19.1.18

Granados, míster 33%, habría amasado una fortuna incalculable mediante el cobro de comisiones ilegales por el amaño de concesiones públicas: del suelo rústico de Valdemoro al metro de Moscú

"Francisco Granados habría amasado una fortuna incalculable mediante el cobro de comisiones ilegales por el amaño de concesiones públicas, pero también interviniendo a través de testaferros en negocios que se desconocían hasta ahora. 

El presunto cerebro de Púnica, David Marjaliza, reveló durante sus 13 horas y media de confesión, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que Granados llegó a tener una participación a través de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y la mujer de este, María José Mariajuán, en la empresa Bustren PM, una firma de ingeniería que consiguió proyectos para ampliar el metro de Moscú.



Se da la circunstancia de que el administrador y propietario de Bustren PM es Jesús Miguel Trabada Guijarro, la persona de confianza que Granados colocó en 2003 durante su etapa en la Consejería de Transportes al frente de la empresa pública Mintra, encargada de gestionar los planes de ampliación del metro de la capital, dotados entre 2003 y 2011 con un presupuesto superior a los 7.000 millones de euros.

 En julio de 2011, poco después de que Granados saliera del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre cesó a Trabada y, tres meses después, disolvió Mintra.

El juez está investigando precisamente los contratos de esa empresa pública tras descubrir que Granados y el PP de Madrid pudieron recibir hasta dos millones de euros de Javier López Madrid, directivo de la constructora OHL, adjudicataria de numerosas licitaciones para la ampliación del metro de la capital. Como adelantó El Confidencial, el instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha situado el foco sobre 31 contratos públicos recibidos por OHL que suman 584 millones de euros.


Marjaliza también reveló otras participaciones empresariales de Granados que permanecían ocultas. El constructor relató que, a través de María José Marijuán, el exdirigente del PP llegó a controlar el 33% de la empresa Servicios Patrimoniales Obras y Vías. “Ese era el porcentaje que Granados ganó”, explicó Marjaliza, con las operaciones de suelo que se hicieron a través de esa sociedad. 

En un primer momento, el constructor cifró la presencia del político en Servicios Patrimoniales Obras y Vías en un 20%, pero a lo largo de su testimonio elevó la cifra hasta un tercio del total de las acciones. Los otros dos tercios se los repartían el propio Marjaliza y otro constructor de Valdemoro, Ramiro Cid.

El negocio de las recalificaciones

Según Marjaliza, la empresa fue creada en 1999 a petición de Granados, que en ese momento acababa de llegar a la alcaldía de Valdemoro. “Comprábamos suelo rústico en condiciones bastante más ventajosas y al recalificarlo a urbanizable había un porcentaje bastante alto de beneficio”, admitió el constructor.


El riesgo de las operaciones era nulo. “Antes de comprar un suelo rústico, ya sabíamos que iba a pasar a ser urbanizable, en su mayor parte, aunque había otras influencias [además del ayuntamiento]. Pero si comprábamos un millón de metros cuadrados, sabíamos que 800.000 metros iba a ser recalificados”. La intervención de Granados desde el consistorio garantizaba la modificación de uso de terrenos adquiridos previamente por sus socios.

 El 'lápiz' de los planes generales discurría por donde quería el entonces alcalde de Valdemoro, relató Marjaliza. Aunque Granados era el propietario del 33% de Servicios Patrimoniales Obras y Vías, el dinero para la compra del suelo rústico solo lo ponían Marjaliza y Ramiro Cid

 Pero eso no impidió que el exconsejero se lucrara con las recalificaciones de suelo que se producían en su municipio. El presunto cerebro de Púnica relató que pagó al político entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que se podía construir en las parcelas que pasaban de rústico a urbanizable, una cantidad similar a la que abonó a otros muchos alcaldes madrileños. 

“En una legislatura, podíamos construir entre 3.000 y 4.000 viviendas” en toda la comunidad, manifestó Marjaliza. Es decir, que había en juego comisiones totales por valor de hasta 24 millones de euros en un solo mandato. Parte de ese dinero, “contante y sonante”, acabó en los bolsillos de Granados. “En el sector Majuelo Norte de Valdemoro, por ejemplo, construimos miles de viviendas”, recordó el constructor.


El exconsejero del PP habría obtenido ingresos aún mayores por otra vía. Marjaliza explicó al juez que, en 2005, tras varias discrepancias con Ramiro Cid, vendió a este su 33% en Servicios Patrimoniales Obras y Vías por un importe de 33 millones de euros. 

Es decir, que el otro tercio que poseía Granados en la sociedad tenía un valor tasado, al menos en ese ejercicio, que rondaba esa impresionante cifra, gracias sobre todo a las recalificaciones que él mismo se había autoconcedido desde la alcaldía.

Pelotazo en Getafe

En 2004, cuando ya era consejero autonómico, Granados volvió a utilizar a María José Marijuán para entrar en un proyecto urbanístico junto a sus amigos constructores de Valdemoro. En esta ocasión, el desarrollo estaba en Getafe y se canalizó a través de la sociedad Circuito de Prácticas Pista Sur SL

 El nombre del dirigente popular no aparecía en las escrituras de la firma, pero Marjaliza describió al juez un esquema similar al que habían puesto en práctica en Servicios Patrimoniales Obras y Vías. Marijuán entró en Circuito de Prácticas a través de la empresa Ayjopen Consulting. “El suelo lo compramos Ramiro Cid y yo porque Ayjopen no tenía dinero, pero el 33% de la sociedad le correspondía a Granados”, aclaró Marjaliza.

El proyecto de Getafe no llegó a salir por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero Ayjopen no perdió dinero. Granados vendió en 2007 a Marjaliza su participación en Circuito de Prácticas por 300.000 euros. El constructor reconoció que el pago de esa cantidad pudo encubrir el abono de una comisión ilegal."           (José María Olmo, El Confidencial, 18/05/16)

18.1.18

El soterramiento fallido de las vías en Valladolid: 2 millones de euros en propaganda para un proyecto que costaba 1,6



"La Valladolid que planeaba León de la Riva desde el año 2002 era una ciudad sin vías que la dividiesen, con un bulevar, con fuentes, con edificios emblemáticos, y con un intercambio constante de viajeros desde Madrid. Esa era su idea del soterramiento, una operación de cientos de millones que iba a financiar vendiendo los terrenos liberados de los talleres de Renfe para construcciones residenciales.

