay muchas políticas que no se han podido llevar a cabo por el contexto general, sobre todo en el sur de Europa, donde ya no se pueden hacer cosas vía endeudamiento y hay que limitarse a los ingresos que se tienen para poder gastar. Y ante eso tienes que ser muy comprensivo y que la gente te exprese su malestar. No hay otra.

Lo peor que llevo es que cuando entras en el PP consideras que es un partido decente, y lo sigo considerando, pero no te esperas que haya tanta gente que se haya dedicado a mirar por lo suyo y a ver si se lo podía llevar crudo. Eso te decepciona mucho. Y que no haya sido sólo un caso, sino muchos, aunque algunos los definan como aislados. 

Supongo que tiene más que ver con que cuando uno lleva muchos años en el poder puede acabar confundiendo lo público con lo privado. Como alguno que utilizaba el teléfono para hacer llamadas a números poco adecuados y estaba haciendo el gasto público de un ayuntamiento que lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Hay que ser muy consciente de que tú eres un servidor público y hay que velar por el interés público, nunca por el particular.

-El edil de CiU en Sant Adrià de Besòs, Xavier Soley, dijo sobre usted: "Los regidores indepes esperamos que en los Juegos de 2020 participe bajo la bandera catalana".

Como funcionario público, me quito el sombrero ante él, pero lógicamente no comparto esa deriva independentista. Seguramente, si hubiera dicho esto ocho años antes, no hubiera dicho indepes [hace mucho énfasis en la palabra], sino nacionalistas o catalanistas. Pero, como ahora esto de la independencia parece que es a ver quién mea más lejos o quién marca más paquete… 

En primer lugar, yo en 2020 ya no tengo ninguna intención de ir como atleta. Luego, en el hipotético caso de que hubiera una selección catalana, que veo bastante improbable, yo lógicamente seguiría con mi pasaporte español. Y si tengo que solicitar la nacionalidad catalana, lo haré porque tengo tanto derecho como cualquier otro, pero me seguiré sintiendo español allí, de la misma manera que me siento ahora. (...)

-¿Se ve muchos años en la política?

Pues no se te sabría decir. Va todo en función de para dónde me lleven los proyectos. De todas formas, yo considero que uno en la política debe de estar un tiempo razonable; si no, te puede generar toxicidad, te puede cambiar mucho personalmente. Así que lo veo difícil.

-¿Qué hará después?

Mi prioridad número uno es seguir vinculado al atletismo. Lo normal y lo que me pide el cuerpo ahora es dedicarme a entrenar a los demás. Luego, tengo algún proyecto relacionado con mis estudios de Podología. (...)"            (Entrevista a Jesús Ángel García Bragado, leyenda de la marcha española, Público, 23/06/16)

13.10.17

Un 60% de las adjudicaciones de la sanidad madrileña va a empresas reunidas en lobbies

"El informe Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, las empresas que forman parte de los grandes lobbies sanitarios obtienen un 60% de los contratos de adjudicación. 
Los lobbies sanitarios tienen, un año más, un papel protagonista en las adjudicaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Es la conclusión que se desprende del informe Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, elaborado por el grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

El año pasado, empresas agrupadas en distintos lobbies sanitarios obtuvieron un total de 861 contratos de adjudicación (59,67% del total) por un importe de 360 millones de euros, un 51,31% de los 703,3 millones de euros en contratos de la Consejería. Es decir, los lobbies obtuvieron más de cinco de cada diez euros de las adjudicaciones de la sanidad pública. Sin embargo, el informe destaca que si se dejan de lado los 22 contratos que todavía no se han podido imputar a ninguna empresa, por falta de información, el porcentaje del importe de adjudicaciones destinado a empresas de lobbies aumenta hasta el 81%.

Fundación IDIS, Farmaindustria, Fenin y Aesmide son los cuatro lobbies más destacados en el sector de suministros, tecnología sanitaria y mantenimiento, mientras que Sedisa, Club Gertech y Cluster Biotecnológico destacan como un sector “más ideológico y de generación de marco cultural y de comunicación”, indica Vicente Losada, de Audita Sanidad.

 Unos lobbies que se van consolidando año a año en la Comunidad de Madrid y el Estado español “para facilitar su labor de visibilización del sector sanitario privado, reafirmar su papel y dirigir, influir y propiciar políticas sanitarias públicas que les potencie y beneficie”.

En el ránking de las diez empresas más favorecidas por estos contratos, Ferrovial se alza con el número uno. A lo largo de 2016, esta compañía logró 80 millones de euros, más de un 10% del total, con tan solo siete contratos. Le sigue Roche, con 33 millones de euros repartidos en 38 contratos, y en tercer lugar, la farmacéutica Novartis, con 30 millones de euros en 33 contratos.