 La idea tenía que calar en los ciudadanos: Valladolid sería una ciudad del futuro, las viviendas del entorno de las vías se iban a revalorizar y, en definitiva, todo iba a ser mejor. El horizonte del soterramiento estaba en 2012, pero antes llegó la crisis de la burbuja inmobiliaria.

 En 2008, cuando los sueños se deshacían y las construcciones se desplomaban, la sociedad creada para gestionar el soterramiento no dio ni un paso atrás. Al contrario, siguió adelante con el ambicioso plan de comunicación que encargó en 2007, año de elecciones locales, para “crear predisposición favorable en la población”.

Esto es parte de lo que se ha podido descubrir ahora en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valladolid que analiza la gestión, dudosa porque no se ha soterrado ni un metro de vía en sus 15 años de existencia, de la sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003. 

Formada por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, Renfe y Adif, tenía como objetivo promover la transformación urbanística de la ciudad para el soterramiento, impulsar, gestionar y financiar las obras necesarias y realizar operaciones urbanísticas en los terrenos liberados por las vías.


El 10 de mayo de 2007, a 17 días de las elecciones locales, que finalmente ganó León de la Riva y con el nubarrón de la crisis encima, la sociedad refleja en el acta del consejo que encargó un Plan de Comunicación a una empresa denominada Sugar Factory SL. La única empresa con esa denominación que ha podido encontrar este diario tiene domicilio social en Vitoria y su objeto social es la programación. 

 En cualquier caso, Alta Velocidad dice haber pagado 89.578 euros para que elaborase un plan de comunicación. Este plan tenía dos fases, la primera se aprobó en esa reunión, por un coste total de 1.846.538 euros. El proyecto urbanístico que se encargó al prestigioso arquitecto Richard Rogers años antes había costado 1,6. Por alguna razón, la sociedad consideró que merecía la pena invertir más en la publicidad que en el proyecto. 

Un vídeo de 35.000 euros

Las acciones previstas pasaban por la instalación de una “carpa envolvente en una zona emblemática de la ciudad”, soportes audiovisuales, una revista, folletos. Los precios que marcaban eran de 350.000 euros por un “vídeo publicitario”, más de 230.000  por una revista, y algo más de un millón de euros por la carpa.

 El total, 1,8. Con una aprobación por unanimidad se facultó al consejero delegado de la sociedad para realizar “cuantos negocios jurídicos” fuesen “necesarios para la ejecución del Plan de Comunicación de la sociedad, así como para que lleve a cabo la disposición de fondos necesarios para efectuar los pagos que se deriven”.

La realidad es que la carpa del millón de euros se anunció en el año 2006 con la previsión de instalarla en la Acera de Recoletos desde diciembre de ese año hasta abril de 2007. Los mil metros cuadrados estaban divididos por temas. En concreto todos los logros de la Alcaldía en esa legislatura y un posible apartado específico para el proyecto del soterramiento, tal y como recogió 20 Minutos.

La exposición específica no llegó hasta junio de 2008 y, según manifestó León de la Riva tras su inauguración, su contenido era “muy, muy normalito” salvo una maqueta que le pareció “excepcional” y que fue la diseñada por Rogers. “Lo otro me parece bastante vulgar”, señaló.
El plan de comunicación incluía un anuncio con la exatleta Mayte Martínez, hoy concejala del PP.

 Lo que se hizo finalmente fue un corto con tema musical de ‘Celtas Cortos’ y el título ‘Viaje asombroso’. Tampoco fue del agrado de León de la Riva: “No hay que romperse mucho la cabeza para hacer un vídeo así”, lamentó tras su visionado. En teoría, es lo que costó 350.000 euros.

Este diario sí ha podido constatar la existencia de  otro vídeo que está colgado en youtube  por un particular que dice que el Ayuntamiento repartió en DVD en 2007. En él no aparece ningún logo del PP, ni tampoco de la Sociedad Alta Velocidad, tan sólo el emblema del Ayuntamiento de Valladolid. Dura unos 15 minutos, interviene el propio alcalde como voz en off y contiene multitud de infografías.

Con decepción o sin ella, el 31 de marzo de 2009 el consejo vuelve a reunirse y en el orden del día, punto 9, está la aprobación de la segunda fase del Plan de Comunicación y se comenta que en la primera fase se colocó la carpa, se realizó una presentación virtual y se editó una revista, es decir, se da por cumplida.

 En 2009, la segunda fase se concretaba en la “comunicación de un nuevo complejo ferroviario con la presentación de un spot con la marca VAV y visita a las obras. También se preveía una campaña de comunicación en barrios, un autobús con información del proyecto, la elaboración de una maqueta virtual, vídeo y folleto explicativo y realización de una campaña de buzoneo con actividades. En este caso, y a pesar de la larga lista, el presupuesto fue de 515.620 euros y también se aprobó por unanimidad.

“No es de extrañar que tras esa costosísima campaña se extendiese la idea de que habría un antes y un después en la ciudad’ tras el soterramiento", explica a  eldiario.es el teniente alcalde y concejal de Urbanismo (Valladolid Toma La Palabra), Manuel Saravia. "El PP lo sigue diciendo. Es decir, que no se presentó como un proyecto fundamentalmente de movilidad, sino con efectos mucho más profundos, distorsionando la percepción de la actuación urbanística de forma acrítica”.

Es el nuevo Ayuntamiento constituido en 2015 por PSOE y Valladolid Toma La Palabra, quien tuvo que anunciar el pasado año que el soterramiento era inviable y que había que optar por otras soluciones, a pesar de la fuerte oposición de los vecinos de la zona este. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconocía en una entrevista hace un par de semanas, que el soterramiento en Valladolid no era posible, a pesar de que el PP municipal lo siga defendiendo.

 “Actualmente, tras la decisión de mejorar la permeabilidad de las vías mediante una solución mucho más económica, realista y que permite hacer frente a la deuda de 400 millones de euros que tenía la Sociedad, no se ha destinado ni un solo euro a propaganda del proyecto. Al contrario, se ha ido por todos los centros cívicos explicando la propuesta y atendiendo a las cuestiones que los vecinos y vecinas han planteado. Porque nos parece que es lo justo y lo democrático: el debate cara a cara y no la propaganda”, añade Saravia. 