 Los laboratorios Grifols y la farmacéutica Gilead, conocida por el negocio que está haciendo con la venta de los medicamentos contra la hepatitis C, ocupan el cuarto y el quinto lugar en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Entre las cifras destaca que las 20 primeras empresas del ránking obtienen casi 300 millones de euros, más del 40% del total.

“Matizaría que no son los lobbies los que se están haciendo con la sanidad madrileña, sino las empresas asociadas a cada uno de ellos. En este sentido, aproximadamente el 80% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad, mediante concurso de licitación, han sido a empresas privadas o grupos empresariales pertenecientes a lobbies”, continúa Losada.

Son los contratos de suministros los que se alzan con la mayor parte del importe de las adjudicaciones de la Consejería: 552,5 millones de los 703 millones de euros. En estos contratos, las empresas asociadas a lobbies obtienen la mitad del presupuesto. Roche, Novartis, Grifols, Gilead y Pfizer, todas ellas gigantes de la farmacia, son las mayores beneficiadas.

Sin embargo, es en el apartado “gestión de servicios públicos” donde se ve un mayor poder de los grupos de presión: de los 79 millones de euros en contratos, 77,7 millones, el 98,18% del total, ha ido a parar a empresas lobbistas. La UTE Ferrovial Servicios SA-Servicios Sanitarios de Urgencias SL obtiene casi el 100% de esta cifra, 77,3 millones, mientras que Fuensanta SL, Hospital Beata María Ana de Jesús y Davida Rehabilitación Center se reparten el resto. 

Para Losada, una de las conclusiones principales que se desprenden del informe es, una vez más, la “transferencia de dinero público a empresas privadas para la realización de tareas y servicios que debería hacer el sistema sanitario público. Es decir, se produce un proceso de privatización progresiva por desviación del destino de la inversión pública a empresas relacionadas con la salud”.            (Gladys Martínez López , El Salto, 10/10/17)

11.10.17

Causas de la corrupción. Cómo combatirla y prevenirla

"En el origen de la corrupción están las malas prácticas
 
 Pasan inadvertidas pues suelen consistir en conductas que facilitan o conceden beneficios escasos pero legales (licencias, crédito, calificaciones, contratos); o ilegales (exenciones, condonaciones, permisos, ocultaciones, omisiones, hostigamientos, investigaciones) [1], que involucran a agentes privados, empleados de entidades financieras, cargos públicos y funcionarios no siempre de un nivel alto de la administración(p. ej. casos Fórum y Afinsa).

  En muchos casos se trata de actantes o partícipes corruptos con mediana autoridad a la hora de distribuir un beneficio escaso, que utilizan (para elegir beneficiarios) procedimientos diferentes a los regulados, bien sean lícitos o ilícitos (p. ej. caso Ático). A menudo estos partícipes despliegan métodos que los refuerzan recíprocamente y que subsisten a lo largo del tiempo (p. ej. caso Malaya). 

Métodos que no consisten exclusivamente en los medios efectivos para esconder los pagos y lograr la colocación o regulación o blanqueo de fondos ilícitos, también pueden ser desplegados para alterar servicios y contratos de carácter público o privado en procesos de gestión y externalización, o de privatización cuando se trata de servicios y contratos públicos (p. ej. caso Estepona).

 Las disposiciones administrativas sobre qué características y qué requisitos deben tener los proyectos de obra pública o privada que interesa favorecer y el tipo de concesiones y privatizaciones que conviene financiar o patrocinar, suelen estar intrínsecamente sujetas al ámbito de la discrecionalidad o la oportunidad y, por tanto, son otro caldo de cultivo de la corrupción [2]. 

Como la corrupción favorece a los partícipes de uno y otro lado de la relación, ninguno de ellos experimenta la necesidad de finalizarla unilateralmente (perdurabilidad), y es muy difícil desenredar y deshacer la red para poder imputar conductas corruptas a sólo uno de ellos (p. ej. caso Estepona).

 Entre el soborno y la extorsión

 “Convencido de la gravedad del problema, el secretario general de las Naciones Unidas decidió abrir en enero del 2004 un proceso de consultas orientado a añadir, en su caso, un décimo principio a los ya existentes nueve del Pacto Mundial. Se trataba de un principio relativo a la corrupción y su tenor era el siguiente: «Las empresas deberán combatir la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno». Las razones que a tal fin se esgrimía eran fundamentalmente tres. Primera Segunda Tercera, se hacía precisa la mención explícita de un problema de tamaña importancia como es la corrupción.

 Pero algunas de las empresas consultadas en calidad de firmantes del pacto expresaron ciertas reservas a la inclusión de este décimo principio, en la opinión de que no son sólo las empresas las que deben actuar contra la corrupción, sino también los gobiernos y los demás agentes sociales. 

Entre otras, fue principalmente esta opinión la que llevó a la Secretaría General de las Naciones Unidas a suavizar el inicial tenor del décimo principio que, tras la reunión celebrada en Nueva York el 24 de junio de 2004, quedaba oficialmente añadido a los otros nueve del Pacto Mundial, con el enunciado siguiente: «Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno» [3].

En los países donde el legislador distingue entre soborno y extorsión, se pretende perseguir con el soborno tanto al funcionario público como al particular que buscan activamente un beneficio indebido del gobierno; y, con la extorsión, al funcionario que obtiene dinero del particular a cambio de no imponer una carga o de no retener un beneficio. 

Aunque el pago realizado por un ciudadano aparentemente “normal” a un funcionario gubernamental muy poderoso se califica como extorsión, la distinción entre estos dos tipos de conductas sólo llega a ser relevante cuando el enfoque de la política penal y fiscal promueve la delación, a costa de que quien paga el soborno pueda ser considerado un inocente lesionado y no deba ser penado (p. ej. caso Grajales).

 Asimismo, la distinción entre quien practica la corrupción «activa» (el que soborna) y «pasiva» (el funcionario o el cargo público) tampoco no se corresponde con la realidad en los múltiples escenarios en que actúa la corrupción. Para que haya práctica corrupta tiene que haber acuerdo entre al menos dos personas: acuerdo en la corrupción y acuerdo en su silenciamiento (p. ej. caso Tamayo y Sáez). Sin embargo, son muy comunes, cuando se investigan e instruyen judicialmente este tipo de conductas, que se aleguen coacciones y ausencias de responsabilidad por una de las partes, tanto por empresarios como por funcionarios involucrados y en muchos casos se alega la necesidad como justificación (p. ej. caso Nóos). 

Las prácticas corruptas significativas, cuando comportan una decisión constituyente, aunque no esté en juego una inversión concreta, suponen siempre un impacto en los presupuestos y las deudas gubernamentales y en las perspectivas económicas y políticas de los países afectados, pero frecuentemente, además, involucran a determinadas empresarios que operan solos o en consorcio con socios locales (p. ej. caso Tamayo y Sáez, caso Nóos). Pese a ello, las circunstancias bajo las cuales ocurren prácticas de corrupción con trascendencia económica y social de alto nivel, sólo son objeto de análisis científico en estudios especializados.

 Las oportunidades…

 Las prácticas corruptas que mejor se ocultan tienen que ver con el intercambio de productos financieros o títulos de inversión (p. ej. caso Grajales y Caso Andrax). También los procesos de privatización en los que se trasfieren bienes, derechos o facultades del Estado a los particulares, están cargados de oportunidades [4]. 

El proceso de privatización y venta de una gran empresa pública puede incluso superar en cifras económicas a un proyecto de construcción y contratación de una gran infraestructura (p. ej. caso CYII, caso Bankia). Las oportunidades para la corrupción en esos casos también suelen ser elevadas. Si las corporaciones empresariales pagan para conservar el poder monopólico de las empresas públicas una vez que éstas cambian de titularidad o su gestión pasa a manos de particulares, el resultado se reduce a una simple transferencia de beneficios del Estado a los nuevos gestores o propietarios. 

El traspaso “pacífico” de dichos beneficios puede igualmente conllevar prácticas corruptas si los empleados de la empresa privatizada se avienen, a cambio de determinados pagos y beneficios, a hacer frente a las exigencias de otros proveedores que buscan compartir los beneficios monopólicos, o bien, a trazar políticas engañosas frente a los usuarios y/o clientes [5]. Y este es sólo un ejemplo de cómo la corrupción socava la pretendida racionalidad y eficiencia que se esgrime como justificación económica en los procesos privatizadores.

 La contratación gubernamental y las privatizaciones

 Siempre que un gobierno actúa como calificador, contratante, o comprador, se generan oportunidades para la corrupción. Las empresas pagan o maniobran para ser incluidas en el pliego de licitación y a la vez para limitar el tamaño de la lista de participantes (p. ej. caso Ático); obtienen información privilegiada e inducen a los funcionarios a disponer de tal manera los requisitos de las licitaciones para conseguir ser los únicos proveedores, suministradores o abastecedores que cumplen los requisitos del concurso; cuando no pagan directamente para ser sus adjudicatarios. 

Y si ya han sido seleccionados pagan para que se acepten sus precios inflados, disminuyan o se omitan los controles de las calidades exigidas, o se dilate con carácter temporal o indefinido el cumplimiento contractual (p. ej. caso Ático). Los pagos para obtener concesiones y contratos, o privatizaciones de grandes empresas públicas, son generalmente un terreno reservado a los altos cargos del gobierno y a las grandes corporaciones empresariales.