El Ayuntamiento trabaja en otro plan urbanístico, eso sí, lo hacen los técnicos municipales “sin que se haya contratado a ningún estudio externo, y menos aún a arquitectos estrella internacionales”. Saravia recordó además que uno de los gerentes de la sociedad reconoció que se trajo a Richard Rogers a Valladolid “para vender el proyecto”. “Así se hacían las cosas”, lamentó Saravia."                (Laura Cornejo, eldiario.es, 14/01/18)

17.1.18

Toda la trama del Palau

"(...) El “Orfeó Català” lo componen 4 entidades: l’Associació Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música, y la Associació Cor de Cambra del Palau de la Música.  

“Todas estas entidades (…) acabaron siendo dirigidas unitariamente por Félix Millet y Jordi Montull, diu el jutge, quienes procuraron “desviar para sus fines importantísimas cantidades de dinero”, y ejecutaron “un plan para enriquecerse a costa de los fondos del Palau de la Música”.

Estas son algunas de las cositas que hicieron:
  • Pago de obras en sus viviendas particulares con fondos de las entidades (entre 2005-2009). Decían a los industriales que facturaran por obras en el Palau, pero los trabajos se realizaban en los domicilios dels xorissos en Modolell, L’Ametlla y Teiá. Total: 3,63€ millones.
  • Pago de gastos particulares. Entre otros: las bodas de las hijas de Millet, Clara y Laila, que además se casaron gratis en el Palau (164.270€); viajes familiares a México, Nápoles, Cerdeña, Maldivas (2 veces), Polinesia (con toda la familia por el insignificante importe de 141.326€), Phuket, El Cairo, Kenia (con Laila y su marido), Tanzania, San Petersburgo, Santo Domingo y Dubai. Total: 778.429€.
  • Pago de un libro escrito por Montull titulado 30 anys d’il.lusions. Total: 19.026€.
  • Donaciones a Àngel Colom, a quien entregó en septiembre de 2000 nada menos que 12.500.000 pesetas. Era la época en que Colom dejaba el Partit per laIndependència y se disponía a entrar en Convergència. Según Colom, era para pagar las deudas del PI, pero en el recibo firmado por Colom constaba que era por un convenio de una ficticia Fundació Privada Espai Catalunya (que Colom decía representar) sobre “Pedagogia sobre la cultura catalana en les noves migracions”. Dice el juez que “fue solo la tapadera de la entrega dineraria”. Parece que en Colom es va fer caquetes i va restituir els diners cuando se destapó todo, y el Palau renunció a denunciar al Angelito. Tot per Catalunya. Total: 75.127€.
  • Donaciones a un militante de CDC, Esteve Escuer, para que pagara la campaña electoral municipal del partido en 2007 en L’Ametlla, el pueblo de veraneo de Millet. Total: 13.000€.
  • Desvío de fondos a su patrimonio particular “desde al menos” 1998 a 2009, mediante disposiciones en cheque o efectivo. Total: 10,78€ millones.
  • Desvío de fondos con destino desconocido. Total 6,03€ millones. Qui s’ho ha quedat això, sr. Pujol?
  • Comisiones por mediación en adjudicación de obra pública a Ferrovial. Total: 3,45€ millones, repartidos al 80/20% entre Millet y Montull.
  • Comisiones a terceros por adjudicación de obra pública. Total: 3,74€ millones.
  • Cobro de incentivos desmesurados y no previstos en los estatutos de la Fundación, gracias a los cuales el sueldo de Millet pasó de cobrar 135.614€ en 2007 a ganar 1.261.999€ en 2008.
  • Reventa de locales adquiridos privadamente por un precio superior al de mercado. Por ejemplo, en 2009 vendieron por 3,49€ millones a la Asociación Orfeón Catalán un local en San Pedro el Mayor cuyo precio de mercado era 1,5€ millones.
  • Liquidaciones falsas de IVA que comportaron devoluciones. Total: 1,6€ millones.

Pero la cosa no acabó en hacerse rico: la Convergència de Jordi Pujol también quería lo suyo, y el juez lo deja claro:

FERROVIAL-AGROMAN, mediante el pago de comisiones a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de la obra que debía ser adjudicada, adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial“.

La cosa se hacía así: se creó el ciclo de conciertos “Palau-100”, patrocinado por Ferrovial, con el fin de pasar dinero a Millet y Montull para que ellos pudieran pasárselo a CDC tras quedarse su parte. Otras formas de pasar dinero fueron la financiación del órgano del Palau (240.405€), o el patrocinio del Centenario (300.000€). 

Las aportaciones de Ferrovial empezaron en 1997 y duraron hasta 2009, por un importe de 12,6€ millones. Ferrovial pactó con Carles Torrent, tesorero de CDC, que entregaría dinero a este partido “a cambio de que garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”

Daniel Osàcar sucedió a Torrent tras su muerte en 2005. La Fundación Trias Fargas (después CatDem), vinculada a CDC, fue utilizada “para hacer llegar a la formación política parte del dinero de aquellas comisiones que se les abonaba por el Palau de la Música con fondos de Ferrovial”.

El juez es claro: los tesoreros de CDC “por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados, utilizaron su cargo (…) para promover de forma determinante” la adjudicación de obra pública a Ferrovial. 

Y Millet y Montull “pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y CDC toda la estructura económica del Palau de la Música para que estos pudieran ocultar el pago y el cobro” de comisiones. La comisión que Ferrovial pagaba “era del 4%”: el 2,5% para CDC y el 1,5% para Millet (80%) y Montull (20%). 

“Este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el 2009”, hasta que se produjo el registro del Palau. El total de comisiones pagadas a CDC “ascendió como mínimo a 6.676.105,58€”El juez lo repite para que nadie se equivoque: “con la comisión de tráfico de influencias” Convergència Democràtica de Catalunya obtuvo 6,68€ millones, Millet 2’8 y Montull 0,7. No està gens malament, oi Jordi Pujol?

I com s’enduia la pasta CDC? Unos terceros facturaban servicios ficticios al Palau, que en realidad habían prestado a CDC o transferían a ese partido en forma de donaciones. El dinero llegaba en efectivo, a través de convenios con la Fundación Ramón Trias Fargas, mediante sociedades (Mail Rent, New Letter Market Directo, Letter Graphic, Altraforma, Hispart, Publiciutat).

¿Y qué obras hacía Ferrovial para cobrar? Por ejemplo, la eterna, inacabada y carísima L9 de metro; o la construcción de la Ciudad Judicial de Hospitalet.
Por haber sido tan malo en Fèlix Millet Tusell s’emporta una de grossa:
  • 5 años y 6 meses de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, en concurso con delitos de falsedad en documento mercantil y delito de falsedad contable.
  • 8 meses de cárcel por delito de tráfico de influencias.
  • 2 años y 3 meses de cárcel, con multa de 2,93€ millones, por delito de blanqueo de capitales.
  • 1 año y 3 meses de cárcel, con multa de 1,19€ millones, por delito contra la Hacienda Pública.
  • Abono de 3,54€ millones al Consorcio del Palau de la Música, 6’29€ millones a la Fundación Orfeón Catalán-Palau de la Música, 6’13€ millones a la Asociación Orfeón Catalán (además de 1,5€ millones por la compraventa de un edificio), 0’19€ millones por viajes particulares, 6’03€ millones por sustracción en metálico de fondos, 0’68€ millones por impuestos debidos. Paga, Millet.
Además Jordi Montull Bagur también pasará unos cuantos años en la cárcel (4 años y 6 meses + 6 meses + 2 años + 6 meses) por los mismos delitos, i ha de pagar també uns quants calerons. Gemma Montull, la contable hija de Jordi, també va a la garjola (2 años + 6 meses, 5 meses + 1 año y 7 meses). Raimon Bergós Civit, el secretari, és condemnat per falsedat en document mercantil (2 años). 

I n’hi ha més: Daniel Osàcar Escrig, el contable de CDC, s’emporta 11 mesos per tráfico de influencias, y 3 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable, por lo que además tiene que pagar 3,8€ millones.

Hay más condenados: Santiago Llopart Romero (1 año y 9 meses, abogado), Miguel Giménez-Salinas Lerín (8 meses, administrador de Altraforma), Juan Manuel Parra González (8 meses, administrador de Hispart), Pedro Luis Rodríguez Silvestre (1 año y 9 meses, administrador de New Letter), Vicente Muñoz García (1 año y 9 meses, administrador de Letter Graphic), Juan Antonio Menchén Alarcón (1 año y 9 meses, administrador de Mail Rent), y Edmundo Quintana Giménez (8 meses).

Benvinguts a Catadisney, paraíso del cuñadismo, choriceo, corrupción, comisiones, maletines y bodorrios.

Dolça i robada (pel nacionalisme) Catalunya…"                (Dolça Catalunya, 16/01/18)

16.1.18

Convergència, condenada en el ‘caso Palau’ por cobrar comisiones ilegales


 Así lo ha determinado este lunes la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse financiado de forma irregular durante una década (1999-2009). La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet y siete años y medio a Jordi Montull, saqueadores confesos.

La sentencia del caso Palau se ha dado a conocer este lunes, ocho años y medio después de que comenzara la investigación con el registro del Palau de la Música a manos de los Mossos d’Esquadra. 

Los magistrados han impuesto además una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero Daniel Osácar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sentencia cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros. 

Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergència a través de Ferrovial, La Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción a los dos directivos de la compañía que estaban acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.


La condena a Millet y Montull era más que previsible porque confesaron los hechos, primero parcialmente y más tarde de manera pormenorizada. Ambos lograron desviar 23 millones de euros del coliseo modernista en beneficio propio. 

Las dudas estaban centradas en si los jueces considerarían probado, tal como sostuvo el fiscal, que Convergència cobró mordidas por obra pública adjudicadas, en su mayor parte, en la última etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat (1999-2003).


La Sección Décima, finalmente, ha optado por condenar a Convergència. Los jueces consideran que la formación se benefició con 6,6 millones. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

 La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada: un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5%, a los bolsillos de Millet y Montull, que se presentaron a hacer de intermediarios.


El plan de Hacienda sobre los billetes de 500 euros fue lo que puso en marcha el caso Palau. La Agencia Tributaria constató que en el Palau de la Música esa clase de billetes se movían con demasiada facilidad. 

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled empezó a investigar y presentó una querella que, inicialmente, se dirigió contra Millet y Montull por desvío de fondos. Pero pronto aparecieron indicios de financiación ilegal de Convergència. Los documentos hallados en los registros, los testimonios de las secretarias del expresidente del Palau y las confesiones de última hora de los acusados han acabado de apuntalar la acusación y han permitido a los jueces dictar una sentencia condenatoria.

 Es la primera vez que se acredita la financiación irregular de Convergència, que el expresident Pasqual Maragall había popularizado con el nombre de 3%, en alusión al porcentaje del importe de las obras que se quedaba el partido."            (Jesús García, El País, 15/01/18)

Contenido íntegro de la sentencia en PDF

15.1.18

El director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia rectifica su apoyo a una recalificación urbanística ilegal tras ser señalado por un fiscal

"Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Ministerio de Justicia al que el fiscal César Estirado -que investiga un caso de presunta corrupción en Hoyo de Manzanares- intentó denunciar por prevaricación, ha rectificado el trámite que firmó para poder inscribir en el registro de la propiedad una finca fruto de un recalificación ilegal aprobada por el Gobierno municipal, en manos del Partido Popular.

La denuncia contra el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia la frenó el Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, quien retiró de la querella redactada por Estirado, especialista en urbanismo y responsable de la investigación, el nombre del mando del ministerio

Finalmente, en el escrito firmado por el fiscal jefe de Madrid y admitido a trámite por un juzgado de Colmenar Viejo se acusa de prevaricación al alcalde de Hoyo, Ramón Regueira, del PP, y a siete concejales -seis del Gobierno y una de Ciudadanos que completa la mayoría- junto dos asesores municipales, a dos ediles también del PP de la legislatura anterior y a dos arquitectos de la Universidad Antonio de Nebrija, promotora del terreno sobre el que se pretendía levantar una edificación de un centenar de viviendas pasando por encima de las normativas urbanísticas.


La implicación del alto cargo de Catalá en la causa de Hoyo de Manzanares guarda relación con su decisión del mando de Justicia de inscribir la finca en el registro de la propiedad después de que una funcionaria se hubiese negado a hacerlo, alegando que la parcela incumplía no solo la normativa urbanística municipal, también la Ley del suelo. 

El alto cargo del Ministerio dio la razón a la universidad privada, la promotora del suelo, en el recurso que esta había planteado contra la resolución de la registradora de la propiedad quien había dejado por escrito que el Gobierno municipal de Hoyo de Manzanares había autorizado "una segregación de un terreno que incumple el planeamiento municipal, admitiéndolo claramente".