 Aun así es posible que funcionarios y empleados de menor rango sirvan o revelen información confidencial, o privilegiada, que favorezcan la posición competitiva de algunas empresas frente a la administración contratante, y también que algunas pequeñas empresas realicen pagos para obtener encargos de provisión, suministro o abastecimiento [6].

Uno de los elementos distintivos de la corrupción que se da en la contratación gubernamental y en las privatizaciones, además del tamaño de las transacciones, se encuentra también en los casos en los que el gobierno distribuye un bien escaso y el valor del beneficio se eleva a varios millones (p. ej. caso Ático). 

En circunstancias muy competitivas la empresa que gana el concurso no tendría por qué ser más o menos una empresa eficiente respecto a sus competidoras, con independencia de que haya pagado o no el soborno más cuantioso. Sin embargo, lo que se está demostrando actualmente (aquello que Naredo denomina “Neocaciquismo” [7], y que consiste en una corrupción sistémica que atenta incluso contra el sacro principio liberal de la competitividad), implica que se restrinja, mediante prácticas corruptas, el número de postores para beneficiar a aquellos que, o bien han logrado tejer redes y establecer nexos con altos cargos en el poder, o bien han conseguido cooptar y reconfigurar las instituciones en las que estos actúan (p. ej. caso CYII, caso Bankia, caso Telemadrid).

 Por tanto, por mucho que se vocee a los cuatro vientos la bondad de la eficiencia, este tipo de criterio para valorar a los postores, no tendrá ninguna cabida [8].

 Cuanto más poderosos menos constreñidos

 La escala de las prácticas corruptas y el nivel funcionarial de los implicados inciden también en la probabilidad de que sean efectivamente investigados y perseguidos. Por eso cuanto más poderosos menos constreñidos se sienten para actuar (en comparación con los funcionarios de menor nivel, sujetos a mayores restricciones) y, además, por esa misma razón, suelen obtener mayores beneficios o participaciones en las ganancias producidas (p. ej. caso Fórum). 

 Dado que las transacciones que involucran importantes decisiones, contratos, concesiones o privatizaciones, pueden tener, cada una, un impacto notorio en el presupuesto gubernamental y en la prosperidad general del país, el tamaño y la incidencia de los sobornos son especialmente relevantes. 

En cambio, rara vez se reflexiona en el goteo persistente que supone la obtención de licencias, permisos, reducciones de contribuciones o el comportamiento ineficientemente, a través de sobornos a funcionarios que no son de alto nivel en la escala funcionarial (p. ej. caso Andrax).

Analistas de Naciones Unidas centran sus pesquisas en la incidencia y la generación de ineficiencias en las empresas que realizan los pagos corruptos. Aseguran que las empresas que creen necesitar pagar sobornos para poder operar en determinados sectores, también saben, todas ellas, que estarían en mejor situación si ninguna pagara, pero el peso de la balanza se inclina hacia las empresas ineficientes y sin escrúpulos que no correrían con tan buena suerte en un sistema ideal de competencia perfecta (p. ej. caso Ático). 

Según estos analistas, si estuviéramos ante un concurso competitivo idealizado y el actante del gobierno no hubiera afectado el acceso a la concesión, quien hubiera otorgado el soborno más alto habría sido la empresa que asigna un mayor valor al beneficio, y la empresa más eficiente la que hubiera ofrecido el precio más alto en un procedimiento de oferta limpio. Por lo que, aseguran, las empresas más ineficientes suelen ser elegidas como resultado de la naturaleza corrupta del sistema. 

Además, añaden, es poco probable que la corrupción se limite a un único pago a los altos funcionarios para consolidar el acuerdo corrupto, motivo por el cual la empresa elegida suele ser también aquella con más disponibilidad para comprometerse en sucesivas prácticas corruptas del escalafón administrativo, hacia abajo, para proteger sus beneficios.

 Lo cierto es que cuando se trata de un contrato de obras y servicios, el que paga el mayor soborno también debe anticipar que tendrá que sobornar a controladores e inspectores para que aprueben u omitan requerir los trabajos que no cumplen las exigencias o los estándares de la contratación. 

La expectativa de una relación perdurable es, pues, parte del atractivo de contratar con una empresa corrupta. Asimismo, la propia empresa puede administrar dichos sobornos para asegurarse la perdurabilidad de las relaciones de corrupción. De esta forma, una empresa puede firmar un contrato de publicidad con una empresa pública, pero pagar los sobornos sólo cuando ha hecho efectivo el pago del precio contractual.

 Esos pagos deberán efectuarse de manera diseminada, de tal forma que uno solo de ellos no sea suficiente para atribuir e inculpar a los partícipes por un delito de cohecho. Además, estas prácticas suelen ocultarse tras otros contratos de asesoría o consultoría e intermediación suscritos por empresas interpuestas, por lo que la red societaria utilizada para realizar los pagos ilícitos puede llegar a ser muy compleja (p. ej. caso Ático).