En la respuesta al recurso, el director general de Justicia avaló la inscripción de la finca con el argumento de que la legalidad de una parcela compete a las administraciones o a los juzgados pero no debe ser enjuiciado por un registrador de la propiedad. Ese razonamiento supuso que la parcela fuese inscrita, aunque posteriormente la Comunidad de Madrid acabó tumbando ese desarrollo urbanístico por vulnerar las normativas de suelo.

 La urbanización nunca se llegó a levantar pero el fiscal que estudió el caso a raíz de la denuncia de un partido independiente, Unidos por Hoyo, que se había escindido del Partido Popular, acabó incluyendo al cargo de Justicia entre los querellados en el borrador de denuncia que nunca llegó al juzgado.

La imputación del director general de Catalá deberá volver a decidirla el Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, después de que desde el nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, haya invalidado la junta de fiscales de Madrid del pasado 30 de noviembre, en la que se abordó el asunto pero se impidió votar a los fiscales, tal y como es preceptivo cuando un miembro de la carrera invoca el artículo 27 para solventar su discrepancia con la orden de un superior.

De momento, el alto cargo de Justicia ya se ha corregido a sí mismo y ha rectificado su decisión en un escrito remitido el pasado 3 de Noviembre a la agrupación de electores que denunció la operación urbanístico y que ha sido incluido en las diligencias judiciales que investigan esta presunta corruptela urbanística. 

En el escrito con membrete del Ministerio de Justicia y firmado por el propio Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy alega que cuando autorizó la inscripción de la finca no contaba con toda la información de la que hoy dispone.

En ese documento que corrige su informe anterior y ahora rechaza la inscripción de la polémica parcela, el director general del Justicia subraya que en el momento de adoptar aquella decisión se desconocía que la Comunidad de Madrid hubiera rechazado el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Hoyo ni que el Gobierno municipal hubiera desistido de cambiar la calificación de la finca. 

"Toda esta información complementaria, muy importante sin duda, no pudo ser tenida en cuenta al por esta Dirección General al resolver el recurso, puesto que no constaba en la nota de calificación o porque fueron posteriores a la nota de calificación", escribe ahora el mando de Justicia, quien subraya que la única cuestión resulta en julio de 2016 a la hora de autorizar el registro fue "la duda fundada y razonable sobre la viabilidad de dicha segregación".

La marcha atrás del alto cargo de Justicia en ese documento al que ha tenido acceso eldiario.es se conoce solo nueve días antes de que los 211 fiscales de Madrid deban votar (el próximo 10 de enero) sobre la decisión del fiscal jefe provincial de apartarlo de la denuncia.

 La opinión de la mayoría no es vinculante para el responsable de la fiscalía en Madrid que puede imponer su criterio. Y de momento, Polo ha repetido que no ve razones para investigar al director general del Gobierno en el asunto de Hoyo de Manzanares."             (José Precedo, eldiario.es, 01/01/18)

12.1.18

Villar Mir, el marqués que triplicó su fortuna durante la crisis

"La indignación recorre el país y no es por los títeres de Tetuán. En un barrio más céntrico de Madrid, en la calle Génova, el manto que cubría a duras penas las vergüenzas de los dirigentes del Partido Popular se hace jirones de forma acelerada. 

Con el emperador aislado y el partido imputado, la formación que en 2012 presumía de estar recuperando la economía y de abanderar la decencia y la honradez se muestra hoy como una farsa, como un cuerpo hormonado por décadas de contabilidad paralela, evasión fiscal y dopaje financiero, gangrenado de la cabeza a los pies por una corrupción local, regional y nacional, es decir estructural.

Detrás de esa imagen de asociación acostumbrada a delinquir, que remite al hundimiento de la Democracia Cristiana y el PS italiano en 1992, se dibuja una red borrosa, muy tupida y difícil de visualizar, cuya mera idea nos acerca al abismo de la corrupción sistémica, de una metástasis de régimen que todavía esgrimen como arma amenazante algunos ilustres implicados: tanto el “si caigo yo, caemos todos” de Pujol como el “tirar de la manta” de Bárcenas sugieren que quedan enormes lagunas por descubrir: cuál es la magnitud real del fenómeno, en qué momento empezó, quiénes promovieron e impulsaron el clima de saqueo e impunidad… 

Y una duda quizá intranscendente: ¿quiénes se han beneficiado más, los corruptores o los corrompidos?

Por lo pronto, los múltiples casos de corrupción en curso -todavía en proceso- empiezan a dar nombres concretos de empresas y empresarios que aparecen de forma recurrente en las diferentes tramas.

Uno de los principales es el octogenario Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), ex peso pesado del Estado y símbolo de las puertas giratorias y de las conexiones económicas entre el franquismo y la democracia. Abogado y doctor en Ingeniería de Caminos, Villar Mir se reconvirtió con la llegada de la libertad en empresario y rey del hormigón, y hoy es uno de los príncipes del Ibex35. 

Gran conocedor de los resortes de la administración, cubrió una larga trayectoria en ministerios franquistas, desde el de Obras Públicas –subdirector general de puertos y señales marítimas (1961-1964)–, al de Trabajo como director general de empleo (1964-1967), y el de Hacienda como ministro (1975-1976).

Vicepresidente económico en el Gobierno de Arias Navarro, pasó a ser alto cargo de empresas públicas en los años 80 (fue presidente de la entonces gigantesca Altos Hornos de Vizcaya, de Hornos del Mediterráneo, y de Hidronitro Española).

 Tras su paso por el primer gobierno (preconstitucional) del Rey Juan Carlos, el empresario conservó durante décadas la amistad del monarca, premiada finalmente con la concesión del título de Marqués de Villar Mir en 2011. Curiosamente, Francia le había concedido un año antes su máxima distinción republicana, la Legión de Honor, siendo presidente Nicolas Sarkozy.

Su sobresaliente currículum (doctor y miembro de la Real Academia de Ingeniería) y su afamado éxito como “virtuoso de las empresas en quiebra” (compró en 1987 por 100 pesetas su empresa matriz, Obrascón, una de las diez mayores empresas de construcción en los años 70) se mezcla hoy con sombras de amaños en concursos públicos, sobrecostes, sobornos o donaciones ilegales, que recorren Mallorca, Madrid, Barcelona y vuelan hasta México. 