La descripción anterior revela, asimismo, que la corrupción no puede representarse exclusivamente protagonizada por funcionarios y empresarios. Ni que la cultura del regalo o del favor clientelista, tan extendida en nuestro entorno sea la que induce y determina que las empresas desplieguen una especial sensibilidad cultural pagando sobornos. Quienes impugnan convincentemente este argumento consideran insultante que las dádivas y los pagos ilícitos a políticos corruptos se sustenten en una cultura convencional de dar regalos (p. ej. caso Taula).

 Las corporaciones empresariales transnacionales

 Por otra parte, las corporaciones empresariales transnacionales que justifican el pago de sobornos para acceder a concursos de contratación a gran escala alegan la inoperancia de las leyes que los sancionan o su utilización, en todo caso, como arma arrojadiza entre partidos políticos.

 Los gestores de dichas empresas cuestionan incluso que deban cumplir estándares de responsabilidad social más elevados (cuando existen) que las compañías locales; intención que subyace tras la apariencia externa y visible de las negociaciones de los tratados como el TTIP, el CETA o el TISA

 Pero es preciso reconocer que no todas las malas prácticas involucran obras a gran escala o proyectos sobre bienes de capital (p. ej. caso Faycan y Caso Grajales). También los funcionarios de organismos de cooperación y ayuda han argüido que no pueden ignorar las prácticas corruptas si quieren hacer bien su trabajo [9].

 Combatirla y además prevenirla

 El problema no es sólo combatir la corrupción existente en las instituciones, sino además prevenirla [10]. Entre los elementos principales que se barajan en las propuestas consideradas se incluye la reforma legal para reducir incentivos y oportunidades de corrupción en determinados sectores [11], y mejoras en el control efectivo del cumplimiento coactivo de la ley y los estándares de inspección internacional [12]. 

Algunos analistas recomiendan incluso la creación de nuevas organizaciones internacionales para enfrentar la corrupción global [13], ya que los nexos de un país con el mundo, en régimen abierto de comercio e inversión, facilitan el contrabando y la movilidad de las ganancias delictivas a través de las fronteras, y expanden, tanto como limitan, el ámbito de las operaciones corruptas. 

Además, la existencia de «paraísos fiscales» es hoy indispensable para garantizar la actividad y la impunidad delictiva local e internacional, y para muchos es propia de la naturaleza corrupta del sistema. Evitar y revertir el daño ocasionado por la corrupción globalizada demanda, pues, esfuerzos internacionales muy superiores a los invertidos en la liberalización y globalización de los mercados. Un enfoque de la corrupción desde la justicia penal y el control del comportamiento delictivo internacional, es importante, pero escandalosamente insuficiente.

 Restringir el lavado de dinero y controlar los negocios ilegales requiere de la cooperación internacional, pero esos esfuerzos no pueden tener mucho impacto por ellos mismos en el nivel de la corrupción cuando existen alicientes no confesos que emergen del poder público ejercido en el marco de unas instituciones estatales e internacionales reconfiguradas por la actividad empresarial transnacional [14], como ha quedado registrado en los textos de los tratados firmados y en las decisiones largamente postergadas como la adopción del ITF."                (Liliana Pineda, Attac Madrid, 08/10/17)

10.10.17

El clan de los Pujol pudo financiar a CDC a través de sociedades con el dinero de Andorra

"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apunta que el clan familiar del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol pudo financiar irregularmente con parte del patrimonio que disponen en Andorra a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de empresas "que prestaron servicios" a la formación política, coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales del año 2000.

De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado solicita una batería de diligencias entre las que se encuentra requerir todas las líneas de crédito concedidas entre 1999 y 2003 a las mercantiles Altraforma, Hispart y Winner Graph ya que estas sociedades “resultaron ser prestadoras de servicios de CDC” dirigiendo después sus facturas al Palau de la Música. Añade que las “facilidades crediticias” destinadas ascendieron a un total de 336 millones de pesetas (poco más de dos millones de euros)

El magistrado que instruye la causa sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna de la familia Pujol-Ferrusola, indica que el hijo primogénito del expresidente catalán pidió al representante de Banca Reig que le concediera una serie de avales para garantizar “facilidades crediticias” a las citadas mercantiles.

 “Por tanto, la liquidez gestada podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios” a la formación que presidía en aquel entonces su padre.

Igualmente atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicita copia de facturas de las personas que conformaban en aquellos momentos el Palau de la Música catalán, institución que, según el magistrado, “habría servido para “recaudar fondos de distintas empresas adjudicatarias de obra pública”.