El que fuera Empresario del Año en 2011 está cada vez más cercado por las investigaciones policiales: la semana pasada, el juez Eloy Velasco, que instruye la Operación Púnica, ordenó sendos registros en la sede del imperio OHL y en el domicilio de su yerno, Javier López Madrid. 

Los papeles de Bárcenas y ahora los de Granados sitúan a Villar Mir como uno de los principales mecenas B del PP, con pagos de 530.000 euros entre 2004 y 2008, y del PP de Madrid, con dos pagos por un valor total de dos millones.

En todos los casos abiertos parece representarse la misma función: el venerable empresario de referencia reparte favores entre sus validos, un grupo de políticos, jerárquicamente organizados, que alimentan la riqueza de éste para provecho mutuo. 

Según el informe de la UDEF remitido al juez Ruz, los pagos que presuntamente efectuó OHL al PP entre 2004 y 2009 coinciden con adjudicaciones a la empresa por valor de 7.758 millones de euros entre 2002 y 2009, de los cuales 4.652 millones proceden de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Según el informe, OHL es la empresa que más contratos recibió en esas comunidades.

Uno de los primeros guiones de las tramas de corrupción que han rodeado a Villar Mir se representó en público con la declaración ante el fiscal Pedro Horrach de Aina Castillo, ex consejera de Salud del gobierno balear del PP, que acusó a Jaume Matas –ahora cortesano arrepentido– de haberla presionado para amañar en 2006 las condiciones del concurso para la construcción del hospital de Son Espases, en Mallorca, de modo que resultara en favor de OHL. 

Aquella era la obra de mayor envergadura del gobierno balear, valorada en 778 millones de euros, y según contó el Diario de Mallorca, la operación se fraguó en el más famoso centro internacional de negocios de Madrid, el palco del estadio Bernabéu.

 Finalmente, tras el revuelo mediático originado por algunas filtraciones, y la posterior revisión del concurso, la obra fue adjudicada a ACS. Según declaró la exconsejera, la razón fue que, si Florentino Pérez no obtenía la obra, en Génova “iba a haber un problema político”. Esto parece apuntar a diferencias entre distintas cortes (Mallorca y Madrid), y sobre el rey al cual favorecer (Pérez o Villar Mir).

En otros casos, se han puesto en evidencia supuestas irregularidades en la ejecución de grandes obras adjudicadas por el Estado, y que conllevaron elevados sobrecostes y demoras. Por ejemplo, en el polémico tramo del Ave de Hospitalet-La Torrasa, el Tribunal de Cuentas investigó el sobrecoste del 230% de la obra adjudicada a OHL en 2005. 

Por dicho tramo, que se ha hecho popular por las filtraciones de agua que afectan al recorrido, la constructora percibió 214,3 millones, de los 125 presupuestados inicialmente. En 2007, Adif decidió finiquitar el contrato con OHL, y encargó su finalización a Sacyr. Finalmente la obra costó 354 millones de euros.

La publicitada política de expansión internacional de OHL no solo no ha servido para despejar sospechas, sino que se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la constructora. Varios de los directivos de su filial en México, y en particular su consejero delegado Pablo Wallentin (hoy cesado), se han visto involucrados en una serie de grabaciones policiales en las que hablaban de supuestos sobornos a jueces, el incremento del precio de la tarifa de una autopista, o el pago de unas vacaciones al secretario de Estado de Comunicación, Apolinar Mena Vegas. 

Estos hechos, y un litigio que la sociedad española mantiene con la empresa mexicana Infraiber, han provocado la auditoría de todos los contratos firmados por OHL con el gobierno mexicano y la posterior caída en la cotización de su filial mexicana.

Otro de los frentes foráneos, el megaproyecto del AVE a la Meca, está siendo motivo habitual de disputa con el gobierno de Arabia Saudí. El proyecto, el mayor conseguido nunca por una empresa nacional en el exterior, fue concedido al consorcio liderado por Adif (21,05%) y OHL (6,21%) por 6.700 millones de euros, pero tras los sobrecostes podría elevarse hasta los 16.200 millones. 

Dichos sobrecostes y la tardanza en las obras hicieron tambalearse el proyecto, lo que obligó al marqués a recurrir a su viejo amigo Juan Carlos de Borbón, impulsor del contrato original, quien realizó un viaje relámpago a Riad en enero de 2015 para pacificar a sus pares saudíes y promover un nuevo plan de obra que integra los sobrecostes y un nuevo calendario.

A estas dudas sobre sus relaciones con la administración, ya sea nacional o extranjera, se suma el apoyo constante de Villa Mir a la cúpula del PP. OHL figura en los papeles de Bárcenas en los ejercicios de 2004, 2006 y 2008, con aportaciones de 100.000, 180.000 y 250.000 euros, respectivamente.

 Eran los tiempos en que Rajoy se hacía con el timón del partido, y en los que trababa amistad con otros empresarios como Gabriel Escarrer (propietario de Meliá), dueño del yate que utilizaba, junto a Matas, durante sus veraneos en Mallorca. Como muestra de la complicidad entre Rajoy y Villar Mir (paralela a la amistad entre Aznar y Florentino Pérez), quedan los 300.000 euros que, según Bárcenas, OHL dio al PP para la campaña de 2011, que depositó a Rajoy a La Moncloa con una cómoda mayoría absoluta.

Villar Mir es uno de los “hombres de estado” que apareció hace unas semanas en la portada de Expansión solicitando la gran coalición entre PP y PSOE. “Es lo mejor para el bienestar”, afirmaba el marqués. También ha dicho que Manuela Carmena puede ser una gran alcaldesa para Madrid, quizá esperando su apoyo al polémico megaproyecto del centro comercial Canalejas, valorado en 400 millones, y situado a 100 metros de la Puerta del Sol Vodafone.
Si finalmente no saliera, Villar Mir tampoco se quedaría en la calle. 

Tras tres décadas construyendo grandes obras, el exministro de Hacienda ha tenido la suerte de ser uno de los pocos españoles que ha sorteado la Gran Recesión con éxito y holgura: entre 2007 y 2015, su fortuna se multiplicó por cuatro, pasando de 1.350 millones a 5.700 millones. El marqués ha entrado así por la puerta de honor en la lista Forbes de las 10 mayores fortunas (3º en 2015) en España, que actualmente poseen algo menos del 10% del PIB español (90.148 millones).

Preguntado en una entrevista en El País en 2011 por la crisis económica, Villar Mir exhibía con orgullo cómo había capeado la recesión gracias a la internacionalización de la empresa y la diversificación del negocio, reduciendo la dependencia del mercado español, de cuyos excesos se desmarcaba: “Duplicar la construcción de viviendas nos ha llevado a la crisis actual”, decía en la entrevista, en la que glosaba las virtudes de mirar hacia afuera, comparando a España con otros países, como Alemania, donde, decía, “es normal que, cuando una empresa está en dificultades, los obreros se ofrezcan a trabajar más y cobrar menos para salvarla. En este país eso no lo hace nadie”. 

Desde que empezó la crisis, menos del 20% de la facturación y solo el 38% de la plantilla de OHL están en España.

No obstante, su ostentación de autonomía contrasta con algunas cifras, como los 7.758 millones que ingresó por adjudicaciones de la administración pública entre 2002 y 2009 o los créditos por valor de 535 millones que recibió entre 2009 y 2011 de Caja Madrid, antes de ser intervenida, a tipo de interés del 0%.

El primer dato muestra cierta dependencia, pues sus ingresos por adjudicaciones públicas en España significaron un tercio (32,33%) de todos sus ingresos durante ese periodo (su resultado de negocio neto sumó 23.993 millones entre 2002 y 2009). 

En cuanto al último dato, no tendría por qué ser muestra de dependencia si no fuera por la presencia de su yerno, Javier López Madrid, en el consejo de administración de Caja Madrid en 2010, 2011, y posteriormente en Bankia hasta la salida de Rodrigo Rato. Por si no fuera suficiente con esta ayudasu yerno gastó 34.800 euros de su correspondiente tarjeta black.

Su desinterés por el mercado español no ha frenado a Villar Mir a la hora de enfrentarse al Estado. En 2014, el Grupo OHL presentó una demanda contra el Ministerio de Fomento por no cumplir la cláusula del contrato de adjudicación de la autopista de peaje Madrid-Aeropuerto (M-12), que establecía una compensación en caso de que el tráfico no fuera suficiente para generar unos ingresos que compensaran los costes financieros.

 OHL reclamó al Estado 64,89 millones, el 20% del coste de construcción de la autopista. En octubre del año pasado, la sociedad que gestionaba dicha autopista fue liquidada. Por ende, se estima que la responsabilidad patrimonial del Estado asociada a la liquidación de la concesión es de 305,47 millones de euros (el 93% de los 327,81 millones por la que fue adjudicada a OHL).

Una empresa bien conectada con el Estado

La máxima figura actual de OHL es un dejavú: Josep Piqué ha pasado por el Senado, por el Congreso, por el Parlament catalán y por varios ministerios hasta ser portavoz del gobierno de Aznar, y hoy es el consejero delegado del Grupo OHL. Antes, otros como Baltasar Aymerich Corominas ocuparon puesto en el consejo; éste último fue Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo en el último gobierno de UCD.

No obstante, la conexión de OHL con el Estado tiene otra caras menos conocidas. En las listas del PP por Madrid para las elecciones del 20D aparecía en tercer lugar Isabel García Tejerina, sólo por detrás de Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Tejerina fue directora general de agricultura y alimentación durante la época de Aznar, y es la ministra de Agricultura y Medio Ambiente en funciones. 

Además, fue durante ocho años alto cargo en empresas del Grupo OHL: consejera de la sociedad argelina Fertial S.P.A y directora de planificación estratégica en Fertiberia S.A. Esta última empresa tiene una sentencia de 2010 de la Audiencia Nacional por incumplimiento del contrato de concesión (por acumulación de residuos tóxicos de más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos) por la que pagó 21,9 millones de euros en 2011 para hacer frente a la restauración de las marismas de Mendaña (Huelva), donde se depositan los fosfoyesos.

Otro exempleado de Villar Mir menos conocido y muy bien situado es Juan Trinidad, que fue asesor jurídico de OHL y hoy es diputado de Ciudadanos por la Asamblea de Madrid y miembro de la Mesa que decide los temas que se debaten, y los que no. Trinidad era el número ocho de la lista y fue sorprendentemente elevado a vicepresidente primero de la Mesa. Cuando el presidente esté ausente, él será quien decida el orden del día."                (Rubén Juste de Ancos - ctxt.es , en Attac España, 23/03/16)

11.1.18

Un cliente del PP: “Granados y González me abrían las puertas de Consejerías a cambio de facturar en b las campañas”

"Un empresario que trabajó durante años para el Partido Popular relató ante el juez que investiga el ‘caso Púnica’ cómo se pagaban las campañas del PP de Madrid a cambio de obra pública. Daniel Horacio Mercado explicó que hizo trabajos para el partido en las campañas de los años 2003 y 2007.

 Una parte no se cobraba, otra se cobraba en negro, y a cambio la gente del partido daría su nombre para adjudicaciones en la Comunidad de Madrid.

Así consta en la declaración de Mercado realizada ante el instructor Manuel García Castellón el pasado 19 de diciembre y al que ha tenido acceso La Vanguardia. En el interrogatorio realizado por las fiscales en calidad de investigado, este empresario reconoció que los ex número 2 y 3 de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, eran quienes ponían su nombre encima de la mesa de las Consejerías para recibir obra pública.

Concretamente, hizo negocio en los contratos del 1% para publicidad de las grandes obras, principalmente por los hospitales de Madrid, concedidos por el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y después por su sucesor Juan José Güemes. “Granados y González te decían: ‘verte a ver a tal o cual consejero...”.

El gerente del PP recibía ordenes

El empresario sostiene que si los dos hombres fuertes de Aguirre “no hubieran hablado con el consejero de turno no me hubieran recibido. Y añade: si “no fuera conocido por ellos posiblemente no me hubieran elegido”. Según su testimonio, el PP no le pagaba la totalidad de los trabajos realizados para las campañas electorales. Una parte era abonada en negro por parte del gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez.

Sin embargo, Mercado asegura que Gutiérrez -imputado también en el ‘caso Púnica’ por la financiación ilegal del partido- cumplía órdenes del partido. “Beltrán y González conocían el tema. Ellos sabían que no iba a pasar factura por esos trabajos. 