Además también libra exhorto al al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación con un procedimiento que se habría instruido entre los años 1997-1999 y en el que intervino Luis Prenafeta, exsecretario de Presidencia en la etapa de Jordi Pujol y que actualmente está siendo juzgado en este órgano por el caso Pretoria.

Sobre este punto De la Mata asegura que “se ha podido saber” que una constructora habría realizado pagos sin justificar a varias sociedades por un monto total de 458 millones de pesetas (2.752.635 euros) entre las que estarían Colil Capital, sociedad holandesa que abonó una transferencia en la cuenta que Pujol Ferrusola posee en Andorra.

El juez, que precisa que esta operativa tuvo “como personaje troncal” a Prenafeta, concluye que las cuentas bancarias en Andorra a nombre del primogénito de los Pujol -en prisión hasta que no abone la fianza de 3 millones de euros fijadas por el juez para dejarle en libertad– tienen en parte origen en una cuenta bancaria titulada en España que podría haber sido receptora de pagos asociados a la corrupción y que luego eran desviados a terceros."                 (República.com, 05/10/17)

9.10.17

La policía concluye que Camps lideró el gran fraude de la Fórmula 1

"La policía concluye en un informe que ha permanecido secreto hasta este viernes que el expresidente Francisco Camps lideró el gran fraude que presuntamente rodeó la organización del Gran Premio de Fórmula en Valencia. Camps está imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación y ha intentado sin éxito en los últimos meses que se archivara la causa contra él.




La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Camps negoció y renegoció las condiciones con el entonces patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, con quien se reunió al menos ocho veces, y financió el coste del proyecto deportivo, que acabó siendo ruinoso para la Comunidad Valenciana.

 La ejecución del plan implicó, además, "la interposición de un promotor privado", la empresa Valmor Sports, que regentaba el antiguo campeón de motociclismo Jorge Martínez Aspar, con quien mantenía "una relación personal de amistad", según afirmala policía citando la declaración un testigo en el procedimiento.

"La Generalitat valenciana, con el presidente del consejo de Gobierno a la cabeza, Francisco Camps, lideró el proceso de negociación" y "esta posición preeminente se mantuvo durante toda la vida del proyecto", resalta el informe policial.

Correos intervenidos por la UDEF que hasta ahora habían permanecido secretos revelan que el expresidente renegoció supuestamente las condiciones del acuerdo entre Ecclestone y Valmor Sports cuando el Gran Premio ya había empezado a celebrarse. El objetivo era "reajustar las condiciones de los contratos iniciales de promoción y de gestión comercial, en el sentido de dotar al promotor (Valmor) de una mayor capacidad de generación de recursos económicos".

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Camps se valió de Valmor para sortear las normas que rigen la contratación de la Administración, cuando en realidad era la Generalitat la que corría con los gastos de organización y negociación. La supuesta empresa pantalla de Aspar era en realidad, según destaca la policía, incapaz de llevar adelante el proyecto "ni de desde el punto de vista organizativo, ni de ejecución material, ni financiero".

El Gran Premio de Fórmula 1 fue una promesa electoral de Camps en 2007. El dirigente del PP afirmó entonces que no costaría un euro a las arcas públicas, pero la factura para la Generalitat se elevó a más de 200 millones.

 Las carreras por el circuito urbano de Valencia se celebraron de 2008 a 2011, cuando el sucesor de Camps, Alberto Fabra, rescindió el contrato por el coste que implicaba anualmente para la Administración autonómica, después de rescatar a Valmor con fondos públicos."            (El País, 06/10/17)

6.10.17

Simona Levi: “Con las black no solo se compraban mariscadas, también voluntades políticas”

"Sentados en las filas de bancos reservados para los acusados, 65 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia escuchaban este lunes ante el tribunal los alegatos de sus abogados pidiendo la nulidad de las pruebas que les señalan. 

El juez Fernando Andreu les mandó al banquillo por “apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid”, en un supuesto fraude que el magistrado de la Audiencia Nacional cifra en 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

Esta investigación no hubiera llegado a producirse, al menos no del modo en que se desarrolló, de no haber sido por la obstinada acción de un grupo de ciudadanos que un día decidieron comenzar a auditar la labor del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato al frente de la quinta entidad financiera española.

La plataforma ciudadana 15MpaRato, fundada al calor de los movimientos sociales surgidos en mayo de 2011, es acusación particular en el caso Bankia y en la pieza separada de la venta de preferentes, además de uno de los motores fundamentales en el procesamiento de la cúpula del banco. Su labor ha sentado un precedente que va más allá de la revelación de un caso de corrupción concreto, porque ellos también persiguen que se haga justicia.