Que yo recuerde, ni González ni Granados me dijeron cómo hacerlo sino que hablara con el gerente para que me dijera cómo hacerlo. Beltrán tiene una instrucción de la gente del partido de lo que tiene que decirme”, aseguró ante el juez, tal y como consta en su declaración.
Campaña gratis como negocio

Lo que vino a explicar el empresario, es que el planteamiento de hacer trabajos gratis al PP en sus campañas era una visión puramente comercial: “si hacíamos un buen trabajo en la campaña, seríamos bien tratados en la Comunidad de Madrid”. La fiscal del caso
le insistió en varias ocasiones que las adjudicaciones que recibió a cambio eran públicas y tenían que haber pasado por concurso.

Sin embargo, el trabajo de campaña no se hacía todo gratis. parte de éste se cobraba en efectivo. “Algunas cosas me pagaban en b. Alguna parte pagaban en dinero en efectivo. Beltrán Gutiérrez nunca me lo entregó, pero a mi gente sí, seguramente”, subrayó.
“La cuenta de la vieja”

Este empresario, que aseguró al juez querer colaborar con la Justicia, fue explícito en su relación con el PP para las campañas electorales: “No era una cuenta. No existía la cuenta. Todas las horas que metí a esa campañas, y los salarios que tenía que pagar, eso lo hacíamos con un afán comercial. No lo voy a negar. Queríamos que le gustara el trabajo, que estuviese contento, pero no llevaba una cuentas de la vieja”.

Así añadió: “Ellos (el PP) no podían gastar mas de lo que podían. Beltrán tenía unos formularios que se debían presentar a la Junta Electoral con los gastos, con una cifra. Pero el partido gasta mucho más que eso. No es que no lo quieran pagar porque no tengan dinero sino porque técnicamente no lo pueden hacer”.

Cobrar a través de constructoras

A cambio de ayudar al PP con la campaña, Granados y González se encargaba, según este testimonio, de hablar con las diversas consejerías para que favorecieran a las empresas de Mercado, como Over Marketing. Así, realizar varios de los trabajos por el “famoso 1%” de publicidad estipulado en las adjudicaciones para publicitarlas. Así lo hizo con las campañas de los hospitales de Madrid y con el campus de la Justicia en la época de Alfredo Prada como consejero de Justicia.

Las diversas consejerías les contrataban para hacer estos trabajos pero sin un contrato ni licitación por medio. Según Mercado, sus empresas facturaban a las empresas constructoras adjudicatarias de la obra que debía publicitarse.

Sin embargo, reconoció que en alguna ocasión, alguna empresa, como Martinsa, mostró su desacuerdo con pagar esas facturas. Entonces, el investigado se ponía en contacto con el PP -que en última instancia era quien supuestamente le contrataba- para que arreglara los pagos."                (La Vanguardia, 05/01/18)

10.1.18

Un testigo denuncia los amaños de González para cobrar 3,2 M de una empresa de Florentino Pérez

"El Jefe de División de Arquitectura del Canal de Isabel II (CYII), una empresa pública de la Comunidad de Madrid cuya actividad forma parte del sumario de la trama Lezo, encabezada presuntamente por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, apuntó en su declaración como testigo ante los agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que el contrato otorgado por la empresa Dragados, de Florentino Pérez, a Tecnoconcret, propiedad de Pablo González, hermano del expresidente madrileño, podría estar dirigido desde la empresa pública de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, y según el testimonio, la empresa de Pablo González, hermano del expresidente madrileño, podría haber percibido una ganancia superior a los 500.000 euros por la decisión de la dirección de la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid, cuyo presidente era el propio Ignacio González.

En concreto, al ser preguntado el 5 de octubre por los agentes de la UCO sobre la instalación del césped artificial del campo de golf construido por el Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, el arquitecto aseguró que la instalación concreta del césped artificial había sido "un tema especial", indica el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El funcionario explica, además, que pocas empresas ofrecieron "este producto para esta aplicación concreta, y que además el asunto de la instalación de césped artificial fue controlado-decidido por el arquitecto externo (Álvaro Pastor) y la contrata (Juan Ramón Mata)".

En ese momento del interrogatorio, los agentes preguntaron al testigo sobre el motivo por el que en la oferta de la empresa de Pablo González para construir el campo de golf aparecía la anotación "A pet. CYII". Y el funcionario de la empresa del agua madrileña contestó que "efectivamente" interpretaba la anotación como "a petición del Canal de Isabel II".

Orientar a Dragados

Después el testigo, tras reiterar que la instalación del césped era un tema "delicado", explicó que consideraba que "algún responsable del Canal podría haber orientado a Dragados para que subcontratara a Tecnoconcret".

A preguntas de los agentes, el testigo se defendió al asegurar que él no había orientado "en absoluto esta subcontratación y que sospechaba que en caso de que alguien hubiera orientado a Dragados por descarte podía haber sido Adrián Martín López", el exdirector del Canal de Isabel II, imputado en el procedimiento.

Los agentes también interpelaron al testigo sobre si conocía la sociedad Tecnoconcret, de Pablo González, a lo que el funcionario respondió de forma afirmativa: "Sí, era como un tema tabú". Además, recordó que en las fechas de la adjudicación, "Álvaro Pastor y Juan Ramón Mata, entre otros, se fueron a Nueva York a ver un campo de golf.

Y el arquitecto del Canal de Isabel II cerró su testimonio asegurando que "todo lo relacionado con el césped artificial era poco trasparente y que estaba controlado por la dirección del Canal de Isabel II y por la dirección facultativa".

578.474 euros

En el auto mediante el cual el juez Manuel García-Castellón ordenaba la excarcelación de Ignacio González tras abonar el expresidente de la Comunidad de Madrid una fianza de 400.000 euros de fianza, el juez relataba la operativa concreta por la que Dragados SA, una de las sociedades del Grupo ACS de Florentino Pérez, adjudicó un contrato de 3.257.038 euros a Tecnoconcret para construir el césped del campo de golf en el centro de Madrid. Justo después, Tecnoconcret contrató a otra firma, en concreto Onlygolf, para que realizara el trabajo por 2.678.564 euros.

De esta forma, la empresa del hermano de González ingresó 578.474 euros sólo por intermediar entre la empresa de Florentino Pérez y la firma que acabó realizando la obra. Según el juez García-Castellón, "este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra", en referencia a Ignacio González y su hermano Pablo."                   (Tono Calleja, Vox Populi, 03/01/18)