 Finalmente, toda aquella “locura” iniciada en 2012 ha acabado sentando en el banquillo a los banqueros, políticos, sindicalistas y empresarios que presuntamente llevaron a la quiebra a la caja de ahorros de todos los madrileños.

Una de las cofundadoras de la plataforma, Simona Levi, también activista en la organización ciudadana anticorrupción Xnet, recibe a La Marea en Madrid, donde asiste al inicio del juicio de las tarjetas opacas con la sensación del deber cumplido pero con el convencimiento de que aún queda mucho por hacer.

La plataforma 15MpaRato es acusación particular en dos de las tres piezas separadas del caso Bankia, en la de la salida a bolsa y en la de la venta de preferentes. Sin embargo, el juez ha considerado que no sea acusación en el caso de las Tarjetas Black. ¿Cuáles han sido sus argumentos?

El juez ha decidido que no fuéramos acusación en la pieza separada de las Tarjetas Black aplicando la doctrina más normal en estos casos. Considera que la figura afectada por despatrimonialización de las tarjetas es la propia entidad (Caja Madrid y Bankia) y el FROB. Entonces considera que nosotros, como representantes de particulares, no podemos ser acusación en este caso.

A pesar de que esos particulares, en este caso preferentistas, se hayan visto agraviados  directamente.

Nosotros por un lado damos la razón al juez en el sentido que él lo hace para que no se ralentice el procedimiento y porque hubiera podido ser utilizado como razón a discutir. Pero por otro lado consideramos que las tarjetas despatrimonializan Bankia y que son parte de la quiebra de la entidad que provocó que los accionistas perdieran su dinero.

Este lunes se ha producido una foto histórica. 65 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia sentados en el banquillo de los acusados. ¿Cómo os sentís al ver que el trabajo ha dado sus frutos?

La foto ha sido maravillosa. Los personajes de nuestra historia están ahí. Están todos ahí. Creo que para todos nosotros ha sido algo muy emocionante.

¿Qué nos queda por delante en un juicio que al menos se alargará hasta navidades?

Los dos primeros días escucharemos los argumentos de las defensas y luego tendrán que declarar los acusados. Es un camino muy largo. Esa es la síntesis.

Los abogados defensores han pedido la nulidad de las pruebas en las cuestiones previas. ¿Qué estrategias y vías de escape esperáis que utilicen los procesados?

Este lunes los abogados han utilizado 65 veces los mismos cuatro argumentos. El primer argumento que esgrimen es que la mayoría de las tarjetas black se utilizaban en tiempos de Caja Madrid. Como esa entidad no está personada en el procedimiento -obviamente no puede estarlo porque no existe-, argumentan que Bankia, BFA y el FROB no pueden acusar. 

Nosotros consideramos que sí porque en la fusión de las cajas para crear Bankia esta entidad hereda la contabilidad. El segundo argumento es que dicen que el Excel que presenta Bankia como prueba es básicamente falso. Esto es complicado porque la contabilidad que heredan la han hecho ellos mismos. Tercer argumento: que se ha vulnerado la protección de datos. Eso no funciona porque no se trata de tarjetas personales, son de la entidad.

 Si fueran personales tendrían que haber declarado impuestos y aquí entran en contradicción. Además, hay un mandato judicial que solicita esos datos. Y por último, y aquí entra en juego el regalo que les ha hecho el Partido Popular con la reforma del Código Penal, están tratando de jugar con los plazos de prescripción del delito de administración desleal.

Volvamos a 2012. Un buen día os levantáis por la mañana y decidís querellaros contra Rodrigo Rato, que en aquel entonces no era precisamente un expolítico denostado, sino una figura reconocida dentro del establishment. Un plan un poco arriesgado, ¿no?

La idea surge durante el periodo post-15M, en uno de los grupos de debate, concretamente en el de la auditoría de la deuda. En ese momento pensamos que era muy importante auditar a Rodrigo Rato, porque por aquel entonces ya se decía que el 7% de la crisis económica española la había provocado Bankia. Entonces creamos una especie de subgrupo para hablar de la auditoría de la deuda centrándonos en un ejemplo concreto. Rato era un perfecto representante de qué son las puertas giratorias y además era un símbolo.

Y es entonces cuando realizáis un llamamiento a la ciudadanía para aportar pruebas.

Sí. Al principio del proyecto pensamos que iba a ser más complicado de lo que realmente fue. En un primer momento pronosticamos que nos costaría un año reunir pruebas suficientes para conseguir abrir la querella. Al final tardamos 40 días, incluyendo el crowdfunding en el que recaudamos el dinero que nos permitió iniciarla. No hubo aportaciones documentales muy grandes en número pero sí algunas que fueron cruciales. 

La cosa fue a más hasta que llegaron los correos de Blesa. Eso fue un antes y un después. Hasta entonces el sistema había estado aguantando y negando la evidencia. Después de los correos vimos un cambio radical. La Fiscalía y el FROB, como perjudicados, empezaron por fin a realizar una labor de acusación porque hasta ese momento habían hecho más bien una labor de defensa.

¿Hubo poca colaboración institucional?

En una primera fase fue muy complicado lograr que la Fiscalía nos aceptara las pruebas que presentábamos para conseguir que el procedimiento arrancase de verdad. Pero, como decía antes, los correos de Blesa y su boom mediático produjeron un acelerón y que se renunciara definitivamente a salvar la cabeza de algunos. Hasta De Guindos ahora dice que fue él el que destapó el escándalo.

¿Ha existido oportunismo en los partidos políticos para atribuirse el mérito de vuestro trabajo? 

Los partidos políticos viven de la polarización y la cooptación, por lo tanto tienen que decir que todo lo que inventa la sociedad civil es gracias a ellos. Nosotros imaginamos y aspiramos a una sociedad en la que exista una sociedad civil activa. Y hay veces que a algunos partidos les cuesta mucho reconocer esto.

Tres millones de euros en restaurantes, dos millones en efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de un millón en grandes almacenes, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 en ropa y complementos. Un dineral sacado del patrimonio de la entidad y sin relación alguna con la actividad profesional de los procesados, según el juez instructor.

Hay un peligro y es que el caso de las tarjetas se mediatice como la visualización de unos lujos concretos. Nosotros insistimos mucho en señalar que con estas tarjetas opacas no solo se compraban mariscadas sino que también se compraban voluntades políticas. Las black eran justamente el regalo que se hacía a los fieles servidores y a los que habían votado para que la estructura de Bankia siguiera desfalcando, como lo había hecho durante al menos 13 años. 

Se observa claramente el tipo de gastos que se les ha permitido hacer a las personas más cercanas a la cúpula y a toda la corte para que todo el mundo estuviese contento. Y ahí están PP, PSOE, IU, CCOO, UGT, la patronal y otras instituciones relacionadas con el poder.

Vuestras reflexiones siempre insisten en que “en el caso de las tarjetas, Bankia y el Gobierno están dispuestos a dejar caer a Rato, Blesa y los demás para salvarse e intentar dar la imagen de que luchan contra la corrupción”, pero que en la pieza de salida a bolsa los destinos de todos los implicados (incluidos la cúpula del Banco de España, la de la CNMV, los Gobiernos de PSOE y PP y sus ministros de Economía…) están unidos y, si cae Rato, caerán con él.

Está claro que hay indicios de complicidad por parte de los organismos encargados de vigilar. Al mismo tiempo es difícil utilizar esta baza como acusación porque es la misma que usan los acusados, descargando la responsabilidad en dichos organismos. Por eso pensamos que es necesario equilibrar la responsabilidad de unos y otros para que no puedan utilizarlo a su favor.

¿Pensáis que el éxito de la querella y, sobre todo, el procesamiento de los que vosotros considerabais culpables fortalece la confianza de los ciudadanos en su propia capacidad de organización?

La diferencia y la importancia de lo que hemos conseguido creo que está en que no solamente hemos destapado sino que también hemos judicializado. Creo que hemos demostrado que proactivamente se pueden cambiar las cosas y queremos actuar de ejemplo para que entre todos podamos construir una sociedad civil más sólida.

También queréis combatir el olvido para que todo el mundo recuerde lo que ha pasado. El próximo 5 de octubre estrenáis en el teatro Fernán Gómez de Madrid la obra Hazte Banquero: Tarjetas Black, lo que quisieron ocultarte, una producción de la propia plataforma en la que construís el relato a través de los correos de Blesa.

A nosotros lo que más nos ha impactado es la dificultad de conseguir reconocimiento. Más difícil incluso que la acción en sí. Y esto, por supuesto, no es una cuestión de ego, sino que pensamos que si no reconocemos los esfuerzos de los demás siempre habrá alguien por encima que haga las cosas por nosotros. Creo que la falsa democracia que nos han vendido es precisamente eso, confiar en profetas, en partidos o en instituciones.

 Hay que reconocer la importancia de la gente pequeña que suma, y así creemos que se construirá la democracia del futuro. Por eso escribimos la obra de teatro, porque este relato no lo conoce nadie, la gente cree que esto lo están haciendo las instituciones, o los partidos, o el juez, y no es así. Si no salimos de ahí jamás acabaremos con la corrupción, porque las instituciones jamás se vigilarán a sí mismas. 

¿Hay 15MpaRato para rato?

Sí, claro que sí. Pero también queremos que el caso Bankia se sentencie cuanto antes para poder empezar otra aventura grande que tenemos en mente, pero no podemos avanzar nada más."                       (Entrevista a Simona Levi,  , La Marea, 27/09/16)